España ha vivido un 2025 marcado por el auge de la okupación y la inquiokupación. Los casos, muy diversos, se han repetido por toda la geografía y han complicado a miles de propietarios, muchos de ellos pequeños tenedores con una única vivienda. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación atiende a LA RAZÓN para analizar cómo ha ido este 2025, las medidas adoptadas por las autoridades y la actualidad sobre este fenómeno que afecta a la vivienda y al mercado
inmobiliario.
Nuestro país vive un momento de incertidumbre puesto que la prórroga del Real Decreto 11/2020, implementado en la pandemia y renovado cada año, concluye el 31 de diciembre y la nueva ampliación está en el aire. Esta medida afecta a la seguridad jurídica de los propietarios al impedir el desalojo de los okupas e inquiokupas vulnerables sin alternativa habitacional. El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, que intervino en el Senado hace tan solo un mes, explica cómo afecta este denominado ‘escudo social’ y el motivo por el que «está causando gravísimos problemas a familias».
La okupación en 2025
En primer lugar, ¿cree que se ha avanzado en este 2025 en la lucha
contra la okupación y la inquiokupación?
Nada,
en absoluto, no es que hayamos avanzado durante este año, sino que no hemos
avanzado desde el año 2023, que fue la publicación de la Ley de la Vivienda,
pero es que tampoco desde el año 2020 en el que se aprobó por primera vez un
decreto que está causando el gravísimo problema que tenemos de inquiokupación
en España.
¿Han aumentado o disminuido los casos en España en este 2025?
Nosotros no tenemos datos oficiales, pero lo que podemos hacer es valorar
los datos oficiales que tienen que ver con el ejercicio anterior del año 2024.
El
Ministerio del Interior cifra que hay 16.426 denuncias por okupación en España.
¿Qué pasa? Que cuando analizamos este dato vemos que en realidad solo se está
haciendo referencia a un año, a un ejercicio, cuando todos sabemos que los
problemas de okupación no empiezan el día 1 de enero y acaban el día 31 de
diciembre, sino que hay un histórico, que además duran años. Por lo tanto, la
cifra tendría que considerar varios años para tener una idea general.
«Protegen a quien entra y dice que es vulnerable»
Pero
es que además tampoco considera todas las soluciones extrajudiciales que están
buscando los afectados, porque no hay una ley que esté protegiendo la propiedad
privada ni la posesión de la propiedad. Lo que están haciendo es proteger a
quien está entrando y que simplemente dice que es vulnerable. Por lo tanto,
tenemos miles de casos.
En
nuestro caso, nosotros hemos hecho un estudio en el que el 57% de las llamadas
que recibimos en primera instancia prefieren buscar soluciones extrajudiciales
antes de empezar un procedimiento judicial. Y lo que es peor, en todo este
montante de 16.426 denuncias que dice que tiene el Ministerio, no se cuenta en
absoluto ni un solo caso que va por el procedimiento civil. En este caso,
ninguna de las inquiokupaciones y ninguno de los precarios. Por
lo tanto, los datos pueden ser muy superiores y nosotros lo podemos valorar en cuatro
y cinco veces el dato que ofrece el Ministerio del Interior.
El ‘escudo social’ está en el foco
Habla de la inquiokupación que no está en los datos oficiales porque
realmente es mediante impagos. ¿Cree que los okupas alquilan premeditadamente
para buscar ese tipo de casos y que así el proceso se dilate mucho más?
Sí,
nos encontramos todo tipo de casuística. Gente que desconocía que existía un
decreto que paralizaba los desahucios y entonces se acogen a él porque saben
que pueden dejar de pagar la mensualidad para pasar a depender de un tercero,
que en este caso es el propietario de la vivienda. También encontramos casos
que realmente son familias vulnerables y en el que ninguna administración
pública ni el Gobierno ha destinado dinero ni las comunidades autónomas tienen
vivienda ni los ayuntamientos les ofrecen un recurso habitacional. Y por lo
tanto, estas familias vulnerables al final dependen del recurso habitacional de
la persona a la que le han dejado de pagar, es decir, un particular.
«El Real Decreto deriva las responsabilidades de las administraciones públicas hacia terceros»
Hay
que considerar que el 93,4% de todas las viviendas que están en el mercado del
alquiler en España pertenecen a propietarios que tienen una única vivienda en
alquiler y, por lo tanto, su pensión o llegar a fin de mes también puede
depender de este ingreso. Y en este caso, el Real Decreto
lo que hace es derivar las responsabilidades de las administraciones públicas
hacia terceros. Nos encontramos muchísimas casuísticas, también estos que
negocian y presentan documentación falsa para poder entrar en una vivienda y
que, inmediatamente, después ante el primer pago dejan de pagar porque saben
que existe esta legislación que les protege en caso de simplemente decir que
son vulnerables.
¿Cree que se prorrogará el Real Decreto 11/2020?
Bueno,
por el momento no tenemos ninguna información de que vaya a ser aprobado o que
vaya a ser denegado. Este decreto que es el mal llamado escudo social es un
grave problema para España en general. Primero porque lo que hace es paralizar
los desahucios de familias y lanzamientos de familias vulnerables.
«El Gobierno tiene que poner los recursos que el propio Real Decreto dice»
Y
ahí es cuando el Estado, el Gobierno tiene que poner los recursos que el propio
Real Decreto dice que los tiene que ofrecer las administraciones públicas. Por lo
tanto, es un incumplimiento gravísimo por parte del gobierno el que no esté
destinando unos recursos a proteger a quien más lo necesita que son las
familias vulnerables. Dentro de esta gran contradicción que está causando
gravísimos problemas a familias que tienen una vivienda en alquiler y que no le
están pagando pues el gobierno tiene intención de continuar con un séptimo año
de prórroga.
Si
no le hubiera sido suficiente seis, quieren ampliar a uno séptimo. Nuestra
idea, lo que creemos, es que el Consejo de Ministros lo va a incluir dentro de
otro pack de medidas como hizo el año anterior y su intención es que se apruebe
en Consejo de Ministros. Lo que tenemos que ver es si posteriormente en el
Congreso de los Diputados tendrá el apoyo de las fuerzas del Congreso para que
sea nuevamente prorrogado.
Nosotros
nos oponemos totalmente a esta prórroga porque consideramos que hay otras vías
para poder ayudar a estas familias vulnerables y que sea directamente a través
de los servicios sociales.
Respecto a esas otras vías, la Plataforma las ha mencionado en
distintos comunicados, ¿qué considera que habría que hacer para que de verdad
se protegiera a esas familias y a la vez a los propietarios, especialmente a
los que solo tienen una vivienda?
Es
muy sencillo. Las competencias en relación a las familias vulnerables y a los
servicios sociales están derivadas por las comunidades autónomas y dependen de
los presupuestos del Gobierno. Lo
que hay que hacer es crear una partida para destinarla a estas familias
vulnerables. Hace unos meses veíamos cómo salía dinero para reforzar las
fuerzas armadas en caso de posible amenaza de Rusia. ¿Por qué no se hace
también el esfuerzo para las familias vulnerables? ¿Dónde está ese dinero para
realmente atender a estas familias? Es simplemente una cuestión de voluntad.
Hay
que hacer una partida especial. Es verdad que no tenemos presupuestos generales
del Estado, pero habría que derivar ese dinero a estas familias vulnerables a
través de los conductos oficiales, es decir, servicios sociales que son los
encargados de dar este apoyo. Y por otro lado, los servicios sociales lo que
tendrían que hacer es una criba objetiva con unos informes que sean veraces,
donde puedan comprobar y contrastar la información que les estén dando, bien
con documentos, bien con visitas a domicilio o bien evaluando también la
situación que puede tener cada una de las familias y los miembros de la
familia.
La
aplicación de este Real Decreto está siendo muy subjetiva por parte de los
servicios sociales, quienes están dando vulnerabilidades y derivando sus
responsabilidades hacia pequeños tenedores.
Análisis de las medidas implementadas este 2025
Para compensar a los propietarios se introdujeron los avales. ¿Son
efectivos o no se está pudiendo recompensar a los propietarios afectados por
los impagos?
El
tema de los avales ha sido recientemente aprobado. Es verdad que se planteó la
idea en el anterior Real Decreto, pero no se ha llevado a cabo. Esto fue en
enero, cuando se planteó esta idea que venía por parte de Junts, si bien no se
ha aplicado hasta hace poco porque Junts ha roto relaciones con el Gobierno.
Entonces ha sido una forma de intentar contentar a Junts para poder mantenerse
en el Gobierno durante un tiempo.
El
sistema de los avales por el momento no está funcionando porque es muy
reciente, pero sí ha habido unas compensaciones que se han gestionado desde el
año 2020 en el que la gestión ha sido catastrófica. Nosotros tenemos una
evaluación del índice de afectados que han recibido esta compensación y
escasamente llega al 7%. Por lo tanto, no pueden utilizar como excusa el hecho
de que están pagando una compensación porque en realidad no está llegando a los
últimos afectados y por lo tanto sería una medida anticonstitucional.
El pasado mes de abril entraron en vigor los juicios rápidos para los
allanamientos y usurpaciones, ¿ha tenido algún efecto esta medida?
Fíjate,
antes de que entrara en vigor esta ley que fue aprobada en enero, es la Ley
1-2025, ya hubo intentos de boicot por parte de determinados partidos
políticos. En este caso, Podemos. Entonces, esto ya nos venía a decir qué es lo
que iba a pasar posteriormente. Es
verdad que empezó a aplicarse a partir de abril. No es en ningún caso una ley
antiokupas, como muchos medios de comunicación lo han querido exponer.
Simplemente es una intención de poder aplicar juicios rápidos a determinadas
situaciones.
«Las instrucciones de la Fiscalía lo que han hecho es dejar en una anécdota los juicios rápidos»
Posteriormente,
unos meses después de que entrara en vigor, la Fiscalía General del Estado
mandó una circular en la que limitaba extraordinariamente la aplicación de
estos juicios rápidos a unas situaciones muy concretas. ¿Cuál es la situación
hoy en día? Pues que no está siendo efectivo, que estos juicios rápidos no se
están ejecutando en 15 días. Todo esto ya lo preveíamos todos porque sabíamos
que no iba a haber recursos suficientes para poder llevarlo a cabo, pero las
instrucciones de la Fiscalía lo que han hecho es dejar en una anécdota los juicios
rápidos, aunque sí es cierto que lo utilizan para atacar a los que hablamos de
okupación y los que defendemos que se pongan medidas para luchar contra ella.
El
Senado también aprobó que cortar la luz o el agua deje de ser delito de
coacciones en España. ¿Es posible que salga adelante en el Congreso y entre en
vigor?
Poco
después de que se aprobara esta medida en el Senado, estuvimos nosotros
compareciendo en el Senado, dirigimos nuestra intervención fundamentalmente al
Partido Socialista y en la propia comisión nos recriminaron la efectividad de
esta medida. Fíjate
que es muy curioso porque cuando nosotros empezamos a hablar con el Partido
Socialista en el año 2020 para empezar a hacer ver cuáles eran los problemas
que teníamos que afrontar aquellos que sufríamos ocupación y en qué ocupación,
la primera medida que nos plantearon fue esta, la de poder derivar los
suministros a quienes estaba ocupando.
Cinco
años después se olvidan de este argumento y lo que hacen es un ataque político
hacia el partido de la oposición que ha sido quien ha aprobado el Partido
Popular esta medida en el Senado. No tiene ningún sentido la estrategia del PSOE
y por lo tanto entendemos que si llegara al Congreso se volvería a bloquear
como la Ley Antiokupas que tienen desde febrero de 2024 en el cajón de la mesa
del Congreso totalmente paralizada y que no quieren aprobar ni siquiera
negociar porque viene de la oposición del Partido Popular.
«Pedimos es una expulsión inmediata a través de unas medidas cautelares»
Respecto a otras medidas, se desalojó hace pocos días a 400 okupas por
parte de Albiol en Badalona y contestó Feijóo que si llegan ellos al Gobierno
se implantaría la medida de los desalojos en 48 horas. ¿Cree que esa medida
debería implantarse este quien esté en el Gobierno? ¿Sería efectiva?
Lo
primero que hay que decir es que esta medida es simplemente una de las
propuestas que está dentro de la Ley Antiokupas del Partido Popular que está en
la mesa del Congreso totalmente paralizada desde hace casi dos años. Entonces
nosotros lo que sí pedimos es una expulsión inmediata a través de unas medidas
cautelares.
Si
hubiera unas medidas cautelares que protegieran primero al propietario que
reclama esa vivienda al ser ocupada posiblemente sí se pudiera aplicar. Este
caso no se podría aplicar en la inquiokupación porque tiene otro procedimiento
distinto. Pero en el caso de la okupación, los allanamientos y por supuesto las
usurpaciones que pasan mucho más desapercibidas. Como se vincula a los grandes
tenedores, obvian la okupación que hay y lo que están haciendo es dejar un
vacío legal a partir del cual están entrando mafias okupas que se encargan de
extorsionar a familias vulnerables para que con el pago de la entrada a una
vivienda puedan tener el acceso a ella, cosa que los servicios sociales no se
lo están ofreciendo.
Para terminar, ¿qué objetivo tenéis como plataforma de cara al próximo
año para que pueda reducirse el auge de este fenómeno?
Lo
primero que nosotros nos planteamos es la derogación del Real Decreto. Hemos
estado hablando con distintos partidos políticos, con Junts, con PNV. Hemos
hablado con el Partido Socialista, hemos hablado con el Partido Popular,
queremos reunirnos con Coalición Canaria y otros tantos para hacer ver cuál es
la situación real de la aplicación de este decreto y que busquen otras
alternativas.
«Nuestro objetivo sería una Ley Antiokupas integral en el que se incluyeran todos los tipos de okupación»
No
podemos mantener un Real Decreto por séptimo año que se llama escudo social,
pero que lo derivan hacia familias que no tenemos ninguna responsabilidad con
estas familias vulnerables. Y luego por otro lado, lo que estamos incidiendo es
en el que se produzca un debate político en el Congreso de los Diputados y que
haya libertad para poder votar o bien la Ley Antiokupación del Partido Popular
o bien la Ley Antiokupación de Junts que parece que se acaba de desbloquear por
la tensión que hay entre el Partido Socialista y Junts.
Lo
que queremos es que haya unas medidas eficaces para que se pueda luchar contra
ellas. Nuestro objetivo sería una Ley Antiokupas integral en el que se
incluyeran todos los tipos de okupación: allanamiento, usurpación, precarios,
inquiokupas. Y que se pueda dar respuesta a la seguridad jurídica del
propietario en todos estos tipos de okupación.
«No somos grandes tenedores, nos tienen que entender, escuchar y tomar medidas «
¿Un mensaje final de parte de la Plataforma de Afectados por la
Ocupación?
Lamentablemente
venimos sufriendo una campaña de acoso por parte de determinados partidos
políticos y por parte de la izquierda mediática haciéndonos ver que somos
especuladores, que somos grandes fondos que vamos buscando un rédito económico
y en realidad la plataforma está constituida exclusivamente por familias
trabajadoras con una única vivienda. Este es el 98% del perfil que tenemos en
nuestra plataforma.
No
somos grandes tenedores, nos tienen que entender, que escuchar y tienen que
tomar medidas porque somos familias que estamos trabajando, que nos levantamos
por la mañana para ir a trabajar, que dejamos de atender a nuestras familias y cubrir nuestras necesidades porque estamos
manteniendo a otras familias que son vulnerables o que no son vulnerables y se
están aprovechando tanto del sistema como de nosotros y por lo tanto pedimos
medidas efectivas y sobre todo que se acabe esta campaña de acoso y de negación
ante los afectados de la okupación y la inquiokupación.
España ha vivido un 2025 marcado por el auge de la okupación y la inquiokupación. Los casos, muy diversos, se han repetido por toda la geografía y han complicado a miles de propietarios, muchos de ellos pequeños tenedores con una única vivienda. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación atiende a LA RAZÓN para analizar cómo ha ido este 2025, las medidas adoptadas por las autoridades y la actualidad sobre este fenómeno que afecta a la vivienda y al mercado inmobiliario.. Nuestro país vive un momento de incertidumbre puesto que la prórroga del Real Decreto 11/2020, implementado en la pandemia y renovado cada año, concluye el 31 de diciembre y la nueva ampliación está en el aire. Esta medida afecta a la seguridad jurídica de los propietarios al impedir el desalojo de los okupas e inquiokupas vulnerables sin alternativa habitacional. El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, que intervino en el Senado hace tan solo un mes, explica cómo afecta este denominado ‘escudo social’ y el motivo por el que «está causando gravísimos problemas a familias».. La okupación en 2025. En primer lugar, ¿cree que se ha avanzado en este 2025 en la lucha contra la okupación y la inquiokupación?. Nada, en absoluto, no es que hayamos avanzado durante este año, sino que no hemos avanzado desde el año 2023, que fue la publicación de la Ley de la Vivienda, pero es que tampoco desde el año 2020 en el que se aprobó por primera vez un decreto que está causando el gravísimo problema que tenemos de inquiokupación en España.. ¿Han aumentado o disminuido los casos en España en este 2025?. Nosotros no tenemos datos oficiales, pero lo que podemos hacer es valorar los datos oficiales que tienen que ver con el ejercicio anterior del año 2024.. El Ministerio del Interior cifra que hay 16.426 denuncias por okupación en España. ¿Qué pasa? Que cuando analizamos este dato vemos que en realidad solo se está haciendo referencia a un año, a un ejercicio, cuando todos sabemos que los problemas de okupación no empiezan el día 1 de enero y acaban el día 31 de diciembre, sino que hay un histórico, que además duran años. Por lo tanto, la cifra tendría que considerar varios años para tener una idea general.. «Protegen a quien entra y dice que es vulnerable». Pero es que además tampoco considera todas las soluciones extrajudiciales que están buscando los afectados, porque no hay una ley que esté protegiendo la propiedad privada ni la posesión de la propiedad. Lo que están haciendo es proteger a quien está entrando y que simplemente dice que es vulnerable. Por lo tanto, tenemos miles de casos.. En nuestro caso, nosotros hemos hecho un estudio en el que el 57% de las llamadas que recibimos en primera instancia prefieren buscar soluciones extrajudiciales antes de empezar un procedimiento judicial. Y lo que es peor, en todo este montante de 16.426 denuncias que dice que tiene el Ministerio, no se cuenta en absoluto ni un solo caso que va por el procedimiento civil. En este caso, ninguna de las inquiokupaciones y ninguno de los precarios. Por lo tanto, los datos pueden ser muy superiores y nosotros lo podemos valorar en cuatro y cinco veces el dato que ofrece el Ministerio del Interior.. El ‘escudo social’ está en el foco. Habla de la inquiokupación que no está en los datos oficiales porque realmente es mediante impagos. ¿Cree que los okupas alquilan premeditadamente para buscar ese tipo de casos y que así el proceso se dilate mucho más?. Sí, nos encontramos todo tipo de casuística. Gente que desconocía que existía un decreto que paralizaba los desahucios y entonces se acogen a él porque saben que pueden dejar de pagar la mensualidad para pasar a depender de un tercero, que en este caso es el propietario de la vivienda. También encontramos casos que realmente son familias vulnerables y en el que ninguna administración pública ni el Gobierno ha destinado dinero ni las comunidades autónomas tienen vivienda ni los ayuntamientos les ofrecen un recurso habitacional. Y por lo tanto, estas familias vulnerables al final dependen del recurso habitacional de la persona a la que le han dejado de pagar, es decir, un particular.. «El Real Decreto deriva las responsabilidades de las administraciones públicas hacia terceros». Hay que considerar que el 93,4% de todas las viviendas que están en el mercado del alquiler en España pertenecen a propietarios que tienen una única vivienda en alquiler y, por lo tanto, su pensión o llegar a fin de mes también puede depender de este ingreso. Y en este caso, el Real Decreto lo que hace es derivar las responsabilidades de las administraciones públicas hacia terceros. Nos encontramos muchísimas casuísticas, también estos que negocian y presentan documentación falsa para poder entrar en una vivienda y que, inmediatamente, después ante el primer pago dejan de pagar porque saben que existe esta legislación que les protege en caso de simplemente decir que son vulnerables.. ¿Cree que se prorrogará el Real Decreto 11/2020?. Bueno, por el momento no tenemos ninguna información de que vaya a ser aprobado o que vaya a ser denegado. Este decreto que es el mal llamado escudo social es un grave problema para España en general. Primero porque lo que hace es paralizar los desahucios de familias y lanzamientos de familias vulnerables.. «El Gobierno tiene que poner los recursos que el propio Real Decreto dice». Y ahí es cuando el Estado, el Gobierno tiene que poner los recursos que el propio Real Decreto dice que los tiene que ofrecer las administraciones públicas. Por lo tanto, es un incumplimiento gravísimo por parte del gobierno el que no esté destinando unos recursos a proteger a quien más lo necesita que son las familias vulnerables. Dentro de esta gran contradicción que está causando gravísimos problemas a familias que tienen una vivienda en alquiler y que no le están pagando pues el gobierno tiene intención de continuar con un séptimo año de prórroga.. Si no le hubiera sido suficiente seis, quieren ampliar a uno séptimo. Nuestra idea, lo que creemos, es que el Consejo de Ministros lo va a incluir dentro de otro pack de medidas como hizo el año anterior y su intención es que se apruebe en Consejo de Ministros. Lo que tenemos que ver es si posteriormente en el Congreso de los Diputados tendrá el apoyo de las fuerzas del Congreso para que sea nuevamente prorrogado.. Nosotros nos oponemos totalmente a esta prórroga porque consideramos que hay otras vías para poder ayudar a estas familias vulnerables y que sea directamente a través de los servicios sociales.. Respecto a esas otras vías, la Plataforma las ha mencionado en distintos comunicados, ¿qué considera que habría que hacer para que de verdad se protegiera a esas familias y a la vez a los propietarios, especialmente a los que solo tienen una vivienda?. Es muy sencillo. Las competencias en relación a las familias vulnerables y a los servicios sociales están derivadas por las comunidades autónomas y dependen de los presupuestos del Gobierno. Lo que hay que hacer es crear una partida para destinarla a estas familias vulnerables. Hace unos meses veíamos cómo salía dinero para reforzar las fuerzas armadas en caso de posible amenaza de Rusia. ¿Por qué no se hace también el esfuerzo para las familias vulnerables? ¿Dónde está ese dinero para realmente atender a estas familias? Es simplemente una cuestión de voluntad.. Hay que hacer una partida especial. Es verdad que no tenemos presupuestos generales del Estado, pero habría que derivar ese dinero a estas familias vulnerables a través de los conductos oficiales, es decir, servicios sociales que son los encargados de dar este apoyo. Y por otro lado, los servicios sociales lo que tendrían que hacer es una criba objetiva con unos informes que sean veraces, donde puedan comprobar y contrastar la información que les estén dando, bien con documentos, bien con visitas a domicilio o bien evaluando también la situación que puede tener cada una de las familias y los miembros de la familia.. La aplicación de este Real Decreto está siendo muy subjetiva por parte de los servicios sociales, quienes están dando vulnerabilidades y derivando sus responsabilidades hacia pequeños tenedores.. Análisis de las medidas implementadas este 2025. Para compensar a los propietarios se introdujeron los avales. ¿Son efectivos o no se está pudiendo recompensar a los propietarios afectados por los impagos?. El tema de los avales ha sido recientemente aprobado. Es verdad que se planteó la idea en el anterior Real Decreto, pero no se ha llevado a cabo. Esto fue en enero, cuando se planteó esta idea que venía por parte de Junts, si bien no se ha aplicado hasta hace poco porque Junts ha roto relaciones con el Gobierno. Entonces ha sido una forma de intentar contentar a Junts para poder mantenerse en el Gobierno durante un tiempo.. El sistema de los avales por el momento no está funcionando porque es muy reciente, pero sí ha habido unas compensaciones que se han gestionado desde el año 2020 en el que la gestión ha sido catastrófica. Nosotros tenemos una evaluación del índice de afectados que han recibido esta compensación y escasamente llega al 7%. Por lo tanto, no pueden utilizar como excusa el hecho de que están pagando una compensación porque en realidad no está llegando a los últimos afectados y por lo tanto sería una medida anticonstitucional.. El pasado mes de abril entraron en vigor los juicios rápidos para los allanamientos y usurpaciones, ¿ha tenido algún efecto esta medida?. Fíjate, antes de que entrara en vigor esta ley que fue aprobada en enero, es la Ley 1-2025, ya hubo intentos de boicot por parte de determinados partidos políticos. En este caso, Podemos. Entonces, esto ya nos venía a decir qué es lo que iba a pasar posteriormente. Es verdad que empezó a aplicarse a partir de abril. No es en ningún caso una ley antiokupas, como muchos medios de comunicación lo han querido exponer. Simplemente es una intención de poder aplicar juicios rápidos a determinadas situaciones.. «Las instrucciones de la Fiscalía lo que han hecho es dejar en una anécdota los juicios rápidos». Posteriormente, unos meses después de que entrara en vigor, la Fiscalía General del Estado mandó una circular en la que limitaba extraordinariamente la aplicación de estos juicios rápidos a unas situaciones muy concretas. ¿Cuál es la situación hoy en día? Pues que no está siendo efectivo, que estos juicios rápidos no se están ejecutando en 15 días. Todo esto ya lo preveíamos todos porque sabíamos que no iba a haber recursos suficientes para poder llevarlo a cabo, pero las instrucciones de la Fiscalía lo que han hecho es dejar en una anécdota los juicios rápidos, aunque sí es cierto que lo utilizan para atacar a los que hablamos de okupación y los que defendemos que se pongan medidas para luchar contra ella.. El Senado también aprobó que cortar la luz o el agua deje de ser delito de coacciones en España. ¿Es posible que salga adelante en el Congreso y entre en vigor?. Poco después de que se aprobara esta medida en el Senado, estuvimos nosotros compareciendo en el Senado, dirigimos nuestra intervención fundamentalmente al Partido Socialista y en la propia comisión nos recriminaron la efectividad de esta medida. Fíjate que es muy curioso porque cuando nosotros empezamos a hablar con el Partido Socialista en el año 2020 para empezar a hacer ver cuáles eran los problemas que teníamos que afrontar aquellos que sufríamos ocupación y en qué ocupación, la primera medida que nos plantearon fue esta, la de poder derivar los suministros a quienes estaba ocupando.. Cinco años después se olvidan de este argumento y lo que hacen es un ataque político hacia el partido de la oposición que ha sido quien ha aprobado el Partido Popular esta medida en el Senado. No tiene ningún sentido la estrategia del PSOE y por lo tanto entendemos que si llegara al Congreso se volvería a bloquear como la Ley Antiokupas que tienen desde febrero de 2024 en el cajón de la mesa del Congreso totalmente paralizada y que no quieren aprobar ni siquiera negociar porque viene de la oposición del Partido Popular.. «Pedimos es una expulsión inmediata a través de unas medidas cautelares». Respecto a otras medidas, se desalojó hace pocos días a 400 okupas por parte de Albiol en Badalona y contestó Feijóo que si llegan ellos al Gobierno se implantaría la medida de los desalojos en 48 horas. ¿Cree que esa medida debería implantarse este quien esté en el Gobierno? ¿Sería efectiva?. Lo primero que hay que decir es que esta medida es simplemente una de las propuestas que está dentro de la Ley Antiokupas del Partido Popular que está en la mesa del Congreso totalmente paralizada desde hace casi dos años. Entonces nosotros lo que sí pedimos es una expulsión inmediata a través de unas medidas cautelares.. Si hubiera unas medidas cautelares que protegieran primero al propietario que reclama esa vivienda al ser ocupada posiblemente sí se pudiera aplicar. Este caso no se podría aplicar en la inquiokupación porque tiene otro procedimiento distinto. Pero en el caso de la okupación, los allanamientos y por supuesto las usurpaciones que pasan mucho más desapercibidas. Como se vincula a los grandes tenedores, obvian la okupación que hay y lo que están haciendo es dejar un vacío legal a partir del cual están entrando mafias okupas que se encargan de extorsionar a familias vulnerables para que con el pago de la entrada a una vivienda puedan tener el acceso a ella, cosa que los servicios sociales no se lo están ofreciendo.. Para terminar, ¿qué objetivo tenéis como plataforma de cara al próximo año para que pueda reducirse el auge de este fenómeno?. Lo primero que nosotros nos planteamos es la derogación del Real Decreto. Hemos estado hablando con distintos partidos políticos, con Junts, con PNV. Hemos hablado con el Partido Socialista, hemos hablado con el Partido Popular, queremos reunirnos con Coalición Canaria y otros tantos para hacer ver cuál es la situación real de la aplicación de este decreto y que busquen otras alternativas.. «Nuestro objetivo sería una Ley Antiokupas integral en el que se incluyeran todos los tipos de okupación». No podemos mantener un Real Decreto por séptimo año que se llama escudo social, pero que lo derivan hacia familias que no tenemos ninguna responsabilidad con estas familias vulnerables. Y luego por otro lado, lo que estamos incidiendo es en el que se produzca un debate político en el Congreso de los Diputados y que haya libertad para poder votar o bien la Ley Antiokupación del Partido Popular o bien la Ley Antiokupación de Junts que parece que se acaba de desbloquear por la tensión que hay entre el Partido Socialista y Junts.. Lo que queremos es que haya unas medidas eficaces para que se pueda luchar contra ellas. Nuestro objetivo sería una Ley Antiokupas integral en el que se incluyeran todos los tipos de okupación: allanamiento, usurpación, precarios, inquiokupas. Y que se pueda dar respuesta a la seguridad jurídica del propietario en todos estos tipos de okupación.. «No somos grandes tenedores, nos tienen que entender, escuchar y tomar medidas «. ¿Un mensaje final de parte de la Plataforma de Afectados por la Ocupación?. Lamentablemente venimos sufriendo una campaña de acoso por parte de determinados partidos políticos y por parte de la izquierda mediática haciéndonos ver que somos especuladores, que somos grandes fondos que vamos buscando un rédito económico y en realidad la plataforma está constituida exclusivamente por familias trabajadoras con una única vivienda. Este es el 98% del perfil que tenemos en nuestra plataforma.. No somos grandes tenedores, nos tienen que entender, que escuchar y tienen que tomar medidas porque somos familias que estamos trabajando, que nos levantamos por la mañana para ir a trabajar, que dejamos de atender a nuestras familias y cubrir nuestras necesidades porque estamos manteniendo a otras familias que son vulnerables o que no son vulnerables y se están aprovechando tanto del sistema como de nosotros y por lo tanto pedimos medidas efectivas y sobre todo que se acabe esta campaña de acoso y de negación ante los afectados de la okupación y la inquiokupación.
El portavoz atiende a LA RAZÓN para hacer balance del 2025 y analizar la posible prórroga del Real Decreto 11/2020
España ha vivido un 2025 marcado por el auge de la okupación y la inquiokupación. Los casos, muy diversos, se han repetido por toda la geografía y han complicado a miles de propietarios, muchos de ellos pequeños tenedores con una única vivienda. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación atiende a LA RAZÓN para analizar cómo ha ido este 2025, las medidas adoptadas por las autoridades y la actualidad sobre este fenómeno que afecta a la vivienda y al mercado inmobiliario.. Nuestro país vive un momento de incertidumbre puesto que la prórroga del Real Decreto 11/2020, implementado en la pandemia y renovado cada año, concluye el 31 de diciembre y la nueva ampliación está en el aire. Esta medida afecta a la seguridad jurídica de los propietarios al impedir el desalojo de los okupas e inquiokupas vulnerables sin alternativa habitacional. El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, que intervino en el Senado hace tan solo un mes, explica cómo afecta este denominado ‘escudo social’ y el motivo por el que «está causando gravísimos problemas a familias».. La okupación en 2025. En primer lugar, ¿cree que se ha avanzado en este 2025 en la lucha contra la okupación y la inquiokupación?. Nada, en absoluto, no es que hayamos avanzado durante este año, sino que no hemos avanzado desde el año 2023, que fue la publicación de la Ley de la Vivienda, pero es que tampoco desde el año 2020 en el que se aprobó por primera vez un decreto que está causando el gravísimo problema que tenemos de inquiokupación en España.. ¿Han aumentado o disminuido los casos en España en este 2025?. Nosotros no tenemos datos oficiales, pero lo que podemos hacer es valorar los datos oficiales que tienen que ver con el ejercicio anterior del año 2024.. El Ministerio del Interior cifra que hay 16.426 denuncias por okupación en España. ¿Qué pasa? Que cuando analizamos este dato vemos que en realidad solo se está haciendo referencia a un año, a un ejercicio, cuando todos sabemos que los problemas de okupación no empiezan el día 1 de enero y acaban el día 31 de diciembre, sino que hay un histórico, que además duran años. Por lo tanto, la cifra tendría que considerar varios años para tener una idea general.. «Protegen a quien entra y dice que es vulnerable». Pero es que además tampoco considera todas las soluciones extrajudiciales que están buscando los afectados, porque no hay una ley que esté protegiendo la propiedad privada ni la posesión de la propiedad. Lo que están haciendo es proteger a quien está entrando y que simplemente dice que es vulnerable. Por lo tanto, tenemos miles de casos.. En nuestro caso, nosotros hemos hecho un estudio en el que el 57% de las llamadas que recibimos en primera instancia prefieren buscar soluciones extrajudiciales antes de empezar un procedimiento judicial. Y lo que es peor, en todo este montante de 16.426 denuncias que dice que tiene el Ministerio, no se cuenta en absoluto ni un solo caso que va por el procedimiento civil. En este caso, ninguna de las inquiokupaciones y ninguno de los precarios. Por lo tanto, los datos pueden ser muy superiores y nosotros lo podemos valorar en cuatro y cinco veces el dato que ofrece el Ministerio del Interior.. El ‘escudo social’ está en el foco. Habla de la inquiokupación que no está en los datos oficiales porque realmente es mediante impagos. ¿Cree que los okupas alquilan premeditadamente para buscar ese tipo de casos y que así el proceso se dilate mucho más?. Sí, nos encontramos todo tipo de casuística. Gente que desconocía que existía un decreto que paralizaba los desahucios y entonces se acogen a él porque saben que pueden dejar de pagar la mensualidad para pasar a depender de un tercero, que en este caso es el propietario de la vivienda. También encontramos casos que realmente son familias vulnerables y en el que ninguna administración pública ni el Gobierno ha destinado dinero ni las comunidades autónomas tienen vivienda ni los ayuntamientos les ofrecen un recurso habitacional. Y por lo tanto, estas familias vulnerables al final dependen del recurso habitacional de la persona a la que le han dejado de pagar, es decir, un particular.. «El Real Decreto deriva las responsabilidades de las administraciones públicas hacia terceros». Hay que considerar que el 93,4% de todas las viviendas que están en el mercado del alquiler en España pertenecen a propietarios que tienen una única vivienda en alquiler y, por lo tanto, su pensión o llegar a fin de mes también puede depender de este ingreso. Y en este caso, el Real Decreto lo que hace es derivar las responsabilidades de las administraciones públicas hacia terceros. Nos encontramos muchísimas casuísticas, también estos que negocian y presentan documentación falsa para poder entrar en una vivienda y que, inmediatamente, después ante el primer pago dejan de pagar porque saben que existe esta legislación que les protege en caso de simplemente decir que son vulnerables.. ¿Cree que se prorrogará el Real Decreto 11/2020?. Bueno, por el momento no tenemos ninguna información de que vaya a ser aprobado o que vaya a ser denegado. Este decreto que es el mal llamado escudo social es un grave problema para España en general. Primero porque lo que hace es paralizar los desahucios de familias y lanzamientos de familias vulnerables.. «El Gobierno tiene que poner los recursos que el propio Real Decreto dice». Y ahí es cuando el Estado, el Gobierno tiene que poner los recursos que el propio Real Decreto dice que los tiene que ofrecer las administraciones públicas. Por lo tanto, es un incumplimiento gravísimo por parte del gobierno el que no esté destinando unos recursos a proteger a quien más lo necesita que son las familias vulnerables. Dentro de esta gran contradicción que está causando gravísimos problemas a familias que tienen una vivienda en alquiler y que no le están pagando pues el gobierno tiene intención de continuar con un séptimo año de prórroga.. Si no le hubiera sido suficiente seis, quieren ampliar a uno séptimo. Nuestra idea, lo que creemos, es que el Consejo de Ministros lo va a incluir dentro de otro pack de medidas como hizo el año anterior y su intención es que se apruebe en Consejo de Ministros. Lo que tenemos que ver es si posteriormente en el Congreso de los Diputados tendrá el apoyo de las fuerzas del Congreso para que sea nuevamente prorrogado.. Nosotros nos oponemos totalmente a esta prórroga porque consideramos que hay otras vías para poder ayudar a estas familias vulnerables y que sea directamente a través de los servicios sociales.. Respecto a esas otras vías, la Plataforma las ha mencionado en distintos comunicados, ¿qué considera que habría que hacer para que de verdad se protegiera a esas familias y a la vez a los propietarios, especialmente a los que solo tienen una vivienda?. Es muy sencillo. Las competencias en relación a las familias vulnerables y a los servicios sociales están derivadas por las comunidades autónomas y dependen de los presupuestos del Gobierno. Lo que hay que hacer es crear una partida para destinarla a estas familias vulnerables. Hace unos meses veíamos cómo salía dinero para reforzar las fuerzas armadas en caso de posible amenaza de Rusia. ¿Por qué no se hace también el esfuerzo para las familias vulnerables? ¿Dónde está ese dinero para realmente atender a estas familias? Es simplemente una cuestión de voluntad.. Hay que hacer una partida especial. Es verdad que no tenemos presupuestos generales del Estado, pero habría que derivar ese dinero a estas familias vulnerables a través de los conductos oficiales, es decir, servicios sociales que son los encargados de dar este apoyo. Y por otro lado, los servicios sociales lo que tendrían que hacer es una criba objetiva con unos informes que sean veraces, donde puedan comprobar y contrastar la información que les estén dando, bien con documentos, bien con visitas a domicilio o bien evaluando también la situación que puede tener cada una de las familias y los miembros de la familia.. La aplicación de este Real Decreto está siendo muy subjetiva por parte de los servicios sociales, quienes están dando vulnerabilidades y derivando sus responsabilidades hacia pequeños tenedores.. Análisis de las medidas implementadas este 2025. Para compensar a los propietarios se introdujeron los avales. ¿Son efectivos o no se está pudiendo recompensar a los propietarios afectados por los impagos?. El tema de los avales ha sido recientemente aprobado. Es verdad que se planteó la idea en el anterior Real Decreto, pero no se ha llevado a cabo. Esto fue en enero, cuando se planteó esta idea que venía por parte de Junts, si bien no se ha aplicado hasta hace poco porque Junts ha roto relaciones con el Gobierno. Entonces ha sido una forma de intentar contentar a Junts para poder mantenerse en el Gobierno durante un tiempo.. El sistema de los avales por el momento no está funcionando porque es muy reciente, pero sí ha habido unas compensaciones que se han gestionado desde el año 2020 en el que la gestión ha sido catastrófica. Nosotros tenemos una evaluación del índice de afectados que han recibido esta compensación y escasamente llega al 7%. Por lo tanto, no pueden utilizar como excusa el hecho de que están pagando una compensación porque en realidad no está llegando a los últimos afectados y por lo tanto sería una medida anticonstitucional.. El pasado mes de abril entraron en vigor los juicios rápidos para los allanamientos y usurpaciones, ¿ha tenido algún efecto esta medida?. Fíjate, antes de que entrara en vigor esta ley que fue aprobada en enero, es la Ley 1-2025, ya hubo intentos de boicot por parte de determinados partidos políticos. En este caso, Podemos. Entonces, esto ya nos venía a decir qué es lo que iba a pasar posteriormente. Es verdad que empezó a aplicarse a partir de abril. No es en ningún caso una ley antiokupas, como muchos medios de comunicación lo han querido exponer. Simplemente es una intención de poder aplicar juicios rápidos a determinadas situaciones.. «Las instrucciones de la Fiscalía lo que han hecho es dejar en una anécdota los juicios rápidos». Posteriormente, unos meses después de que entrara en vigor, la Fiscalía General del Estado mandó una circular en la que limitaba extraordinariamente la aplicación de estos juicios rápidos a unas situaciones muy concretas. ¿Cuál es la situación hoy en día? Pues que no está siendo efectivo, que estos juicios rápidos no se están ejecutando en 15 días. Todo esto ya lo preveíamos todos porque sabíamos que no iba a haber recursos suficientes para poder llevarlo a cabo, pero las instrucciones de la Fiscalía lo que han hecho es dejar en una anécdota los juicios rápidos, aunque sí es cierto que lo utilizan para atacar a los que hablamos de okupación y los que defendemos que se pongan medidas para luchar contra ella.. El Senado también aprobó que cortar la luz o el agua deje de ser delito de coacciones en España. ¿Es posible que salga adelante en el Congreso y entre en vigor?. Poco después de que se aprobara esta medida en el Senado, estuvimos nosotros compareciendo en el Senado, dirigimos nuestra intervención fundamentalmente al Partido Socialista y en la propia comisión nos recriminaron la efectividad de esta medida. Fíjate que es muy curioso porque cuando nosotros empezamos a hablar con el Partido Socialista en el año 2020 para empezar a hacer ver cuáles eran los problemas que teníamos que afrontar aquellos que sufríamos ocupación y en qué ocupación, la primera medida que nos plantearon fue esta, la de poder derivar los suministros a quienes estaba ocupando.. Cinco años después se olvidan de este argumento y lo que hacen es un ataque político hacia el partido de la oposición que ha sido quien ha aprobado el Partido Popular esta medida en el Senado. No tiene ningún sentido la estrategia del PSOE y por lo tanto entendemos que si llegara al Congreso se volvería a bloquear como la Ley Antiokupas que tienen desde febrero de 2024 en el cajón de la mesa del Congreso totalmente paralizada y que no quieren aprobar ni siquiera negociar porque viene de la oposición del Partido Popular.. «Pedimos es una expulsión inmediata a través de unas medidas cautelares». Respecto a otras medidas, se desalojó hace pocos días a 400 okupas por parte de Albiol en Badalona y contestó Feijóo que si llegan ellos al Gobierno se implantaría la medida de los desalojos en 48 horas. ¿Cree que esa medida debería implantarse este quien esté en el Gobierno? ¿Sería efectiva?. Lo primero que hay que decir es que esta medida es simplemente una de las propuestas que está dentro de la Ley Antiokupas del Partido Popular que está en la mesa del Congreso totalmente paralizada desde hace casi dos años. Entonces nosotros lo que sí pedimos es una expulsión inmediata a través de unas medidas cautelares.. Si hubiera unas medidas cautelares que protegieran primero al propietario que reclama esa vivienda al ser ocupada posiblemente sí se pudiera aplicar. Este caso no se podría aplicar en la inquiokupación porque tiene otro procedimiento distinto. Pero en el caso de la okupación, los allanamientos y por supuesto las usurpaciones que pasan mucho más desapercibidas. Como se vincula a los grandes tenedores, obvian la okupación que hay y lo que están haciendo es dejar un vacío legal a partir del cual están entrando mafias okupas que se encargan de extorsionar a familias vulnerables para que con el pago de la entrada a una vivienda puedan tener el acceso a ella, cosa que los servicios sociales no se lo están ofreciendo.. Para terminar, ¿qué objetivo tenéis como plataforma de cara al próximo año para que pueda reducirse el auge de este fenómeno?. Lo primero que nosotros nos planteamos es la derogación del Real Decreto. Hemos estado hablando con distintos partidos políticos, con Junts, con PNV. Hemos hablado con el Partido Socialista, hemos hablado con el Partido Popular, queremos reunirnos con Coalición Canaria y otros tantos para hacer ver cuál es la situación real de la aplicación de este decreto y que busquen otras alternativas.. «Nuestro objetivo sería una Ley Antiokupas integral en el que se incluyeran todos los tipos de okupación». No podemos mantener un Real Decreto por séptimo año que se llama escudo social, pero que lo derivan hacia familias que no tenemos ninguna responsabilidad con estas familias vulnerables. Y luego por otro lado, lo que estamos incidiendo es en el que se produzca un debate político en el Congreso de los Diputados y que haya libertad para poder votar o bien la Ley Antiokupación del Partido Popular o bien la Ley Antiokupación de Junts que parece que se acaba de desbloquear por la tensión que hay entre el Partido Socialista y Junts.. Lo que queremos es que haya unas medidas eficaces para que se pueda luchar contra ellas. Nuestro objetivo sería una Ley Antiokupas integral en el que se incluyeran todos los tipos de okupación: allanamiento, usurpación, precarios, inquiokupas. Y que se pueda dar respuesta a la seguridad jurídica del propietario en todos estos tipos de okupación.. «No somos grandes tenedores, nos tienen que entender, escuchar y tomar medidas «. ¿Un mensaje final de parte de la Plataforma de Afectados por la Ocupación?. Lamentablemente venimos sufriendo una campaña de acoso por parte de determinados partidos políticos y por parte de la izquierda mediática haciéndonos ver que somos especuladores, que somos grandes fondos que vamos buscando un rédito económico y en realidad la plataforma está constituida exclusivamente por familias trabajadoras con una única vivienda. Este es el 98% del perfil que tenemos en nuestra plataforma.. No somos grandes tenedores, nos tienen que entender, que escuchar y tienen que tomar medidas porque somos familias que estamos trabajando, que nos levantamos por la mañana para ir a trabajar, que dejamos de atender a nuestras familias y cubrir nuestras necesidades porque estamos manteniendo a otras familias que son vulnerables o que no son vulnerables y se están aprovechando tanto del sistema como de nosotros y por lo tanto pedimos medidas efectivas y sobre todo que se acabe esta campaña de acoso y de negación ante los afectados de la okupación y la inquiokupación.
