La CNMC vigilará los márgenes brutos de todas las estaciones de carburantes para evaluar posibles anomalías injustificadas
Las estaciones de servicio están desde hoy mismo todavía más en el punto de mira del Gobierno, que va a crear una «lista negra» con aquellas que se aprovechen de las ayudas estatales para engordar sus beneficios.Este miércoles ha entrado en vigor la reforma del Real Decreto-ley 7/2026 que fue aprobada en el Consejo de Ministros para endurecer el control sobre el mercado de los carburantes. Entre las principales medidas que recoge se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios. Para hacerlo, como ha explicado el Ministerio de Consumo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicará una lista pública por “comportamiento anómalo” para dar a consumidores y usuarios la posibilidad de reclamar. La propia CNMC se encargará de vigilar los márgenes de beneficio de todas las estaciones de carburantes. Esta, como asegura Consumo, es otra novedad, ya que, hasta el momento, solo se obligaba a reportar sus datos a aquellos operadores que tuvieran capacidad de refino en España. Ahora, con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información.Con este procedimiento, Competencia podrá comprobar en qué gasolineras existen anomalías, es decir, cuáles suben el precio de sus carburantes sin justificar que ese incremento corresponde a un encarecimiento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública. Una medida, según Consumo, que no solo garantiza «un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes», sino que, además, servirá como como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo.Este nuevo mecanismo impone también nuevas obligaciones a las gasolineras para garantizar este cumplimiento. Para empezar, deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito tanto en el propio establecimiento como en su página web, y tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública. Además, se introduce la responsabilidad compartida: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda así presentar la reclamación económica contra el responsable de fijar el precio. Por último, si la empresa rechaza la reclamación de
Las estaciones de servicio están desde hoy mismo todavía más en el punto de mira del Gobierno, que va a crear una «lista negra» con aquellas que se aprovechen de las ayudas estatales para engordar sus beneficios. Este miércoles ha entrado en vigor la reforma del Real Decreto-ley 7/2026 que fue aprobada en el Consejo de Ministros para endurecer el control sobre el mercado de los carburantes. Entre las principales medidas que recoge se encuentra la de informar a los consumidores y usuarios si hay estaciones de carburantes que puedan estar aprovechándose de las ayudas estatales de protección por la guerra de Irán (como el descuento por litro de hidrocarburo) para aumentar sus beneficios. Para hacerlo, como ha explicado el Ministerio de Consumo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicará una lista pública por “comportamiento anómalo” para dar a consumidores y usuarios la posibilidad de reclamar. La propia CNMC se encargará de vigilar los márgenes de beneficio de todas las estaciones de carburantes. Esta, como asegura Consumo, es otra novedad, ya que, hasta el momento, solo se obligaba a reportar sus datos a aquellos operadores que tuvieran capacidad de refino en España. Ahora, con esta modificación normativa, se ha eliminado esa limitación y todos los operadores al por mayor están obligados a desglosar sus costes reales y precios de venta hasta el 31 de diciembre de 2026, estableciéndose como una infracción grave el incumplimiento de este deber de información. Con este procedimiento, Competencia podrá comprobar en qué gasolineras existen anomalías, es decir, cuáles suben el precio de sus carburantes sin justificar que ese incremento corresponde a un encarecimiento de sus costes reales. Y los nombres de aquellas gasolineras en las que haya indicios de comportamientos anómalos serán publicados en esta lista pública. Una medida, según Consumo, que no solo garantiza «un mecanismo disuasorio y de señalamiento público para evitar que se produzcan esos abusos por parte de los operadores de carburantes», sino que, además, servirá como como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo. Otras obligaciones Este nuevo mecanismo impone también nuevas obligaciones a las gasolineras para garantizar este cumplimiento. Para empezar, deberán habilitar un canal de reclamación visible, accesible y gratuito tanto en el propio establecimiento como en su página web, y tendrá que estar disponible hasta tres meses después de salir de la lista pública. Además, se introduce la responsabilidad compartida: si el precio lo ha fijado un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor la identidad y contacto del distribuidor mayorista para que pueda así presentar la reclamación económica contra el responsable de fijar el precio. Por último, si la empresa rechaza la reclamación
