El obligado respeto al Derecho Internacional se utiliza como bandera en favor de un interés particular de Sánchez, con la guerra en Irán considerada como algo inaceptable para él. Sin perjuicio de que ninguna persona razonable es partidaria de la guerra como método prioritario para asegurar la paz, es necesario tener presentes algunas cuestiones previas antes de emitir un definitivo juicio ético y moral al respecto. Una de ellas es que la legitimación ética para exigir el respeto al Derecho Internacional requiere, en primer lugar, que el derecho nacional del afectado respete la Carta de los DDHH (Derechos Humanos), que forma parte «esencial» de ese orden jurídico internacional. Lo que es evidente que no se cumple en el régimen islámico de los ayatolás –al mando de los grupos terroristas Hamás, Hizbulá y los hutíes– es la falta de respeto a los derechos de la mujer. Y asimismo que, desde que el hombre habita la Tierra, es la ley «del más fuerte» la que establece cuál es ese orden legal internacional. Y que, en concreto, el actual Orden Internacional, fueron las superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, con la ONU y otras instancias multilaterales como gestoras del mismo, quienes lo establecieron, para gestionar el orden geopolítico global surgido de aquella contienda. Orden geopolítico dado por terminado por China y Rusia en 2022, sustituido por el «nuevo multipolar», que se está decidiendo como los anteriores. En cuanto al sanchismo, tan preocupado por esa violación, sería oportuno que pensara en el interés general de España antes que en seguir ocupando el Gobierno a cualquier precio. Y también que se ocupe de respetar el derecho interno español, porque España se organiza en un Estado social democrático «y de derecho», donde el cumplimiento de la ley es obligado por todos los ciudadanos, y si cabe, en especial por quienes ostentan la elevada responsabilidad de formar parte del Gobierno. Que su Carta Magna, la «ley de leyes», establece en su artículo 143 la obligación de presentar en el Congreso antes del 30 de septiembre de cada año el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio. Y que es una norma asumida en toda democracia parlamentaria occidental, que si un Gobierno carece de Presupuestos, dimite y convoca elecciones. Y el actual lleva tres ejercicios sucesivos incumpliendo esta norma, sin haber aprobado ninguno en toda la actual legislatura, viviendo de los aprobados en 2022 para el ejercicio de 2023. En cuanto al 8M, ayer, «Día Internacional de la Mujer» en las ciudades españolas, las «feministas progresistas» se manifestaban también frente a la guerra contra los ayatolás. Curioso «feminismo», ese «progresista».
La legitimación ética para exigir el respeto al Derecho Internacional requiere, en primer lugar, que el derecho nacional del afectado respete la Carta de los DDHH (Derechos Humanos)
El obligado respeto al Derecho Internacional se utiliza como bandera en favor de un interés particular de Sánchez, con la guerra en Irán considerada como algo inaceptable para él. Sin perjuicio de que ninguna persona razonable es partidaria de la guerra como método prioritario para asegurar la paz, es necesario tener presentes algunas cuestiones previas antes de emitir un definitivo juicio ético y moral al respecto. Una de ellas es que la legitimación ética para exigir el respeto al Derecho Internacional requiere, en primer lugar, que el derecho nacional del afectado respete la Carta de los DDHH (Derechos Humanos), que forma parte «esencial» de ese orden jurídico internacional. Lo que es evidente que no se cumple en el régimen islámico de los ayatolás –al mando de los grupos terroristas Hamás, Hizbulá y los hutíes– es la falta de respeto a los derechos de la mujer. Y asimismo que, desde que el hombre habita la Tierra, es la ley «del más fuerte» la que establece cuál es ese orden legal internacional. Y que, en concreto, el actual Orden Internacional, fueron las superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, con la ONU y otras instancias multilaterales como gestoras del mismo, quienes lo establecieron, para gestionar el orden geopolítico global surgido de aquella contienda. Orden geopolítico dado por terminado por China y Rusia en 2022, sustituido por el «nuevo multipolar», que se está decidiendo como los anteriores. En cuanto al sanchismo, tan preocupado por esa violación, sería oportuno que pensara en el interés general de España antes que en seguir ocupando el Gobierno a cualquier precio. Y también que se ocupe de respetar el derecho interno español, porque España se organiza en un Estado social democrático «y de derecho», donde el cumplimiento de la ley es obligado por todos los ciudadanos, y si cabe, en especial por quienes ostentan la elevada responsabilidad de formar parte del Gobierno. Que su Carta Magna, la «ley de leyes», establece en su artículo 143 la obligación de presentar en el Congreso antes del 30 de septiembre de cada año el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio. Y que es una norma asumida en toda democracia parlamentaria occidental, que si un Gobierno carece de Presupuestos, dimite y convoca elecciones. Y el actual lleva tres ejercicios sucesivos incumpliendo esta norma, sin haber aprobado ninguno en toda la actual legislatura, viviendo de los aprobados en 2022 para el ejercicio de 2023. En cuanto al 8M, ayer, «Día Internacional de la Mujer» en las ciudades españolas, las «feministas progresistas» se manifestaban también frente a la guerra contra los ayatolás. Curioso «feminismo», ese «progresista».
