Con la vuelta al colegio regresan también los grupos de WhatsApp de padres y madres. Una herramienta útil para compartir información y estar al día de las tareas o actividades escolares, que también conlleva algunos peligros.
En este tipo de chats no todo vale. Hay que tener cuidado con qué se comparte, especialmente si afecta a la protección de datos y el derecho a la intimidad de los menores. Por ello, Legálitas aclara los límites legales de estos grupos y las consecuencias que conlleva incumplirlos.
¿Pueden incluirme en un grupo de WhatsApp del colegio sin mi consentimiento?
Lo recomendable es que no. Al añadir a una persona a un grupo de WhatsApp se comparten con el resto de los integrantes datos personales como su número de teléfono, nombre o fotografía de perfil. Por ello, la opción más respetuosa con la privacidad consiste en facilitar un enlace de invitación para que cada padre o madre decida voluntariamente si desea formar parte del grupo.
Además, la participación en un grupo de WhatsApp escolar es completamente voluntaria, por lo que ningún centro educativo puede obligarte a formar parte de uno.
¿Es legal compartir fotografías o vídeos de actividades escolares?
La imagen de un menor constituye un dato personal y está protegido. Por ello, antes de compartir fotografías, vídeos o cualquier dato que identifique a un menor es necesario contar con el consentimiento correspondiente de sus padres o representantes legales.
Una simple foto de una excursión, una fiesta de fin de curso o una actividad deportiva enviada al grupo puede generar conflictos si aparecen menores cuyos progenitores no han autorizado la difusión de su imagen.
Lo mismo sucede si se comparten notas o información académica de algún niño. Difundir este tipo de datos en un grupo de WhatsApp puede vulnerar el derecho a la intimidad del alumno y la normativa de protección de datos.
¿Qué consecuencias tiene?
Compartir este tipo de contenido sin la autorización correspondiente puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad, a la propia imagen y de la normativa de protección de datos.
Por lo tanto, quien difunda esta información podría verse obligado a retirarla, responder por los daños y perjuicios causados e incluso enfrentarse a una demanda civil de reclamación de daños y perjuicios por una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, en base a la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del honor, intimidad y propia imagen, o en casos de ataques muy graves a la intimidad del menor, a penas de prisión contempladas en los artículos 197 y siguientes del Código Penal.
¿Y si, además, se difunde a terceros?
Antes de compartir una fotografía de una excursión, un vídeo de una actividad escolar o una captura de pantalla con notas de otro alumno, conviene asegurarse de que existe autorización para hacerlo y de que no se están vulnerando derechos de terceros. La publicación de imágenes de un menor sin el consentimiento de sus progenitores puede constituir una infracción normativa de protección de datos o incluso una demanda civil por vulneración del derecho a la imagen de los menores.
Asimismo, quien lesione la intimidad ajena difundiendo imágenes o grabaciones puede verse condenado a indemnizar a la víctima de tal ataque reparando los daños y perjuicios que haya causado. La Ley Orgánica 1/1982 protege de forma estricta la intimidad y la imagen de los menores de edad. Por lo que se podrá interponer una demanda civil por intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. El juez no solo ordenará la eliminación definitiva de las fotos, sino que el demandado puede ser condenado a pagar una indemnización económica por los daños.
Para los casos de ataques muy graves al derecho a la intimidad de un menor, el Código Penal contempla penas de prisión que varían en función de los hechos cometidos. Así, el que utilice artificios técnicos de grabación, reproducción del sonido, de la imagen para descubrir los secretos de otro o vulnerar su intimidad, sin su consentimiento, se puede enfrentar penas de prisión de uno a cuatro años y una multa importante de doce a veinticuatro meses, con una cuota diaria que va desde los dos a los cuatrocientos euros y que suelen fijar los jueces alrededor de los diez euros diarios, además de la correspondiente indemnización económica para la víctima por todos los daños sufridos.
En cambio, si lo que ocurre es que se difunden los datos descubiertos o las imágenes captadas lesionando gravemente la intimidad del menor, las penas van de los dos a los cinco años de prisión.
La pena es menor -prisión de uno a tres años y multa- para el que tenga conocimiento del origen ilícito de la grabación y sin haber participado en su descubrimiento, difunda a terceros la grabación.
Al ser la víctima menor de edad, las penas se imponen en la mitad superior.
¿Puede el colegio utilizar WhatsApp como canal oficial de comunicación con las familias?
Los centros educativos deben actuar con especial cautela en materia de protección de datos. Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) desaconseja el uso de WhatsApp para fines educativos y prefiere canales institucionales. Las comunicaciones oficiales con las familias deberían realizarse a través de plataformas educativas, aplicaciones del propio centro, correos electrónicos u otros canales habilitados para ese fin.
Legálitas recuerda que el uso de grupos que permitan a todos los participantes acceder a los datos personales del resto puede generar problemas de privacidad.
Algunas recomendaciones para configurar la privacidad del WhatsApp son revisar los ajustes de privacidad y seguridad de la aplicación. Por ejemplo, limita quién puede ver tu foto de perfil, tu última hora de conexión o añadirte automáticamente a grupos nuevos
Ante cualquier duda o problema serio (por ejemplo, difusión no autorizada de fotos o información personal), las familias pueden acudir a organismos oficiales: presentar reclamaciones por vulneración de la privacidad ante la Agencia Española de Protección de datos y el organismo Incibe ofrece asesoramiento gratuito en ciberseguridad.
Con la vuelta al colegio regresan también los grupos de WhatsApp de padres y madres. Una herramienta útil para compartir información y estar al día de las tareas o actividades escolares, que también conlleva algunos peligros.. En este tipo de chats no todo vale. Hay que tener cuidado con qué se comparte, especialmente si afecta a la protección de datos y el derecho a la intimidad de los menores. Por ello, Legálitas aclara los límites legales de estos grupos y las consecuencias que conlleva incumplirlos.. ¿Pueden incluirme en un grupo de WhatsApp del colegio sin mi consentimiento?. Lo recomendable es que no. Al añadir a una persona a un grupo de WhatsApp se comparten con el resto de los integrantes datos personales como su número de teléfono, nombre o fotografía de perfil. Por ello, la opción más respetuosa con la privacidad consiste en facilitar un enlace de invitación para que cada padre o madre decida voluntariamente si desea formar parte del grupo.. Además, la participación en un grupo de WhatsApp escolar es completamente voluntaria, por lo que ningún centro educativo puede obligarte a formar parte de uno.. ¿Es legal compartir fotografías o vídeos de actividades escolares?. La imagen de un menor constituye un dato personal y está protegido. Por ello, antes de compartir fotografías, vídeos o cualquier dato que identifique a un menor es necesario contar con el consentimiento correspondiente de sus padres o representantes legales.. Una simple foto de una excursión, una fiesta de fin de curso o una actividad deportiva enviada al grupo puede generar conflictos si aparecen menores cuyos progenitores no han autorizado la difusión de su imagen.. Lo mismo sucede si se comparten notas o información académica de algún niño. Difundir este tipo de datos en un grupo de WhatsApp puede vulnerar el derecho a la intimidad del alumno y la normativa de protección de datos.. ¿Qué consecuencias tiene?. Compartir este tipo de contenido sin la autorización correspondiente puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad, a la propia imagen y de la normativa de protección de datos.. Por lo tanto, quien difunda esta información podría verse obligado a retirarla, responder por los daños y perjuicios causados e incluso enfrentarse a una demanda civil de reclamación de daños y perjuicios por una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, en base a la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del honor, intimidad y propia imagen, o en casos de ataques muy graves a la intimidad del menor, a penas de prisión contempladas en los artículos 197 y siguientes del Código Penal.. ¿Y si, además, se difunde a terceros?. Antes de compartir una fotografía de una excursión, un vídeo de una actividad escolar o una captura de pantalla con notas de otro alumno, conviene asegurarse de que existe autorización para hacerlo y de que no se están vulnerando derechos de terceros. La publicación de imágenes de un menor sin el consentimiento de sus progenitores puede constituir una infracción normativa de protección de datos o incluso una demanda civil por vulneración del derecho a la imagen de los menores.. Asimismo, quien lesione la intimidad ajena difundiendo imágenes o grabaciones puede verse condenado a indemnizar a la víctima de tal ataque reparando los daños y perjuicios que haya causado. La Ley Orgánica 1/1982 protege de forma estricta la intimidad y la imagen de los menores de edad. Por lo que se podrá interponer una demanda civil por intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. El juez no solo ordenará la eliminación definitiva de las fotos, sino que el demandado puede ser condenado a pagar una indemnización económica por los daños.. Para los casos de ataques muy graves al derecho a la intimidad de un menor, el Código Penal contempla penas de prisión que varían en función de los hechos cometidos. Así, el que utilice artificios técnicos de grabación, reproducción del sonido, de la imagen para descubrir los secretos de otro o vulnerar su intimidad, sin su consentimiento, se puede enfrentar penas de prisión de uno a cuatro años y una multa importante de doce a veinticuatro meses, con una cuota diaria que va desde los dos a los cuatrocientos euros y que suelen fijar los jueces alrededor de los diez euros diarios, además de la correspondiente indemnización económica para la víctima por todos los daños sufridos.. En cambio, si lo que ocurre es que se difunden los datos descubiertos o las imágenes captadas lesionando gravemente la intimidad del menor, las penas van de los dos a los cinco años de prisión.. La pena es menor -prisión de uno a tres años y multa- para el que tenga conocimiento del origen ilícito de la grabación y sin haber participado en su descubrimiento, difunda a terceros la grabación.. Al ser la víctima menor de edad, las penas se imponen en la mitad superior.. ¿Puede el colegio utilizar WhatsApp como canal oficial de comunicación con las familias?. Los centros educativos deben actuar con especial cautela en materia de protección de datos. Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) desaconseja el uso de WhatsApp para fines educativos y prefiere canales institucionales. Las comunicaciones oficiales con las familias deberían realizarse a través de plataformas educativas, aplicaciones del propio centro, correos electrónicos u otros canales habilitados para ese fin.. Legálitas recuerda que el uso de grupos que permitan a todos los participantes acceder a los datos personales del resto puede generar problemas de privacidad.. Algunas recomendaciones para configurar la privacidad del WhatsApp son revisar los ajustes de privacidad y seguridad de la aplicación. Por ejemplo, limita quién puede ver tu foto de perfil, tu última hora de conexión o añadirte automáticamente a grupos nuevos. Ante cualquier duda o problema serio (por ejemplo, difusión no autorizada de fotos o información personal), las familias pueden acudir a organismos oficiales: presentar reclamaciones por vulneración de la privacidad ante la Agencia Española de Protección de datos y el organismo Incibe ofrece asesoramiento gratuito en ciberseguridad.
No es recomendable añadir a una persona a un grupo sin su consentimiento previo
Con la vuelta al colegio regresan también los grupos de WhatsApp de padres y madres. Una herramienta útil para compartir información y estar al día de las tareas o actividades escolares, que también conlleva algunos peligros.. En este tipo de chats no todo vale. Hay que tener cuidado con qué se comparte, especialmente si afecta a la protección de datos y el derecho a la intimidad de los menores. Por ello, Legálitas aclara los límites legales de estos grupos y las consecuencias que conlleva incumplirlos.. ¿Pueden incluirme en un grupo de WhatsApp del colegio sin mi consentimiento?. Lo recomendable es que no. Al añadir a una persona a un grupo de WhatsApp se comparten con el resto de los integrantes datos personales como su número de teléfono, nombre o fotografía de perfil. Por ello, la opción más respetuosa con la privacidad consiste en facilitar un enlace de invitación para que cada padre o madre decida voluntariamente si desea formar parte del grupo.. Además, la participación en un grupo de WhatsApp escolar es completamente voluntaria, por lo que ningún centro educativo puede obligarte a formar parte de uno.. ¿Es legal compartir fotografías o vídeos de actividades escolares?. La imagen de un menor constituye un dato personal y está protegido. Por ello, antes de compartir fotografías, vídeos o cualquier dato que identifique a un menor es necesario contar con el consentimiento correspondiente de sus padres o representantes legales.. Una simple foto de una excursión, una fiesta de fin de curso o una actividad deportiva enviada al grupo puede generar conflictos si aparecen menores cuyos progenitores no han autorizado la difusión de su imagen.. Lo mismo sucede si se comparten notas o información académica de algún niño. Difundir este tipo de datos en un grupo de WhatsApp puede vulnerar el derecho a la intimidad del alumno y la normativa de protección de datos.. ¿Qué consecuencias tiene?. Compartir este tipo de contenido sin la autorización correspondiente puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad, a la propia imagen y de la normativa de protección de datos.. Por lo tanto, quien difunda esta información podría verse obligado a retirarla, responder por los daños y perjuicios causados e incluso enfrentarse a una demanda civil de reclamación de daños y perjuicios por una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, en base a la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección del honor, intimidad y propia imagen, o en casos de ataques muy graves a la intimidad del menor, a penas de prisión contempladas en los artículos 197 y siguientes del Código Penal.. ¿Y si, además, se difunde a terceros?. Antes de compartir una fotografía de una excursión, un vídeo de una actividad escolar o una captura de pantalla con notas de otro alumno, conviene asegurarse de que existe autorización para hacerlo y de que no se están vulnerando derechos de terceros. La publicación de imágenes de un menor sin el consentimiento de sus progenitores puede constituir una infracción normativa de protección de datos o incluso una demanda civil por vulneración del derecho a la imagen de los menores.. Asimismo, quien lesione la intimidad ajena difundiendo imágenes o grabaciones puede verse condenado a indemnizar a la víctima de tal ataque reparando los daños y perjuicios que haya causado. La Ley Orgánica 1/1982 protege de forma estricta la intimidad y la imagen de los menores de edad. Por lo que se podrá interponer una demanda civil por intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen. El juez no solo ordenará la eliminación definitiva de las fotos, sino que el demandado puede ser condenado a pagar una indemnización económica por los daños.. Para los casos de ataques muy graves al derecho a la intimidad de un menor, el Código Penal contempla penas de prisión que varían en función de los hechos cometidos. Así, el que utilice artificios técnicos de grabación, reproducción del sonido, de la imagen para descubrir los secretos de otro o vulnerar su intimidad, sin su consentimiento, se puede enfrentar penas de prisión de uno a cuatro años y una multa importante de doce a veinticuatro meses, con una cuota diaria que va desde los dos a los cuatrocientos euros y que suelen fijar los jueces alrededor de los diez euros diarios, además de la correspondiente indemnización económica para la víctima por todos los daños sufridos.. En cambio, si lo que ocurre es que se difunden los datos descubiertos o las imágenes captadas lesionando gravemente la intimidad del menor, las penas van de los dos a los cinco años de prisión.. La pena es menor -prisión de uno a tres años y multa- para el que tenga conocimiento del origen ilícito de la grabación y sin haber participado en su descubrimiento, difunda a terceros la grabación.. Al ser la víctima menor de edad, las penas se imponen en la mitad superior.. ¿Puede el colegio utilizar WhatsApp como canal oficial de comunicación con las familias?. Los centros educativos deben actuar con especial cautela en materia de protección de datos. Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) desaconseja el uso de WhatsApp para fines educativos y prefiere canales institucionales. Las comunicaciones oficiales con las familias deberían realizarse a través de plataformas educativas, aplicaciones del propio centro, correos electrónicos u otros canales habilitados para ese fin.. Legálitas recuerda que el uso de grupos que permitan a todos los participantes acceder a los datos personales del resto puede generar problemas de privacidad.. Algunas recomendaciones para configurar la privacidad del WhatsApp son revisar los ajustes de privacidad y seguridad de la aplicación. Por ejemplo, limita quién puede ver tu foto de perfil, tu última hora de conexión o añadirte automáticamente a grupos nuevos. Ante cualquier duda o problema serio (por ejemplo, difusión no autorizada de fotos o información personal), las familias pueden acudir a organismos oficiales: presentar reclamaciones por vulneración de la privacidad ante la Agencia Española de Protección de datos y el organismo Incibe ofrece asesoramiento gratuito en ciberseguridad.
