El coste de los servicios de operación del sistema pasó de 1 euro por MWh en 2019 a 21 euros de media este año por el efecto de la operación reforzada
Hay una partida invisible que dispara la factura eléctrica y que gana cada vez más terreno hasta pesar casi tanto como el transporte y la distribución de la energía. Se trata de los servicios de operación del sistema, los mecanismos técnicos que garantizan que la electricidad llegue de forma estable y segura, y que en lo que va de 2026 han encarecido la factura en 3.360 millones de euros, un 36% más que en el mismo periodo del año pasado, por el efecto de la operación reforzada para evitar otro cero eléctrico como el del 28 de abril de 2025, según revela el último informe del Observatorio del coste de los servicios de operación, del que forman parte las patronales de las grandes eléctricas Aelec, de las comercializadoras independientes (ACIE y Acenel), de la gran industria electrointensiva (AEGE) o la gran patronal empresarial CEOE.. La evolución del coste de operación del sistema refleja la magnitud de la situación. En 2019, los servicios complementarios suponían apenas 1 euro por MWh. En 2024, ya alcanzaban los 9 euros por MWh de media. Tras el apagón y la aplicación de la operación reforzada, el coste medio se elevó a 15 euros por MWh. Según el informe, solo en la primera quincena de agosto los consumidores han soportado un sobrecoste de 15,30 euros por cada megavatio hora consumido, lo que se traduce en más de 190 millones de euros en apenas quince días. Desde enero, ese sobrecoste medio se sitúa ya en 21,24 euros/MWh, en niveles similares al coste de las redes, lo que eleva la factura acumulada del año hasta esos 3.360 millones de euros.. Esta escalda del coste de operación está ligada a la aplicación de medidas extraordinarias como la denominada operación reforzada tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025, que «se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas». «Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía», alerta el informe. El pasado mes de mayo, la presidenta de Redeia, la matriz del operador Red Eléctrica, Beatriz Corredor, reiteró que aún mantenía la operación reforzada pese a su coste porque no está «segura al 100%» de que todos los actores del sistema eléctrico, es decir, las eléctricas, cumplen con su obligación de controlar la tensión.. El incremento de los costes asociados a la operación del sistema se traslada directamente a la factura eléctrica de los consumidores y alcanza «en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía», advierte el Observatorio. El impacto, además, es mayor para algunos consumidores que para otros. El Observatorio calcula que estos costes suponen alrededor de un 5% de la factura de un hogar medio, un 8% en el caso de una pyme y hasta un 13% para una empresa electrointensiva, aquellas industrias -como la siderurgia, la química o el cemento- cuyo consumo eléctrico es tan alto que cualquier variación de precio golpea directamente su competitividad.. Para atajar este sobrecoste, el Observatorio plantea cuatro líneas de actuación. La primera pasa por exigir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mayor control sobre estos costes, con publicación periódica y detallada de la información y un calendario que ponga fin al uso de la operación reforzada. La segunda propone revisar el modelo de financiación de estos servicios para que se sufraguen de forma más estable a través de costes regulados, sin penalizar a la industria.. Las otras dos propuestas apuntan más allá de la operación del sistema: consolidar de forma permanente la suspensión de impuestos como el que grava la producción de energía eléctrica o el impuesto especial a la electricidad, evitando la introducción de costes adicionales que encarecen artificialmente la electricidad, y alinear las decisiones regulatorias con los objetivos de descarbonización y autonomía energética del país, ya que el incremento de estos costes está afectando negativamente a la competitividad de la economía española.
Hay una partida invisible que dispara la factura eléctrica y que gana cada vez más terreno hasta pesar casi tanto como el transporte y la distribución de la energía. Se trata de los servicios de operación del sistema, los mecanismos técnicos que garantizan que la electricidad llegue de forma estable y segura, y que en lo que va de 2026 han encarecido la factura en 3.360 millones de euros, un 36% más que en el mismo periodo del año pasado, por el efecto de la operación reforzada para evitar otro cero eléctrico como el del 28 de abril de 2025, según revela el último informe del Observatorio del coste de los servicios de operación, del que forman parte las patronales de las grandes eléctricas Aelec, de las comercializadoras independientes (ACIE y Acenel), de la gran industria electrointensiva (AEGE) o la gran patronal empresarial CEOE.. La evolución del coste de operación del sistema refleja la magnitud de la situación. En 2019, los servicios complementarios suponían apenas 1 euro por MWh. En 2024, ya alcanzaban los 9 euros por MWh de media. Tras el apagón y la aplicación de la operación reforzada, el coste medio se elevó a 15 euros por MWh. Según el informe, solo en la primera quincena de agosto los consumidores han soportado un sobrecoste de 15,30 euros por cada megavatio hora consumido, lo que se traduce en más de 190 millones de euros en apenas quince días. Desde enero, ese sobrecoste medio se sitúa ya en 21,24 euros/MWh, en niveles similares al coste de las redes, lo que eleva la factura acumulada del año hasta esos 3.360 millones de euros.. Esta escalda del coste de operación está ligada a la aplicación de medidas extraordinarias como la denominada operación reforzada tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025, que «se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas». «Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía», alerta el informe. El pasado mes de mayo, la presidenta de Redeia, la matriz del operador Red Eléctrica, Beatriz Corredor, reiteró que aún mantenía la operación reforzada pese a su coste porque no está «segura al 100%» de que todos los actores del sistema eléctrico, es decir, las eléctricas, cumplen con su obligación de controlar la tensión.. El incremento de los costes asociados a la operación del sistema se traslada directamente a la factura eléctrica de los consumidores y alcanza «en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía», advierte el Observatorio. El impacto, además, es mayor para algunos consumidores que para otros. El Observatorio calcula que estos costes suponen alrededor de un 5% de la factura de un hogar medio, un 8% en el caso de una pyme y hasta un 13% para una empresa electrointensiva, aquellas industrias -como la siderurgia, la química o el cemento- cuyo consumo eléctrico es tan alto que cualquier variación de precio golpea directamente su competitividad.. Para atajar este sobrecoste, el Observatorio plantea cuatro líneas de actuación. La primera pasa por exigir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mayor control sobre estos costes, con publicación periódica y detallada de la información y un calendario que ponga fin al uso de la operación reforzada. La segunda propone revisar el modelo de financiación de estos servicios para que se sufraguen de forma más estable a través de costes regulados, sin penalizar a la industria.. Las otras dos propuestas apuntan más allá de la operación del sistema: consolidar de forma permanente la suspensión de impuestos como el que grava la producción de energía eléctrica o el impuesto especial a la electricidad, evitando la introducción de costes adicionales que encarecen artificialmente la electricidad, y alinear las decisiones regulatorias con los objetivos de descarbonización y autonomía energética del país, ya que el incremento de estos costes está afectando negativamente a la competitividad de la economía española.
