Hay decisiones políticas que pueden ser discutibles y otras que resultan difíciles de comprender. La decisión del Gobierno de remitir a las Cortes el proyecto del nuevo Estatuto Marco, en las actuales circunstancias, pertenece a esta segunda categoría. No porque el Estatuto Marco no deba reformarse, nadie discute que sea necesario. Los médicos somos los primeros interesados en actualizar una norma que tiene más de veinte años y adaptarla a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud. El problema es cómo se pretende hacer, con quién y en qué condiciones.
El Gobierno ha decidido llevar al Parlamento un proyecto que no cuenta con el respaldo de los médicos en aspectos fundamentales, después de meses de negociación, movilizaciones y conflicto. Permanecen abiertas cuestiones esenciales relacionadas con la jornada, las guardias, los descansos, la clasificación profesional, el reconocimiento de la formación y responsabilidad de los médicos y la necesidad de disponer de un ámbito específico de negociación para abordar las particularidades de la profesión. Es decir, el Ministerio no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el colectivo médico y, pese a ello, ha decidido dar patada hacia delante, dando por concluida la negociación y trasladando el proyecto al Parlamento.
Lo más llamativo es que ni siquiera estamos ante un problema exclusivamente profesional o sindical. La propia tramitación del proyecto pone de manifiesto que existen cuestiones que el Gobierno tampoco tiene completamente resueltas en su propio seno. Hacienda ha formulado objeciones a la memoria económica que acompaña al Estatuto y ha cuestionado que se haya valorado suficientemente su impacto sobre los costes de personal.
Esto debería ser motivo suficiente para detenerse y reflexionar. Estamos hablando de una norma que pretende modificar durante décadas las condiciones de trabajo de unos 180.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. Una norma que afecta a la jornada, los descansos, la organización del trabajo y la clasificación profesional. Y, sin embargo, se pretende que avance mientras dentro del propio Gobierno existen dudas relevantes sobre sus consecuencias económicas.
Una ley puede reconocer derechos, pero no puede financiarlos con buenas intenciones. Los cambios en jornada, descansos u organización del trabajo necesitan recursos, plantillas y capacidad organizativa. Cuando Hacienda plantea objeciones sobre la memoria económica, lo razonable sería resolver primero esas discrepancias dentro del Gobierno y después acudir al Parlamento con un proyecto sólido, no trasladar el problema a las Cortes con la expectativa de que ya se resolverá durante la tramitación.
A ello hay que añadir las cuestiones que afectan a las competencias de Función Pública. La clasificación profesional, la organización del empleo público, la jornada o determinadas condiciones laborales no son asuntos que puedan abordarse exclusivamente desde el Ministerio de Sanidad. Si el Gobierno quiere aprobar un Estatuto que tendrá consecuencias durante décadas, lo mínimo exigible es que exista una posición coordinada entre los departamentos implicados y que las cuestiones fundamentales estén resueltas antes de presentar el proyecto como una reforma cerrada.
Pero existe una contradicción todavía mayor: los médicos no hemos dado nuestro acuerdo a este Estatuto. Y no porque consideremos que debamos disponer de privilegios, sino porque entendemos que nuestra realidad profesional tiene unas características específicas que no pueden quedar diluidas dentro de una regulación general que nos trata de forma discriminatoria.
La profesión médica exige una formación prolongada, una especialización posterior y un nivel de responsabilidad que acompaña cada decisión asistencial. Los médicos soportamos guardias, trabajo nocturno y festivo, jornadas prolongadas y una disponibilidad que durante años ha permitido que el Sistema Nacional de Salud funcione incluso cuando las plantillas son insuficientes. Pretender regular esta realidad como si todas las profesiones fueran idénticas no resuelve el problema: lo perpetua.
Por eso llevamos meses reclamando un ámbito propio de negociación. No para apartarnos del Sistema Nacional de Salud, sino para garantizar que las condiciones laborales y la responsabilidad profesional de los médicos puedan abordarse teniendo en cuenta su formación, responsabilidad y singularidad. El Ministerio conocía perfectamente estas reivindicaciones, las ha escuchado durante meses y, sin embargo, no ha sido incapaz de llegar a un acuerdo. Ahora pretende que sea el Parlamento quien haga el trabajo que no ha sabido o no ha querido hacer en la mesa de negociación.
Aquí es donde todos los grupos parlamentarios deberían actuar con responsabilidad. El Congreso tiene capacidad para modificar el proyecto y mejorarlo, pero una cosa es la legítima tramitación parlamentaria de una ley y otra muy distinta pretender que el Parlamento sustituya una negociación que correspondía al Gobierno. Las condiciones laborales de los médicos no deberían decidirse mediante una sucesión de enmiendas entre partidos después de que el Ministerio haya sido incapaz de alcanzar un acuerdo con sus representantes.
El Gobierno no puede utilizar el Parlamento como una segunda mesa de negociación. Y menos aún cuando el proyecto tampoco parece contar con un consenso político suficiente. La oposición al texto no se limita a quienes habitualmente se sitúan frente al Ejecutivo. También existen discrepancias y reservas entre formaciones que han apoyado o facilitado en diferentes momentos la acción legislativa del Gobierno. Esto demuestra que el problema no puede reducirse a una confrontación entre el Gobierno y los sindicatos médicos. Cuando una reforma genera rechazo entre los profesionales afectados, plantea dudas económicas dentro del propio Ejecutivo y tampoco consigue un respaldo político amplio, quizá haya llegado el momento de preguntarse si el problema está en quienes cuestionan el proyecto o en quienes pretenden sacar adelante un proyecto en contra de todo un colectivo.
No se trata de impedir la reforma del Estatuto Marco. Se trata de impedir que una reforma necesaria termine convirtiéndose en una oportunidad perdida. Los médicos no queremos mantener indefinidamente una norma de 2003. Queremos una regulación moderna, justa y viable, que reconozca nuestra realidad profesional y contribuya a recuperar el atractivo de la sanidad pública.
Por eso sería un error que los grupos parlamentarios aceptaran que todo puede resolverse ahora mediante enmiendas. Lo responsable sería exigir al Gobierno que vuelva a negociar, que resuelva las discrepancias económicas con Hacienda, que aborde con Función Pública las cuestiones que afectan a sus competencias y que vuelva a sentarse con los representantes de médicos y facultativos para buscar un acuerdo real. Todavía estamos a tiempo.
Una mayoría parlamentaria puede sacar adelante una ley, pero no puede fabricar el consenso profesional que no se ha conseguido mediante la negociación. El Estatuto Marco está llamado a determinar durante muchos años las condiciones en las que trabajarán los profesionales que sostienen nuestro Sistema Nacional de Salud. Una reforma de esta naturaleza merece algo más que los votos necesarios para su aprobación. Merece diálogo, financiación, viabilidad y legitimidad profesional.
Los médicos seguimos dispuestos a negociar. Lo que no podemos aceptar es que se pretenda convertir el fracaso de una negociación en el punto de partida de una ley.
El Gobierno puede llevar el Estatuto Marco a las Cortes, pero hay algo que ningún trámite parlamentario ni puede cambiar, ni ningún grupo parlamentario debería permitir: no puede aprobarse un Estatuto para los médicos dando la espalda a los médicos.
Hay decisiones políticas que pueden ser discutibles y otras que resultan difíciles de comprender. La decisión del Gobierno de remitir a las Cortes el proyecto del nuevo Estatuto Marco, en las actuales circunstancias, pertenece a esta segunda categoría. No porque el Estatuto Marco no deba reformarse, nadie discute que sea necesario. Los médicos somos los primeros interesados en actualizar una norma que tiene más de veinte años y adaptarla a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud. El problema es cómo se pretende hacer, con quién y en qué condiciones.. El Gobierno ha decidido llevar al Parlamento un proyecto que no cuenta con el respaldo de los médicos en aspectos fundamentales, después de meses de negociación, movilizaciones y conflicto. Permanecen abiertas cuestiones esenciales relacionadas con la jornada, las guardias, los descansos, la clasificación profesional, el reconocimiento de la formación y responsabilidad de los médicos y la necesidad de disponer de un ámbito específico de negociación para abordar las particularidades de la profesión. Es decir, el Ministerio no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el colectivo médico y, pese a ello, ha decidido dar patada hacia delante, dando por concluida la negociación y trasladando el proyecto al Parlamento.. Lo más llamativo es que ni siquiera estamos ante un problema exclusivamente profesional o sindical. La propia tramitación del proyecto pone de manifiesto que existen cuestiones que el Gobierno tampoco tiene completamente resueltas en su propio seno. Hacienda ha formulado objeciones a la memoria económica que acompaña al Estatuto y ha cuestionado que se haya valorado suficientemente su impacto sobre los costes de personal.. Esto debería ser motivo suficiente para detenerse y reflexionar. Estamos hablando de una norma que pretende modificar durante décadas las condiciones de trabajo de unos 180.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. Una norma que afecta a la jornada, los descansos, la organización del trabajo y la clasificación profesional. Y, sin embargo, se pretende que avance mientras dentro del propio Gobierno existen dudas relevantes sobre sus consecuencias económicas.. Una ley puede reconocer derechos, pero no puede financiarlos con buenas intenciones. Los cambios en jornada, descansos u organización del trabajo necesitan recursos, plantillas y capacidad organizativa. Cuando Hacienda plantea objeciones sobre la memoria económica, lo razonable sería resolver primero esas discrepancias dentro del Gobierno y después acudir al Parlamento con un proyecto sólido, no trasladar el problema a las Cortes con la expectativa de que ya se resolverá durante la tramitación.. A ello hay que añadir las cuestiones que afectan a las competencias de Función Pública. La clasificación profesional, la organización del empleo público, la jornada o determinadas condiciones laborales no son asuntos que puedan abordarse exclusivamente desde el Ministerio de Sanidad. Si el Gobierno quiere aprobar un Estatuto que tendrá consecuencias durante décadas, lo mínimo exigible es que exista una posición coordinada entre los departamentos implicados y que las cuestiones fundamentales estén resueltas antes de presentar el proyecto como una reforma cerrada.. Pero existe una contradicción todavía mayor: los médicos no hemos dado nuestro acuerdo a este Estatuto. Y no porque consideremos que debamos disponer de privilegios, sino porque entendemos que nuestra realidad profesional tiene unas características específicas que no pueden quedar diluidas dentro de una regulación general que nos trata de forma discriminatoria.. La profesión médica exige una formación prolongada, una especialización posterior y un nivel de responsabilidad que acompaña cada decisión asistencial. Los médicos soportamos guardias, trabajo nocturno y festivo, jornadas prolongadas y una disponibilidad que durante años ha permitido que el Sistema Nacional de Salud funcione incluso cuando las plantillas son insuficientes. Pretender regular esta realidad como si todas las profesiones fueran idénticas no resuelve el problema: lo perpetua.. Por eso llevamos meses reclamando un ámbito propio de negociación. No para apartarnos del Sistema Nacional de Salud, sino para garantizar que las condiciones laborales y la responsabilidad profesional de los médicos puedan abordarse teniendo en cuenta su formación, responsabilidad y singularidad. El Ministerio conocía perfectamente estas reivindicaciones, las ha escuchado durante meses y, sin embargo, no ha sido incapaz de llegar a un acuerdo. Ahora pretende que sea el Parlamento quien haga el trabajo que no ha sabido o no ha querido hacer en la mesa de negociación.. Aquí es donde todos los grupos parlamentarios deberían actuar con responsabilidad. El Congreso tiene capacidad para modificar el proyecto y mejorarlo, pero una cosa es la legítima tramitación parlamentaria de una ley y otra muy distinta pretender que el Parlamento sustituya una negociación que correspondía al Gobierno. Las condiciones laborales de los médicos no deberían decidirse mediante una sucesión de enmiendas entre partidos después de que el Ministerio haya sido incapaz de alcanzar un acuerdo con sus representantes.. El Gobierno no puede utilizar el Parlamento como una segunda mesa de negociación. Y menos aún cuando el proyecto tampoco parece contar con un consenso político suficiente. La oposición al texto no se limita a quienes habitualmente se sitúan frente al Ejecutivo. También existen discrepancias y reservas entre formaciones que han apoyado o facilitado en diferentes momentos la acción legislativa del Gobierno. Esto demuestra que el problema no puede reducirse a una confrontación entre el Gobierno y los sindicatos médicos. Cuando una reforma genera rechazo entre los profesionales afectados, plantea dudas económicas dentro del propio Ejecutivo y tampoco consigue un respaldo político amplio, quizá haya llegado el momento de preguntarse si el problema está en quienes cuestionan el proyecto o en quienes pretenden sacar adelante un proyecto en contra de todo un colectivo.. No se trata de impedir la reforma del Estatuto Marco. Se trata de impedir que una reforma necesaria termine convirtiéndose en una oportunidad perdida. Los médicos no queremos mantener indefinidamente una norma de 2003. Queremos una regulación moderna, justa y viable, que reconozca nuestra realidad profesional y contribuya a recuperar el atractivo de la sanidad pública.. Por eso sería un error que los grupos parlamentarios aceptaran que todo puede resolverse ahora mediante enmiendas. Lo responsable sería exigir al Gobierno que vuelva a negociar, que resuelva las discrepancias económicas con Hacienda, que aborde con Función Pública las cuestiones que afectan a sus competencias y que vuelva a sentarse con los representantes de médicos y facultativos para buscar un acuerdo real. Todavía estamos a tiempo.. Una mayoría parlamentaria puede sacar adelante una ley, pero no puede fabricar el consenso profesional que no se ha conseguido mediante la negociación. El Estatuto Marco está llamado a determinar durante muchos años las condiciones en las que trabajarán los profesionales que sostienen nuestro Sistema Nacional de Salud. Una reforma de esta naturaleza merece algo más que los votos necesarios para su aprobación. Merece diálogo, financiación, viabilidad y legitimidad profesional.. Los médicos seguimos dispuestos a negociar. Lo que no podemos aceptar es que se pretenda convertir el fracaso de una negociación en el punto de partida de una ley.. El Gobierno puede llevar el Estatuto Marco a las Cortes, pero hay algo que ningún trámite parlamentario ni puede cambiar, ni ningún grupo parlamentario debería permitir: no puede aprobarse un Estatuto para los médicos dando la espalda a los médicos.
Secretario General de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM)
Hay decisiones políticas que pueden ser discutibles y otras que resultan difíciles de comprender. La decisión del Gobierno de remitir a las Cortes el proyecto del nuevo Estatuto Marco, en las actuales circunstancias, pertenece a esta segunda categoría. No porque el Estatuto Marco no deba reformarse, nadie discute que sea necesario. Los médicos somos los primeros interesados en actualizar una norma que tiene más de veinte años y adaptarla a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud. El problema es cómo se pretende hacer, con quién y en qué condiciones.. El Gobierno ha decidido llevar al Parlamento un proyecto que no cuenta con el respaldo de los médicos en aspectos fundamentales, después de meses de negociación, movilizaciones y conflicto. Permanecen abiertas cuestiones esenciales relacionadas con la jornada, las guardias, los descansos, la clasificación profesional, el reconocimiento de la formación y responsabilidad de los médicos y la necesidad de disponer de un ámbito específico de negociación para abordar las particularidades de la profesión. Es decir, el Ministerio no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el colectivo médico y, pese a ello, ha decidido dar patada hacia delante, dando por concluida la negociación y trasladando el proyecto al Parlamento.. Lo más llamativo es que ni siquiera estamos ante un problema exclusivamente profesional o sindical. La propia tramitación del proyecto pone de manifiesto que existen cuestiones que el Gobierno tampoco tiene completamente resueltas en su propio seno. Hacienda ha formulado objeciones a la memoria económica que acompaña al Estatuto y ha cuestionado que se haya valorado suficientemente su impacto sobre los costes de personal.. Esto debería ser motivo suficiente para detenerse y reflexionar. Estamos hablando de una norma que pretende modificar durante décadas las condiciones de trabajo de unos 180.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. Una norma que afecta a la jornada, los descansos, la organización del trabajo y la clasificación profesional. Y, sin embargo, se pretende que avance mientras dentro del propio Gobierno existen dudas relevantes sobre sus consecuencias económicas.. Una ley puede reconocer derechos, pero no puede financiarlos con buenas intenciones. Los cambios en jornada, descansos u organización del trabajo necesitan recursos, plantillas y capacidad organizativa. Cuando Hacienda plantea objeciones sobre la memoria económica, lo razonable sería resolver primero esas discrepancias dentro del Gobierno y después acudir al Parlamento con un proyecto sólido, no trasladar el problema a las Cortes con la expectativa de que ya se resolverá durante la tramitación.. A ello hay que añadir las cuestiones que afectan a las competencias de Función Pública. La clasificación profesional, la organización del empleo público, la jornada o determinadas condiciones laborales no son asuntos que puedan abordarse exclusivamente desde el Ministerio de Sanidad. Si el Gobierno quiere aprobar un Estatuto que tendrá consecuencias durante décadas, lo mínimo exigible es que exista una posición coordinada entre los departamentos implicados y que las cuestiones fundamentales estén resueltas antes de presentar el proyecto como una reforma cerrada.. Pero existe una contradicción todavía mayor: los médicos no hemos dado nuestro acuerdo a este Estatuto. Y no porque consideremos que debamos disponer de privilegios, sino porque entendemos que nuestra realidad profesional tiene unas características específicas que no pueden quedar diluidas dentro de una regulación general que nos trata de forma discriminatoria.. La profesión médica exige una formación prolongada, una especialización posterior y un nivel de responsabilidad que acompaña cada decisión asistencial. Los médicos soportamos guardias, trabajo nocturno y festivo, jornadas prolongadas y una disponibilidad que durante años ha permitido que el Sistema Nacional de Salud funcione incluso cuando las plantillas son insuficientes. Pretender regular esta realidad como si todas las profesiones fueran idénticas no resuelve el problema: lo perpetua.. Por eso llevamos meses reclamando un ámbito propio de negociación. No para apartarnos del Sistema Nacional de Salud, sino para garantizar que las condiciones laborales y la responsabilidad profesional de los médicos puedan abordarse teniendo en cuenta su formación, responsabilidad y singularidad. El Ministerio conocía perfectamente estas reivindicaciones, las ha escuchado durante meses y, sin embargo, no ha sido incapaz de llegar a un acuerdo. Ahora pretende que sea el Parlamento quien haga el trabajo que no ha sabido o no ha querido hacer en la mesa de negociación.. Aquí es donde todos los grupos parlamentarios deberían actuar con responsabilidad. El Congreso tiene capacidad para modificar el proyecto y mejorarlo, pero una cosa es la legítima tramitación parlamentaria de una ley y otra muy distinta pretender que el Parlamento sustituya una negociación que correspondía al Gobierno. Las condiciones laborales de los médicos no deberían decidirse mediante una sucesión de enmiendas entre partidos después de que el Ministerio haya sido incapaz de alcanzar un acuerdo con sus representantes.. El Gobierno no puede utilizar el Parlamento como una segunda mesa de negociación. Y menos aún cuando el proyecto tampoco parece contar con un consenso político suficiente. La oposición al texto no se limita a quienes habitualmente se sitúan frente al Ejecutivo. También existen discrepancias y reservas entre formaciones que han apoyado o facilitado en diferentes momentos la acción legislativa del Gobierno. Esto demuestra que el problema no puede reducirse a una confrontación entre el Gobierno y los sindicatos médicos. Cuando una reforma genera rechazo entre los profesionales afectados, plantea dudas económicas dentro del propio Ejecutivo y tampoco consigue un respaldo político amplio, quizá haya llegado el momento de preguntarse si el problema está en quienes cuestionan el proyecto o en quienes pretenden sacar adelante un proyecto en contra de todo un colectivo.. No se trata de impedir la reforma del Estatuto Marco. Se trata de impedir que una reforma necesaria termine convirtiéndose en una oportunidad perdida. Los médicos no queremos mantener indefinidamente una norma de 2003. Queremos una regulación moderna, justa y viable, que reconozca nuestra realidad profesional y contribuya a recuperar el atractivo de la sanidad pública.. Por eso sería un error que los grupos parlamentarios aceptaran que todo puede resolverse ahora mediante enmiendas. Lo responsable sería exigir al Gobierno que vuelva a negociar, que resuelva las discrepancias económicas con Hacienda, que aborde con Función Pública las cuestiones que afectan a sus competencias y que vuelva a sentarse con los representantes de médicos y facultativos para buscar un acuerdo real. Todavía estamos a tiempo.. Una mayoría parlamentaria puede sacar adelante una ley, pero no puede fabricar el consenso profesional que no se ha conseguido mediante la negociación. El Estatuto Marco está llamado a determinar durante muchos años las condiciones en las que trabajarán los profesionales que sostienen nuestro Sistema Nacional de Salud. Una reforma de esta naturaleza merece algo más que los votos necesarios para su aprobación. Merece diálogo, financiación, viabilidad y legitimidad profesional.. Los médicos seguimos dispuestos a negociar. Lo que no podemos aceptar es que se pretenda convertir el fracaso de una negociación en el punto de partida de una ley.. El Gobierno puede llevar el Estatuto Marco a las Cortes, pero hay algo que ningún trámite parlamentario ni puede cambiar, ni ningún grupo parlamentario debería permitir: no puede aprobarse un Estatuto para los médicos dando la espalda a los médicos.
