Se cumplen noventa años del 18 de julio de 1936, fecha en la que una parte significativa del Ejército español se alzó contra el Gobierno del Frente Popular. Aquel movimiento, conocido como Alzamiento Nacional, fue el comienzo -todo había empezado antes en 1934 con la denominada revolución de Asturias- de una de las páginas más dolorosas de nuestra historia contemporánea: la Guerra Civil Española.
La España actual atraviesa un momento de extraordinaria gravedad y fragilidad. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha impulsado una gestión marcada por la polarización, los pactos con fuerzas secesionistas y la erosión de la unidad nacional. Los indultos y la ley de amnistía a los responsables del “procés” catalán de 2017, las cesiones a los herederos políticos de ETA en el País Vasco y Navarra y los complejos acuerdos con Marruecos -que han dejado en segundo plano la causa saharaui y generan inquietud sobre la estabilidad de Ceuta y Melilla- configuran un panorama de cesiones que muchos perciben como una quiebra de la soberanía y la igualdad entre españoles.
A esto se suma una corrupción sistémica, la presión sobre instituciones y símbolos nacionales y la persecución administrativa contra entidades como la Fundación Nacional Francisco Franco que, junto con las relaciones preferentes con regímenes controvertidos de Hispanoamérica, completan un escenario de profunda división. Para un sector de la sociedad, estos hechos recuerdan, aunque de forma distinta, las tensiones que precedieron a febrero de 1936: polarización extrema, cuestionamiento de la legalidad electoral y amenaza a la unidad de la Patria.
El Alzamiento de 1936 tuvo causas profundas. Ante unas elecciones de febrero envueltas en irregularidades, la violencia callejera de milicias izquierdistas, el asesinato de Calvo Sotelo y el temor a una bolchevización del país, Generales como Franco, Mola, Sanjurjo, Dávila, Kindelán… optaron por la vía militar. Aquellos hombres actuaron movidos por un sentido del deber y la defensa de valores como la unidad nacional, la religión y el orden social. Su valentía y sacrificio son innegables: miles de jóvenes dieron su vida en el campo de batalla convencidos de que salvaban a España de un destino peor.
Sin embargo, el resultado fue una guerra fratricida de tres años que dejó cerca de medio millón de muertos, destrucción material y una herida moral que aún hoy no ha cicatrizado completamente. Aquella contienda demostró que, una vez desatada la violencia política total, es extremadamente difícil controlarla.
Por eso, en este 90 aniversario, la reflexión debe ser serena y responsable. Admirar la decisión y el coraje de aquellos militares y civiles que se alzaron en 1936 no equivale a desear repetir la experiencia. Quien verdaderamente ama a España debe rechazar cualquier tentación cainita. La historia nos enseña que los problemas políticos graves exigen soluciones políticas, institucionales y cultural
A través de la lente de la historia, aprendemos que las cuestiones políticas apremiantes requieren soluciones políticas, institucionales y culturales en lugar de recurrir a la violencia. Para el 2026, el único curso de acción posible implicará legislación, participación comunitaria y votación.
Hace noventa años, el 18 de julio de 1936, una gran parte del ejército español se rebeló contra el gobierno del Frente Popular. El Levantamiento Nacional, un evento significativo, marcó el comienzo de un período trágico en la historia reciente. Sus orígenes se remontan a 1934 con la revolución de Asturias. Esto condujo finalmente a la Guerra Civil Española, uno de los episodios más angustiosos de nuestra era moderna. En la actualidad, España vive un período de gravedad y delicadeza sin precedentes. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el Gobierno ha adoptado un enfoque polarizador, participando en acuerdos con grupos separatistas y debilitando la unidad de la nación. La ley de indultos y amnistía para los involucrados en el «proceso» catalán de 2017, la asignación de sucesores políticos de ETA en el País Vasco y Navarra, y los intrincados acuerdos con Marruecos – que han dejado de lado la cuestión saharaui y han planteado dudas sobre la estabilidad de Ceuta y Melilla – presentan colectivamente un escenario que muchos ven como una erosión de la soberanía y la igualdad entre los ciudadanos españoles. Además, hay corrupción sistémica, presión sobre las instituciones y símbolos nacionales, y persecución administrativa contra organizaciones como la Fundación Nacional Francisco Franco. Esto, junto con las favorables relaciones con los regímenes contenciosos de la América hispana, contribuye a una profunda división. Para un grupo de personas, estos sucesos evocan, aunque de manera diferente, las tensiones que llevaron a febrero de 1936: intensa división, duda de la legalidad electoral y peligro para la unidad de la Patria. El Levantamiento de 1936 fue causado por factores significativos.