Según el abogado, España se ha comprometido con Bruselas a reducir y eliminar gradualmente las ventajas fiscales para los españoles.
El futuro de los impuestos en España para 2026 se presenta con un nivel de incertidumbre poco habitual. La ausencia de la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado deja en el aire la definición de las cargas fiscales que deberán afrontar los españoles. Esta situación genera inquietud en materia de política interior, ya que, sin un marco presupuestario claro resulta difícil anticipar los cambios impositivos, pues se disponen individualmente. En este sentido, los contribuyentes se enfrentan a un escenario en el que las decisiones fiscales se adoptarán con el paso de los meses y determinarán la evolución de las medidas que apruebe el Gobierno a lo largo del curso.
Sin embargo, según lo acordado con la Comisión Europea, España se compromete a reducir beneficios fiscales por un valor equivalente a 0,1 puntos del PIB durante el primer semestre del próximo año. De esta manera, este movimiento revela la tendencia que podría seguir la política fiscal del 2026 a lo largo de sus doce meses. Desde el Gobierno aseguran que esta medida pretende reforzar la recaudación y garantizar que el país cumpla los objetivos del programa Next Generation, asegurando así el acceso a los fondos pendientes del plan europeo. Esta enmienda fue aprobada en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde Bruselas.
El escrito establece que en el segundo trimestre de 2026 se llevará a cabo una reforma legislativa que eliminará o modificará ciertos beneficios fiscales, con el objetivo de incrementar de manera permanente la recaudación en alrededor de 1.650 millones de euros. Esta decisión refleja la necesidad del Gobierno de ajustar sus cuentas y cumplir con los compromisos adquiridos en Europa. Aunque no se trata de un aumento generalizado de impuestos, sí supone un ajuste concreto que afectará a trabajadores y autónomos al reducir algunas deducciones o exenciones. En este contexto, un abogado ha expuesto los puntos principales del documento.
La promesa de España a la UE en materia fiscal
Andrés Millán, abogado dado a conocer en redes sociales por sus vídeos de carácter divulgativo sobre el mundo laboral y los derechos de los ciudadanos, expone las modificaciones fiscales que ha prometido la Administración española a la Unión Europea. «Nueva subida de impuesto en España en el año 2026, esto no tiene nombre«, comienza explicando el profesional del derecho. Esta serie de movimientos administrativos contribuirán a la variación de ciertos privilegios en materia fiscal que hasta ahora ostentaban trabajadores y empresas.
«Además de la inflación que nos comemos, que ya mina nuestro poder adquisitivo, España se ha comprometido con Bruselas a eliminar y reducir beneficios fiscales de los españoles en el segundo trimestre del 2026», agrega. Por el contrario, esto no va a afectar solamente a los ingresos que perciba el contribuyente sino también sobre los pagos que realice. «En primer lugar bajar las reducciones a la tributación conjunta, con tu pareja, con tus hijos, al trabajo, quieren penalizar todavía más lo que ganas por trabajar, a los alquileres de vivienda y reducir los beneficios para las aportaciones a planes de previsión social», esclarece en profundidad el experto.
La modificación fiscal podría afectar al IVA
Este punto, de concretarse, podría ser el que más afecte tanto a los trabajadores que antes contaban con su exención como al consumo de productos de primera necesidad. «Además acabar con la exención de IVA en servicios financieros, sanidad o educación y también revisar los tipos reducidos del 4% y del 10%, para ver si los eliminan o los suben, que son los de los alimentos, es decir, cosas de ricos», comenta con cierto punto satírico. Por ende, el futuro fiscal en España parece que será movido y podría llegar a influir sobre muchos ámbitos vitales básicos- «También pretenden reducir beneficios fiscales de las empresas españolas. Teníamos tantos que hay que ir quitando, claro», concluye en relación a su efecto sobre el sector privado.
En 2026, el futuro de la fiscalidad en España se enfrenta a un grado inusualmente alto de incertidumbre. Sin la aprobación de nuevos presupuestos generales del Estado, las cargas fiscales a las que se enfrentarán los españoles permanecerán indefinidas. Este escenario da lugar a cuestiones de política interna, ya que la falta de un marco presupuestario claro hace que sea difícil predecir los cambios fiscales, que se manejan caso por caso. A este respecto, los contribuyentes se encuentran en una situación en la que las decisiones fiscales se toman durante varios meses, dando forma al desarrollo de las medidas aprobadas por el gobierno durante todo el año. No obstante, en acuerdo con la Comisión Europea, España se ha comprometido a reducir las ventajas fiscales en un importe igual a 0,1 puntos porcentuales del PIB en la primera mitad del próximo año. Por lo tanto, este movimiento indica la dirección que la política fiscal 2026 podría tomar en el transcurso de sus doce meses. El gobierno afirma que esta medida busca reforzar la recaudación de impuestos y ayudar al país a alcanzar los objetivos del programa Next Generation, asegurando así el acceso a los fondos restantes del plan europeo. Esta enmienda fue incluida en la adición al Plan de recuperación, transformación y resiliencia de Bruselas. La carta indica que una reforma legislativa en el segundo trimestre de 2026 eliminará o revisará ciertos beneficios fiscales, con el objetivo de aumentar permanentemente los ingresos en aproximadamente 1,650 millones EUR. Esta decisión muestra la necesidad del gobierno de equilibrar sus finanzas y cumplir con sus obligaciones europeas.
