Hoy es la Fiesta –oficial y laborable– que conmemora la Constitución Española. Tal día como hoy del año 1978, se celebró el referéndum nacional en que el pueblo español, por gran mayoría, aprobó el texto que por otra clara mayoría habían aprobado las Cortes Generales. Aquella ley había sido elaborada mediante un laborioso trámite parlamentario liderado por una ponencia integrada por siete diputados representantes de los partidos que conformaban el arco parlamentario surgido de las elecciones generales del 15 de junio de 1977. Todo ello, a su vez, tuvo su origen en otro referéndum de diciembre de 1976, para dar comienzo a lo que ha pasado a la Historia como la «Transición», periodo que transcurrió entre el final del régimen político de Franco y el alumbramiento de la Constitución, también conocida como la del «Consenso» y de la «Concordia». Transcurridos hoy 47 años de su vigencia, es oportuno hacer un primer balance de sus frutos, que hoy afloran una realidad política situada en las antípodas de aquel espíritu de reconciliación y acuerdo que inspiró su elaboración y aprobación. En concreto, hay una ley que sintetiza en su contenido ese «antiespíritu» constitucional, que es la ley de «Memoria Democrática», sucesora de la preexistente de «Memoria Histórica», ambas aprobadas respectivamente durante los mandatos «progresistas» de Zapatero y Sánchez. Y con el agravante, por si cupiera alguna duda al respecto, de que la «democrática memoria» de nuestra reciente historia la ha escrito Bildu. Lo que no es una mera figura retórica, sino expresión literal de lo sucedido con la tramitación de su Proyecto de Ley en el Congreso. Es decir, que ETA intentó impedir con su actuación terrorista la aprobación de la Constitución, y sus sucesores políticos, estrechos aliados del sanchismo, pretenden acabar con su espíritu reconciliador por mandato legal. Esta es la actual lamentable situación en la que se encuentra España, sumida en la degradación ética, moral y política, consecuencia de tener otro Frente Popular social comunista instalado en el Gobierno. Con un Sánchez «progresista y muy feminista socialista», émulo de su predecesor Largo Caballero, que apostó públicamente por convertir España en una República socialista soviética en 1934 y 1936. Junto a un Poder Judicial independiente, nuestra Monarquía Parlamentaria es el gran obstáculo a la pretensión sanchista que aboga por una Tercera República. No hay «dos sin tres», que en este caso define una República Confederal al más puro estilo bolivariano de su amigo Maduro, y con derecho de autodeterminación de las «naciones» que la integran. Lisa y llanamente: destruir España. Que es objetivo prioritario de quienes lo promueven para establecer un Nuevo Orden Mundial. Por supuesto, con ellos en el poder.
Hay una ley que sintetiza en su contenido ese «antiespíritu» constitucional, que es la ley de «Memoria Democrática», sucesora de la preexistente de «Memoria Histórica»
Hoy es la Fiesta –oficial y laborable– que conmemora la Constitución Española. Tal día como hoy del año 1978, se celebró el referéndum nacional en que el pueblo español, por gran mayoría, aprobó el texto que por otra clara mayoría habían aprobado las Cortes Generales. Aquella ley había sido elaborada mediante un laborioso trámite parlamentario liderado por una ponencia integrada por siete diputados representantes de los partidos que conformaban el arco parlamentario surgido de las elecciones generales del 15 de junio de 1977. Todo ello, a su vez, tuvo su origen en otro referéndum de diciembre de 1976, para dar comienzo a lo que ha pasado a la Historia como la «Transición», periodo que transcurrió entre el final del régimen político de Franco y el alumbramiento de la Constitución, también conocida como la del «Consenso» y de la «Concordia». Transcurridos hoy 47 años de su vigencia, es oportuno hacer un primer balance de sus frutos, que hoy afloran una realidad política situada en las antípodas de aquel espíritu de reconciliación y acuerdo que inspiró su elaboración y aprobación. En concreto, hay una ley que sintetiza en su contenido ese «antiespíritu» constitucional, que es la ley de «Memoria Democrática», sucesora de la preexistente de «Memoria Histórica», ambas aprobadas respectivamente durante los mandatos «progresistas» de Zapatero y Sánchez. Y con el agravante, por si cupiera alguna duda al respecto, de que la «democrática memoria» de nuestra reciente historia la ha escrito Bildu. Lo que no es una mera figura retórica, sino expresión literal de lo sucedido con la tramitación de su Proyecto de Ley en el Congreso. Es decir, que ETA intentó impedir con su actuación terrorista la aprobación de la Constitución, y sus sucesores políticos, estrechos aliados del sanchismo, pretenden acabar con su espíritu reconciliador por mandato legal. Esta es la actual lamentable situación en la que se encuentra España, sumida en la degradación ética, moral y política, consecuencia de tener otro Frente Popular social comunista instalado en el Gobierno. Con un Sánchez «progresista y muy feminista socialista», émulo de su predecesor Largo Caballero, que apostó públicamente por convertir España en una República socialista soviética en 1934 y 1936. Junto a un Poder Judicial independiente, nuestra Monarquía Parlamentaria es el gran obstáculo a la pretensión sanchista que aboga por una Tercera República. No hay «dos sin tres», que en este caso define una República Confederal al más puro estilo bolivariano de su amigo Maduro, y con derecho de autodeterminación de las «naciones» que la integran. Lisa y llanamente: destruir España. Que es objetivo prioritario de quienes lo promueven para establecer un Nuevo Orden Mundial. Por supuesto, con ellos en el poder.
