Siete exdirigentes o líderes armados de África y Asia están internos de forma preventiva en el centro de detención de La Haya, entre ellos el expresidente filipino Duterte
“Si no te gustan las puertas, no puedes trabajar aquí”, dice uno de los guardianes del centro de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI), después de que se hayan abierto y cerrado un buen número de ellas. Como el resto de sus colegas, no lleva armas de fuego o pistolas eléctricas. Tampoco porras. Solo un dispositivo portátil que le permite pedir refuerzos si hay problemas. El complejo de alta seguridad, situado en Scheveningen, el distrito costero de La Haya (Países Bajos), a dos kilómetros escasos de la playa, no es una cárcel al uso para condenados con sentencia firme. Seis de los siete internos que lo ocupan, todos varones, están a la espera de juicio, en pleno proceso legal o en fase de apelación. De ahí el respeto a la presunción de inocencia por parte de sus custodios. Solo uno de los presos ha concluido todo el proceso, y espera ahora a que el TPI designe a un país para que cumpla la pena.El Tribunal Penal Internacional, creado en 2002, solo se ocupa de los máximos responsables de los mayores crímenes: genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad y agresión (entendida como guerra). En toda su existencia ha cursado 34 denuncias, algunas de ellas con más de un sospechoso, y ha dictado 61 órdenes de detención, 13 sentencias condenatorias y cuatro absoluciones, según explica la web del tribunal.Todos los acusados que han pasado por el centro de detención desde su apertura en 2006 —22 hombres— eran africanos, salvo el último inquilino en ingresar: Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas. Duterte, que llegó al centro en marzo de 2025 tras ser arrestado en Manila, va a ser juzgado por crímenes contra la humanidad por las campañas contra la droga dirigidas en su país entre 2013 y 2018, que se cobraron miles de vidas. En caso de ser capturados, aquí serían trasladados también el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre los que pesan órdenes de arresto del TPI. El primero, por crímenes cometidos en la Franja de Gaza. El otro, por la deportación ilegal de niños ucranios. En caso de condena, los internos son enviados a cumplir la pena al país que los acepte, en virtud de un acuerdo sellado con el tribunal. Interior del centro de detención del TPI, en una imagen divulgada por el tribunal. Corte Penal InternacionalUbicado en el entorno de la prisión neerlandesa de Scheveningen, para acceder como visitante se necesita un permiso especial. Así pudo hacerlo este pasado mayo un grupo de periodistas extranjeros, entre ellos la corresponsal de EL PAÍS. Una vez superado un exhaustivo control de seguridad, donde cualquier pitido requiere pasar las veces que sea necesario por el arco detector de objetos metálicos, se cierra la primera puerta interior. En una sala de espera vacía, destacan los anuncios de dos despachos de abogados colgados en unas paredes blancas. A partir de ahí, y pasada una sala de reuniones, superados varios tramos de escale
“Si no te gustan las puertas, no puedes trabajar aquí”, dice uno de los guardianes del centro de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI), después de que se hayan abierto y cerrado un buen número de ellas. Como el resto de sus colegas, no lleva armas de fuego o pistolas eléctricas. Tampoco porras. Solo un dispositivo portátil que le permite pedir refuerzos si hay problemas. Seguir leyendo
