La FP es una de las grandes historias de éxito educativo de España en lo que va de década. Una alineación de elementos ―cambios en el mercado laboral y en la visión de las familias sobre la enseñanza en general y la profesional en particular, una clara apuesta política, una nueva ley, y un aluvión de fondos europeos― han producido una explosión en los estudios. En seis cursos, la Formación Profesional ha ganado 344.073 alumnos, un 41% más, hasta alcanzar 1.181.272. Detrás de la reluciente fachada parpadean, sin embargo, varias señales de alarma. Una de ellas es la rápida expansión de la enseñanza privada en la FP, que ha crecido en dicho periodo más del doble de rápido que la pública.. Seguir leyendo
La falta de plazas públicas obliga a un número cada vez mayor de alumnos a hacer grandes desembolsos o renunciar a las titulaciones deseadas, advierte un informe de CC OO
La FP es una de las grandes historias de éxito educativo de España en lo que va de década. Una alineación de elementos ―cambios en el mercado laboral y en la visión de las familias sobre la enseñanza en general y la profesional en particular, una clara apuesta política, una nueva ley, y un aluvión de fondos europeos― han producido una explosión en los estudios. En seis cursos, la Formación Profesional ha ganado 344.073 alumnos, un 41% más, hasta alcanzar 1.181.272. Detrás de la reluciente fachada parpadean, sin embargo, varias señales de alarma. Una de ellas es la rápida expansión de la enseñanza privada en la FP, que ha crecido en dicho periodo más del doble de rápido que la pública.. La falta de plazas públicas, advierte un informe de Comisiones Obreras publicado este jueves, obliga a un número cada vez mayor de jóvenes a pagar entre 3.000 y 9.000 euros por estudiar los ciclos (en la pública es gratuito, salvo en Madrid y Cataluña, donde los ciclos superiores rondan los 800 euros). Y, si no pueden pagarlos, a “abandonar determinados itinerarios formativos”, lo que tiene “un impacto especialmente negativo sobre las clases trabajadoras y la juventud con menos recursos, que ve limitado su acceso a las titulaciones” con mejores expectativas de empleo y salario, advierte el sindicato.. En el curso 2018-2019 la pública tenía 600.113 estudiantes de FP, lo que representaba el 72% del total. La privada tenía, por su parte, 237.086, un 28%. Seis años más tarde, la pública suma, 780.338, y la privada, 400.934, y sus cuotas del alumnado han pasado a ser el 66% y el 34% respectivamente. La pública, impulsada en ese periodo por una inversión de 748 millones de euros para la creación de nuevas plazas por parte del Ministerio de Educación, aumentó un 30% su número de estudiantes. La privada, entre tanto, lo hizo un 69%, lo que supone que significa que creció 2,3 veces más rápido.. El avance de la privada se debe en gran medida al extraordinario boom de la FP a distancia. Una modalidad en la que la privada ha crecido nada menos que el 324% hasta sumar 128.971 alumnos, lo que la ha llevado a superar a la pública (que tiene ahora 94.329 estudiantes, tras haber crecido un 65%). Esta es la segunda señal de alarma que destaca el informe de Comisiones, ya que la FP privada a distancia no alcanza en parte de los casos los estándares exigibles en materia de “tutoría, evaluación, presencialidad durante el desarrollo de las prácticas y transparencia”, por lo que el sindicato reclama un auténtico programa de inspección público.. Disparidad por comunidades autónomas. La penetración de la privada es muy distinta en unas comunidades autónomas y otras, con diferencias que alcanza los 35 puntos porcentuales en el caso de los estudios de FP en formato presencial. Los territorios con mayor peso de la privada presencial son Euskadi (44%), Madrid (38%), Aragón (36%), y Cataluña (35,6%). Y aquellos donde menos cuota tienen son Canarias (9%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (14%), y Navarra (18%). La media en España de estudiantes en la privada en la modalidad presencial es del 28,4%.. Un centro de Formación Profesional privado en San Blas-Canillejas (Madrid). Victor Sanjuan. En lugares como Madrid y Cataluña, señala el sindicato, “la falta de plazas públicas en ciclos de alta empleabilidad deriva de forma sistemática al alumnado hacia centros privados, encareciendo el acceso y consolidando una lógica de selección por renta”. Mientras que en territorios como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura o Galicia los problemas proceden de “la baja densidad empresarial y la dispersión territorial, que dificultan la disponibilidad de prácticas y el acceso efectivo a determinados ciclos, especialmente fuera de las capitales”.. El informe de Comisiones Obreras ofrece los datos territorializados (por comunidades) de la privada sin incluir al alumnado a distancia para evitar la distorsión que genera el hecho de que la mayoría de empresas que la ofrecen están ubicadas en Cataluña y Madrid. Al matricularse en dichos centros, a efectos de la estadística oficial los estudiantes residentes en otras autonomías pasan a constar como alumnos de Cataluña y Madrid. Eso explica que entre ambas sumen casi el 80% de la matrícula a distancia de la privada (101.851 estudiantes) y que en muchas comunidades aparezcan cifras muy bajas de alumnado de FP privada a distancia (en cuatro, de hecho, no consta que haya ninguno matriculado).. Las titulaciones filón para la privada. Comisiones identifica ocho titulaciones que la educación pública mantiene una oferta claramente inferior a la demanda o que incluso no se oferta en algún territorio, y en las que, como consecuencia, la privada ha encontrado un filón, la mayoría sanitarias y tecnológicas. Se trata de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear; Radioterapia y Dosimetría; Higiene Bucodental; Anatomía Patológica; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Desarrollo de Aplicaciones Web; Educación Infantil, e Integración Social.. El sindicato propone una batería de medidas para revertir la tendencia de los últimos años. La primera, un “plan estatal-autonómico de expansión de la FP pública con financiación plurianual, priorizando centros de alta demanda y territorios con mayor privatización o listas de espera. El documento propone también establecer criterios obligatorios, como ratios máximas de alumnos por tutor en ambas redes educativas. Un refuerzo del sistema de inspección para garantizar la calidad en la privada. Y un sistema integrado de datos, que permita conocer cuántas plazas públicas se ofertan en cada comunidad autónoma, cuál es la demanda, la lista de espera por ciclo formativo, así como cuáles son sus tasas de abandono, titularidad y grado de inserción laboral una vez terminado. Comisiones también reclama un registro público único de centros autorizados, y que, para ser incluidos en él, las empresas deban acreditar unos mínimos de plantilla, equipamiento y tutoría de prácticas, así como un sistema que garantice la “trazabilidad” de las prácticas.
