Hay algo profundamente obsceno en contemplar los resultados de PISA y comprobar hasta qué punto hemos conseguido convertir la educación en una maquinaria burocrática capaz de producir certificados mientras fracasa estrepitosamente en producir conocimientos. Lectura, matemáticas, ciencias: el naufragio está ahí, negro sobre blanco. Y, sin embargo, la reacción habitual consiste en cambiar siglas, añadir competencias, redactar nuevas rúbricas y multiplicar los PowerPoint. Como si el problema fuera que todavía no habíamos inventado suficientes palabras para ocultarlo, porque una población mal formada no necesita que la censuren. Basta con que no sepa distinguir un argumento de una consigna, un dato de una ocurrencia o una promesa electoral de una estafa. Un ciudadano que no comprende lo que lee, que carece de herramientas para contrastar información y que ha sido acostumbrado a repetir fórmulas en lugar de pensar críticamente es infinitamente más manejable que uno capaz de preguntar, comparar y exigir cuentas. De ahí que resulte legítimo preguntarse a quién beneficia una educación que, reforma tras reforma, parece más preocupada por la burocracia pedagógica que por enseñar a pensar. No hace falta imaginar una conspiración sentada alrededor de una mesa para reconocer el incentivo político: cuanto menor sea la capacidad de una sociedad para analizar lo que sucede, más sencillo resulta venderle relatos prefabricados. Y eso vale para cualquier gobierno, sea del color que sea. El problema no es que los alumnos suspendan PISA. El problema es que una generación tras otra pueda salir del sistema educativo sin dominar suficientemente las herramientas intelectuales necesarias para comprender el mundo y participar en una democracia adulta. Después llegan las elecciones y algunos se preguntan, escandalizados, cómo es posible que tantos ciudadanos apoyen políticas que deterioran las instituciones, empobrecen el debate público o destruyen lo que funciona. Quizá habría que empezar bastante antes, o sea, en las aulas. Una democracia necesita ciudadanos, no espectadores, necesita cabezas amuebladas, no cabezas obedientes o cabezas huecas, porque cuando la educación deja de enseñar a pensar, alguien acaba pensando por todos y eso es lo grave.
Hay algo profundamente obsceno en contemplar los resultados de PISA y comprobar hasta qué punto hemos conseguido convertir la educación en una maquinaria burocrática capaz de producir certificados mientras fracasa estrepitosamente en producir conocimientos. Lectura, matemáticas, ciencias: el naufragio está ahí, negro sobre blanco. Y, sin embargo, la reacción habitual consiste en cambiar siglas, añadir competencias, redactar nuevas rúbricas y multiplicar los PowerPoint. Como si el problema fuera que todavía no habíamos inventado suficientes palabras para ocultarlo, porque una población mal formada no necesita que la censuren. Basta con que no sepa distinguir un argumento de una consigna, un dato de una ocurrencia o una promesa electoral de una estafa. Un ciudadano que no comprende lo que lee, que carece de herramientas para contrastar información y que ha sido acostumbrado a repetir fórmulas en lugar de pensar críticamente es infinitamente más manejable que uno capaz de preguntar, comparar y exigir cuentas. De ahí que resulte legítimo preguntarse a quién beneficia una educación que, reforma tras reforma, parece más preocupada por la burocracia pedagógica que por enseñar a pensar. No hace falta imaginar una conspiración sentada alrededor de una mesa para reconocer el incentivo político: cuanto menor sea la capacidad de una sociedad para analizar lo que sucede, más sencillo resulta venderle relatos prefabricados. Y eso vale para cualquier gobierno, sea del color que sea. El problema no es que los alumnos suspendan PISA. El problema es que una generación tras otra pueda salir del sistema educativo sin dominar suficientemente las herramientas intelectuales necesarias para comprender el mundo y participar en una democracia adulta. Después llegan las elecciones y algunos se preguntan, escandalizados, cómo es posible que tantos ciudadanos apoyen políticas que deterioran las instituciones, empobrecen el debate público o destruyen lo que funciona. Quizá habría que empezar bastante antes, o sea, en las aulas. Una democracia necesita ciudadanos, no espectadores, necesita cabezas amuebladas, no cabezas obedientes o cabezas huecas, porque cuando la educación deja de enseñar a pensar, alguien acaba pensando por todos y eso es lo grave.
Un ciudadano que no comprende lo que lee, no tiene herramientas para contrastar información y acostumbrado a repetir fórmulas en lugar de pensar críticamente es infinitamente más manejable
Hay algo profundamente obsceno en contemplar los resultados de PISA y comprobar hasta qué punto hemos conseguido convertir la educación en una maquinaria burocrática capaz de producir certificados mientras fracasa estrepitosamente en producir conocimientos. Lectura, matemáticas, ciencias: el naufragio está ahí, negro sobre blanco. Y, sin embargo, la reacción habitual consiste en cambiar siglas, añadir competencias, redactar nuevas rúbricas y multiplicar los PowerPoint. Como si el problema fuera que todavía no habíamos inventado suficientes palabras para ocultarlo, porque una población mal formada no necesita que la censuren. Basta con que no sepa distinguir un argumento de una consigna, un dato de una ocurrencia o una promesa electoral de una estafa. Un ciudadano que no comprende lo que lee, que carece de herramientas para contrastar información y que ha sido acostumbrado a repetir fórmulas en lugar de pensar críticamente es infinitamente más manejable que uno capaz de preguntar, comparar y exigir cuentas. De ahí que resulte legítimo preguntarse a quién beneficia una educación que, reforma tras reforma, parece más preocupada por la burocracia pedagógica que por enseñar a pensar. No hace falta imaginar una conspiración sentada alrededor de una mesa para reconocer el incentivo político: cuanto menor sea la capacidad de una sociedad para analizar lo que sucede, más sencillo resulta venderle relatos prefabricados. Y eso vale para cualquier gobierno, sea del color que sea. El problema no es que los alumnos suspendan PISA. El problema es que una generación tras otra pueda salir del sistema educativo sin dominar suficientemente las herramientas intelectuales necesarias para comprender el mundo y participar en una democracia adulta. Después llegan las elecciones y algunos se preguntan, escandalizados, cómo es posible que tantos ciudadanos apoyen políticas que deterioran las instituciones, empobrecen el debate público o destruyen lo que funciona. Quizá habría que empezar bastante antes, o sea, en las aulas. Una democracia necesita ciudadanos, no espectadores, necesita cabezas amuebladas, no cabezas obedientes o cabezas huecas, porque cuando la educación deja de enseñar a pensar, alguien acaba pensando por todos y eso es lo grave.
