El Ministerio defiende la legalidad de usar fondos «sobrantes» ante la falta de Presupuestos, pese a las dudas del Tribunal de Cuentas y a la investigación de la propia Comisión Europea
La falta de Presupuestos Generales durante los tres últimos ejercicios está pasando factura al Gobierno, tras empezar a aflorar desvíos de fondos europeos hacia «necesidades presupuestarias» que han sido ya cuestionados por los organismos fiscalizadores. Tras conocerse esta semana que Hacienda tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos NetxEU para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, ahora han aparecido nuevos desvíos hacia otros pagos realizados, que han sido criticados por el Tribunal de Cuentas español y están siendo investigados por la Comisión Europea.. De este modo, basados en «criterios de prórroga presupuestaria» aprobados por el Gobierno, desde Hacienda se estableció la adaptación del conocido como «servicio 50» -que cada año está dotado con una cantidad distinta que varía en función de los gastos previstos- de 2023 a las necesidades presupuestarias de 2024, lo que se tradujo en la identificación y puesta a disposición de Hacienda de 4.528 millones, que denominó como «créditos sobrantes» desde tres ministerios, el de Industria, que desvió 1.965 millones, el de Vivienda, que lo hizo con 1.380 millones, y de Educación, por un importe de 1.183 millones. Otras fuentes consultadas por LA RAZÓN elevan los fondos desviados por encima de los 10.000 millones de euros, que se habrían destinado al pago de adeudos a funcionarios, el ingreso mínimo vital y otras necesidades de la Seguridad Social.. Parte de estos créditos sobrantes se utilizaron para financiar el complemento de pensiones mínimas (667 millones), una opción permitida legalmente por los Presupuestos de 2023 -los últimos aprobados-, y para ampliar la partida de clases pasivas (1.722 millones), «tal y como permite la Ley General Presupuestaria», ha vuelto a justificar Hacienda, que defiende que estas modificaciones presupuestarias cuentan con «informes favorables» y que no implicaron «cargar al servicio de fondos europeos gastos de otras partidas», sino que previamente se realizó una modificación presupuestaria, «como permite la ley».. En este sentido, Hacienda defiende que el uso de estos créditos presupuestarios sobrantes cuenta con «un respaldo legal claro» porque los enmarca en la adaptación realizada para prorrogar las cuentas de 2023 a 2024, por lo que no comparte la salvedad formulada por el Tribunal de Cuentas, que en su Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 detectó incidencias y salvedades en el pago de pensiones y la Comisión Europea ya ha dicho está analizando para confirmar su legalidad.. Pese a ello, Hacienda insiste que la ley de presupuestos de 2023 permite al Gobierno transferir créditos entre secciones, incluidas las partidas de fondos europeos, con el objetivo de «garantizar su correcta absorción», en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos, «con independencia del coste ejecutado», por lo que «existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos». Como no se aprobaron presupuestos nuevos para 2024 sino que se prorrogaron las cuentas de 2023, el marco presupuestario de 2024 iba a contar con la misma dotación para fondos europeos que en 2023, «aunque sus necesidades fueran distintas», incide la misma fuentes ministeriales.. Pese a que el Tribunal de Cuentas ha avalado Declaración de Cuentas, ha sido la primera vez que señala directamente un desvío de fondos «injustificado», pese a que ya venía advirtiendo sobre esta situación en anteriores declaraciones, en las que señaló la necesidad de adoptar medidas que «garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo». Ahora ha vuelto a advertir del «importante déficit estructural» del sistema de pensiones, cuya prórroga presupuestaria ha venido provocando que la disponibilidad de fondos siga siendo la misma que la fijada para 2023, algo que ya en 2024 provocó una infravaloración neta de esta partida de 1.008,4 millones.. En sus conclusiones, el Tribunal consideró que la actuación de Hacienda se ha llevado a cabo bajo unos «fundamentos jurídicos que tendrían que haber quedado mejor justificados». También critica la «incertidumbre» generada sobre la «aplicabilidad de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos» para financiar modificaciones presupuestarias «fuera de dicho servicio».
La falta de Presupuestos Generales durante los tres últimos ejercicios está pasando factura al Gobierno, tras empezar a aflorar desvíos de fondos europeos hacia «necesidades presupuestarias» que han sido ya cuestionados por los organismos fiscalizadores. Tras conocerse esta semana que Hacienda tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos NetxEU para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, ahora han aparecido nuevos desvíos hacia otros pagos realizados, que han sido criticados por el Tribunal de Cuentas español y están siendo investigados por la Comisión Europea.. De este modo, basados en «criterios de prórroga presupuestaria» aprobados por el Gobierno, desde Hacienda se estableció la adaptación del conocido como «servicio 50» -que cada año está dotado con una cantidad distinta que varía en función de los gastos previstos- de 2023 a las necesidades presupuestarias de 2024, lo que se tradujo en la identificación y puesta a disposición de Hacienda de 4.528 millones, que denominó como «créditos sobrantes» desde tres ministerios, el de Industria, que desvió 1.965 millones, el de Vivienda, que lo hizo con 1.380 millones, y de Educación, por un importe de 1.183 millones. Otras fuentes consultadas por LA RAZÓN elevan los fondos desviados por encima de los 10.000 millones de euros, que se habrían destinado al pago de adeudos a funcionarios, el ingreso mínimo vital y otras necesidades de la Seguridad Social.. Parte de estos créditos sobrantes se utilizaron para financiar el complemento de pensiones mínimas (667 millones), una opción permitida legalmente por los Presupuestos de 2023 -los últimos aprobados-, y para ampliar la partida de clases pasivas (1.722 millones), «tal y como permite la Ley General Presupuestaria», ha vuelto a justificar Hacienda, que defiende que estas modificaciones presupuestarias cuentan con «informes favorables» y que no implicaron «cargar al servicio de fondos europeos gastos de otras partidas», sino que previamente se realizó una modificación presupuestaria, «como permite la ley».. En este sentido, Hacienda defiende que el uso de estos créditos presupuestarios sobrantes cuenta con «un respaldo legal claro» porque los enmarca en la adaptación realizada para prorrogar las cuentas de 2023 a 2024, por lo que no comparte la salvedad formulada por el Tribunal de Cuentas, que en su Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 detectó incidencias y salvedades en el pago de pensiones y la Comisión Europea ya ha dicho está analizando para confirmar su legalidad.. Pese a ello, Hacienda insiste que la ley de presupuestos de 2023 permite al Gobierno transferir créditos entre secciones, incluidas las partidas de fondos europeos, con el objetivo de «garantizar su correcta absorción», en función del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos, «con independencia del coste ejecutado», por lo que «existe una total desconexión entre los recursos recibidos y los gastos necesarios para dar cumplimiento a dichos hitos y objetivos». Como no se aprobaron presupuestos nuevos para 2024 sino que se prorrogaron las cuentas de 2023, el marco presupuestario de 2024 iba a contar con la misma dotación para fondos europeos que en 2023, «aunque sus necesidades fueran distintas», incide la misma fuentes ministeriales.. Aunque el Tribunal de Cuentas ha avalado Declaración de Cuentas, ha sido la primera vez que señala directamente un desvío de fondos «injustificado», pese a que ya venía advirtiendo sobre esta situación en anteriores declaraciones, en las que señaló la necesidad de adoptar medidas que «garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a medio y largo plazo». Ahora ha vuelto a advertir del «importante déficit estructural» del sistema de pensiones, cuya prórroga presupuestaria ha venido provocando que la disponibilidad de fondos siga siendo la misma que la fijada para 2023, algo que ya en 2024 provocó una infravaloración neta de esta partida de 1.008,4 millones.. En sus conclusiones, el Tribunal consideró que la actuación de Hacienda se ha llevado a cabo bajo unos «fundamentos jurídicos que tendrían que haber quedado mejor justificados». También critica la «incertidumbre» generada sobre la «aplicabilidad de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos» para financiar modificaciones presupuestarias «fuera de dicho servicio».
