El argumento oficial para no aceptar esos créditos es que nos podemos financiar más baratos en los mercados, aunque la realidad de la decisión es otra
Tanto presumir por parte del marido de Begoña y de su Gobierno de aquel logro histórico, el de los miles de millones de euros que nos iban a llegar en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se puso en marcha tras la pandemia, y ahora resulta que vamos a renunciar a 60.400 millones de euros correspondientes a los préstamos. El argumento oficial es que nos podemos financiar más baratos en los mercados. Supongo que será así, aunque cualquiera se fía de este grupo de ministros sanchistas, incluido el de Economía, que pasa por ser uno de los pocos presentables.. Sin embargo, la realidad de lo que ha sucedido durante los últimos años nos alerta de una situación completamente diferente y que se puede resumir en la siguiente afirmación: la incapacidad del Gobierno y de la Administración española para gastar la ingente cantidad de dinero que se puso a nuestra disposición tanto en ayudas directas como en créditos (los que ahora no se van a utilizar).. Hace ya tiempo que miembros del actual Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, me advirtieron de la huida de estos profesionales de los puestos en los que se debían gestionar y firmar estas ayudas. Y lo hacían por el temor antes las presiones políticas, por un lado, y también por las posibles actuaciones ante los tribunales, por otro, con el paso del tiempo. En resumidas cuentas, que nadie quería firmar y responsabilizarse de los diferentes expedientes. Eso ha provocado la parálisis de muchos procedimientos y que esos fondos no hayan llegado de forma directa a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y autónomos. Se han terminado canalizando a través de empresas públicas y diferentes administraciones, pasando, por ejemplo, por Ayuntamientos y Diputaciones. Lo único que se ha notado eran las que bien pueden calificarse de limosnas del kit digital, y eso con muchos matices, dificultades y trabas burocráticas.. En todo lo que ha sucedido se ha puesto de manifiesto la existencia de un tapón administrativo muy difícil de sortear. Para mí que aquí es donde radica la verdadera causa de la renuncia a esos más de 60.000 millones de euros en calidad de préstamos. Alguna vez habrá que ponerse con lo de la ineficacia de las diferentes administraciones, que están pidiendo a gritos una reforma en profundidad.
Tanto presumir por parte del marido de Begoña y de su Gobierno de aquel logro histórico, el de los miles de millones de euros que nos iban a llegar en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se puso en marcha tras la pandemia, y ahora resulta que vamos a renunciar a 60.400 millones de euros correspondientes a los préstamos. El argumento oficial es que nos podemos financiar más baratos en los mercados. Supongo que será así, aunque cualquiera se fía de este grupo de ministros sanchistas, incluido el de Economía, que pasa por ser uno de los pocos presentables.. Sin embargo, la realidad de lo que ha sucedido durante los últimos años nos alerta de una situación completamente diferente y que se puede resumir en la siguiente afirmación: la incapacidad del Gobierno y de la Administración española para gastar la ingente cantidad de dinero que se puso a nuestra disposición tanto en ayudas directas como en créditos (los que ahora no se van a utilizar).. Hace ya tiempo que miembros del actual Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, me advirtieron de la huida de estos profesionales de los puestos en los que se debían gestionar y firmar estas ayudas. Y lo hacían por el temor antes las presiones políticas, por un lado, y también por las posibles actuaciones ante los tribunales, por otro, con el paso del tiempo. En resumidas cuentas, que nadie quería firmar y responsabilizarse de los diferentes expedientes. Eso ha provocado la parálisis de muchos procedimientos y que esos fondos no hayan llegado de forma directa a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y autónomos. Se han terminado canalizando a través de empresas públicas y diferentes administraciones, pasando, por ejemplo, por Ayuntamientos y Diputaciones. Lo único que se ha notado eran las que bien pueden calificarse de limosnas del kit digital, y eso con muchos matices, dificultades y trabas burocráticas.. En todo lo que ha sucedido se ha puesto de manifiesto la existencia de un tapón administrativo muy difícil de sortear. Para mí que aquí es donde radica la verdadera causa de la renuncia a esos más de 60.000 millones de euros en calidad de préstamos. Alguna vez habrá que ponerse con lo de la ineficacia de las diferentes administraciones, que están pidiendo a gritos una reforma en profundidad.
