El sistema energético español se apoya en tres pilares: EE UU, Argelia y Rusia, pero ninguno ofrece una seguridad absoluta
España es un país con una enorme vulnerabilidad energética estructural. No sólo importa la práctica totalidad del petróleo que consume, sino que, además, no produce prácticamente nada de gas natural, entre otras cosas por la absurda prohibición de extraerlo mediante el fracking, que nos permitiría obtener mucho gas de nuestras minas asturianas y leonesas, pero la demagogia fundamentalista de la izquierda lo impide, aunque luego el gas que importa procede, en gran parte, de ser obtenido con dicha técnica. Esto implica que el suministro gasista -clave para la generación eléctrica, la industria y el funcionamiento general de la economía- depende completamente del exterior. Y, en el actual contexto geopolítico, una parte cada vez mayor de ese suministro procede de Estados Unidos, extraído, curiosamente, mediante esa misma técnica que aquí se prohíbe, lo que hace todo más incomprensible e ineficiente.. Durante décadas, el proveedor principal de gas para España fue Argelia. La cercanía geográfica y la existencia de gaseoductos directos con la península —como el Medgaz— permitían un suministro relativamente estable. Sin embargo, el equilibrio energético español comenzó a alterarse en los últimos años. La crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y el cierre del gaseoducto Magreb-Europa, unido al deterioro diplomático entre Argelia y España tras el cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental, modificaron sustancialmente el mapa energético español.. El resultado ha sido una creciente dependencia del gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos, transportado en metaneros y regasificado en las plantas españolas. España posee la mayor capacidad de regasificación de Europa, lo que facilita la llegada de este gas, pero esa ventaja técnica se convierte también en una dependencia estratégica.. Hoy, aproximadamente una de cada tres unidades de gas consumidas en España procede de Estados Unidos. En algunos meses recientes incluso ha superado ese porcentaje. Según datos del boletín estadístico de Enagás, en 2025 Estados Unidos representó alrededor del 30 % del gas importado por España, sólo por detrás de Argelia, mientras que Rusia quedó reducida a poco más del 11 % del total. Esto significa que el sistema energético español se apoya en tres pilares externos: Estados Unidos, Argelia y, en menor medida, Rusia, pero ninguno de ellos ofrece hoy una seguridad absoluta.. Argelia mantiene una relación diplomática tensa con España desde el giro español sobre el Sáhara Occidental, lo que ha generado episodios de incertidumbre en el suministro energético. Rusia, por su parte, se ha convertido en un proveedor no deseable tras la guerra de Ucrania. En ese contexto, Estados Unidos se ha consolidado como el principal proveedor alternativo de gas para el continente y para España en particular. Por ello resulta difícil de entender la ligereza con la que el Gobierno español ha gestionado recientemente su relación con Washington.. La negativa a permitir el uso de bases militares españolas en una operación estadounidense contra Irán no es simplemente una decisión diplomática. Puede interpretarse como un gesto político de distanciamiento hacia un aliado estratégico fundamental, que es muy grave. Y en un mundo donde la geopolítica y la energía están íntimamente ligadas, ese tipo de gestos no son gratuitos. Si Estados Unidos decidiera llevar a cabo el embargo que ha insinuado en algunos ámbitos políticos, el impacto sobre la economía española podría ser considerable.. En primer lugar, por la dependencia tecnológica. Buena parte de la tecnología avanzada que utiliza España -especialmente en sectores estratégicos y militares- procede de empresas estadounidenses. Las restricciones en ese ámbito afectarían a capacidades de defensa, sistemas industriales y equipamiento crítico.. Ahora bien, el impacto más inmediato sería energético. Un recorte significativo en las exportaciones de gas estadounidense hacia España tendría efectos inmediatos sobre el mercado energético. Sustituir ese volumen no sería sencillo. Argelia podría aumentar parcialmente el suministro, pero las tensiones políticas actuales hacen improbable que España quiera depender todavía más de un proveedor con el que mantiene una relación diplomática delicada. Con el planteamiento obtuso que mantiene el gobierno español hacia la energía nuclear, pocas alternativas de sustitución hay.. El resultado sería previsible: una mayor presión al alza sobre los precios del gas, que acabaría trasladándose al precio de la electricidad, al coste industrial y, en última instancia, al nivel de vida de los hogares. Es decir, más inflación energética y más pérdida de poder adquisitivo.. En un país donde el gas es esencial para la generación eléctrica mediante ciclos combinados y para numerosos procesos industriales, ese encarecimiento supondría un nuevo factor de empobrecimiento económico. Por eso, desde una perspectiva estrictamente económica, resulta difícil justificar decisiones políticas que tensionen esa relación sin evaluar cuidadosamente sus consecuencias.. España no produce gas. Depende de otros para obtenerlo. Y cuando un tercio de ese suministro procede de un solo país, la prudencia estratégica debería ser una prioridad, porque en materia energética, como tantas veces en economía, la realidad termina imponiéndose a la retórica.
España es un país con una enorme vulnerabilidad energética estructural. No sólo importa la práctica totalidad del petróleo que consume, sino que, además, no produce prácticamente nada de gas natural, entre otras cosas por la absurda prohibición de extraerlo mediante el fracking, que nos permitiría obtener mucho gas de nuestras minas asturianas y leonesas, pero la demagogia fundamentalista de la izquierda lo impide, aunque luego el gas que importa procede, en gran parte, de ser obtenido con dicha técnica. Esto implica que el suministro gasista -clave para la generación eléctrica, la industria y el funcionamiento general de la economía- depende completamente del exterior. Y, en el actual contexto geopolítico, una parte cada vez mayor de ese suministro procede de Estados Unidos, extraído, curiosamente, mediante esa misma técnica que aquí se prohíbe, lo que hace todo más incomprensible e ineficiente.. Durante décadas, el proveedor principal de gas para España fue Argelia. La cercanía geográfica y la existencia de gaseoductos directos con la península —como el Medgaz— permitían un suministro relativamente estable. Sin embargo, el equilibrio energético español comenzó a alterarse en los últimos años. La crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y el cierre del gaseoducto Magreb-Europa, unido al deterioro diplomático entre Argelia y España tras el cambio de postura del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental, modificaron sustancialmente el mapa energético español.. El resultado ha sido una creciente dependencia del gas natural licuado (GNL) procedente de Estados Unidos, transportado en metaneros y regasificado en las plantas españolas. España posee la mayor capacidad de regasificación de Europa, lo que facilita la llegada de este gas, pero esa ventaja técnica se convierte también en una dependencia estratégica.. Hoy, aproximadamente una de cada tres unidades de gas consumidas en España procede de Estados Unidos. En algunos meses recientes incluso ha superado ese porcentaje. Según datos del boletín estadístico de Enagás, en 2025 Estados Unidos representó alrededor del 30 % del gas importado por España, sólo por detrás de Argelia, mientras que Rusia quedó reducida a poco más del 11 % del total. Esto significa que el sistema energético español se apoya en tres pilares externos: Estados Unidos, Argelia y, en menor medida, Rusia, pero ninguno de ellos ofrece hoy una seguridad absoluta.. Argelia mantiene una relación diplomática tensa con España desde el giro español sobre el Sáhara Occidental, lo que ha generado episodios de incertidumbre en el suministro energético. Rusia, por su parte, se ha convertido en un proveedor no deseable tras la guerra de Ucrania. En ese contexto, Estados Unidos se ha consolidado como el principal proveedor alternativo de gas para el continente y para España en particular. Por ello resulta difícil de entender la ligereza con la que el Gobierno español ha gestionado recientemente su relación con Washington.. La negativa a permitir el uso de bases militares españolas en una operación estadounidense contra Irán no es simplemente una decisión diplomática. Puede interpretarse como un gesto político de distanciamiento hacia un aliado estratégico fundamental, que es muy grave. Y en un mundo donde la geopolítica y la energía están íntimamente ligadas, ese tipo de gestos no son gratuitos. Si Estados Unidos decidiera llevar a cabo el embargo que ha insinuado en algunos ámbitos políticos, el impacto sobre la economía española podría ser considerable.. En primer lugar, por la dependencia tecnológica. Buena parte de la tecnología avanzada que utiliza España -especialmente en sectores estratégicos y militares- procede de empresas estadounidenses. Las restricciones en ese ámbito afectarían a capacidades de defensa, sistemas industriales y equipamiento crítico.. Ahora bien, el impacto más inmediato sería energético. Un recorte significativo en las exportaciones de gas estadounidense hacia España tendría efectos inmediatos sobre el mercado energético. Sustituir ese volumen no sería sencillo. Argelia podría aumentar parcialmente el suministro, pero las tensiones políticas actuales hacen improbable que España quiera depender todavía más de un proveedor con el que mantiene una relación diplomática delicada. Con el planteamiento obtuso que mantiene el gobierno español hacia la energía nuclear, pocas alternativas de sustitución hay.. El resultado sería previsible: una mayor presión al alza sobre los precios del gas, que acabaría trasladándose al precio de la electricidad, al coste industrial y, en última instancia, al nivel de vida de los hogares. Es decir, más inflación energética y más pérdida de poder adquisitivo.. En un país donde el gas es esencial para la generación eléctrica mediante ciclos combinados y para numerosos procesos industriales, ese encarecimiento supondría un nuevo factor de empobrecimiento económico. Por eso, desde una perspectiva estrictamente económica, resulta difícil justificar decisiones políticas que tensionen esa relación sin evaluar cuidadosamente sus consecuencias.. España no produce gas. Depende de otros para obtenerlo. Y cuando un tercio de ese suministro procede de un solo país, la prudencia estratégica debería ser una prioridad, porque en materia energética, como tantas veces en economía, la realidad termina imponiéndose a la retórica.
