La segunda jornada del I Congreso de Extranjería organizada por el Icogam volvió a poner de manifiesto que la relación entre los profesionales del derecho y la administración pública española está en un momento de profunda transformación. Ambos planos subrayaron los retos compartidos en materia de trata de personas, inmigración, digitalización y la necesidad de una colaboración «público-privada real, fluida y con capacidad ejecutiva» que mejore un servicio que afecta a millones de personas.
El encuentro permitió conocer la labor de la unidad de Fiscalía dedicada a la persecución de delitos vinculados a la trata de seres humanos, la prostitución y la inmigración ilegal. «Nos encargamos de la persecución de delitos que tienen como colectivo principal de víctimas a personas extranjeras en situación de especial vulnerabilidad», explicó Jaime Luaces Masaveu, Fiscal adscrito a la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la FGE (Fiscalía General del Estado). En su intervención, subrayó que, aunque el trabajo es mayoritariamente penal, en ocasiones se aplican artículos de la Ley de Extranjería. El fiscal describió la estructura de fiscalías especializadas que se ha consolidado en España en la última década, coordinadas a nivel nacional por un fiscal de Sala. Al hablar de su experiencia, confesó que, tras 25 años en la carrera, «los últimos cinco han sido los más duros porque vemos cosas que pensábamos que ya no existían».
El fiscal abordó con crudeza el delito de trata de seres humanos, cuya clave es «el desarraigo: víctimas que llegan sin vínculos, sin idioma, endeudadas con los tratantes por billetes y documentos, bajo amenazas de expulsión si denuncian». También clarificó el marco legal de la prostitución en España, que se mueve en una «zona alegal» y cuya persecución penal se centra en la coacción, el lucro a costa de personas vulnerables y cualquier facilitación que implique a menores. Un bloque técnico importante se dedicó al delito de inmigración ilegal del artículo 318 bis del Código Penal, destacando un gran «problema probatorio» para determinar la responsabilidad entre el extranjero y el despacho profesional que presenta documentación falsa.
Tras ello, se produjo una mesa redonda, en la que profesionales del derecho y la gestoría administrativa abordaron los retos en su relación con la Administración. En ella participaron Fernando Jesús Santiago Ollero, Presidente del CGCGAE y Salvador González Martín, Presidente del CGAE, con la moderación de Carlos Mora Almudí, Director Técnico del I Congreso Nacional de Extranjería del ICOGAM. González Martín criticó la falta de un reconocimiento real del papel de los profesionales. «La relación que los colegios, los consejos, debemos tener con la administración tiene que mejorar. Creo que se nos ve como un interlocutor en momentos puntuales que pueden ser interesantes, pero no son conscientes de lo que representamos», afirmó. Ilustró su queja con una campaña institucional que, tras pedirles colaboración, afirmaba en redes sociales que «no hace falta un abogado para abordar este procedimiento de extranjería».
Santiago Ollero fue aún más contundente, denunciando la lentitud de los avances. «Se avanza muy lento, demasiado lento para lo que necesita y demanda la ciudadanía. Llevamos años presionando por continuar tal y como veníamos tratando los expedientes de extranjería, y nos lo quisieron quitar cuando modificaron la regularización de inmigrantes. Pero al ser un proyecto transversal, éramos una pieza inamovible del engranaje», sentenció. Criticó que los procesos de digitalización se diseñan desde la lógica del informático «en lugar de hablar con el que está en la ventanilla, tanto el que está fuera como el que está dentro». Además, calificó el sistema de cita previa como «un fiasco» que «nació como un instrumento al servicio de la ciudadanía y se ha convertido en un obstáculo». También recordó los intentos de eliminar los colegios profesionales, advirtiendo que dentro de la administración «hay un gran polo de detractores que, en lugar de vernos como colaboradores, nos ven como enemigos».
Durante la sesión también se aprovechó para alertar sobre los peligros de una digitalización mal gestionada. «Se está construyendo un sistema tecnológico en las administraciones que está descuidando los derechos y garantías de los ciudadanos», advirtió el Presidente del CGCGAE. Denunció cómo el acceso al expediente administrativo, un derecho consolidado, se ve ahora limitado. «Si yo, como profesional o como ciudadano, ese día no tengo acceso a internet, a mi ordenador, a mi firma digital, yo tengo que poder hacerlo como siempre, yéndome a la administración y viendo el expediente», subrayó, concluyendo que los derechos constitucionales «se nos están quitando, no con el reglamento, sino con el software».
Finalmente, Fernando Santiago propuso tres medidas clave: un «canal permanente de colaboración» con capacidad ejecutiva, una mejora sustancial en el acceso a los expedientes y el refuerzo del colaborador social. Criticó que los foros actuales son ineficaces porque los funcionarios asisten sin poder de decisión. «Nosotros vamos a esos foros y mandamos lo más granado, con capacidad ejecutiva […]. Y claro, ¿si pides algo? La contestación es: ‘tenemos que consultarlo’», lamentó. El mensaje final de la mesa fue un recordatorio de la dimensión humana de estos procesos: «Detrás de un expediente hay un ser humano. Y si hay una persona, hay una inquietud que hay que resolver». Finalizó la mesa redonda con un mensaje claro para los asistentes: solicitando una colaboración público-privada más fluida.
Integración en sentido amplio
La última mesa redonda contó con la participación de Amaia Elizalde Belascoain, de la Fundación Tent en España; Mónica López, Directora General en CEAR; Mar Romero, directora de personas y ASG en Alsea y Mariam García, Jefa de Área de Orientación e Intermediación Laboral de la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid; con la moderación de Pilar Otero Moar, Vicepresidenta segunda del CGCGAE. Durante la conversación, todas estas expertas abordaron cuestiones tan importantes sobre cómo se integra a las personas refugiadas en el panorama laboral de nuestro país, teniendo que tener en cuenta aspectos tan diversos y amplios como la dificultad que algunas de estas personas refugiadas pueden tener con el idioma hasta la certificación de los estudios con los que muchas de ellas aterrizan en nuestro país. Las profesionales tampoco se olvidaron de las cuestiones de la digitalización, que puede ser, sin quererlo, otra de las barreras a las que se enfrentan, especialmente si las personas tienen más edad.
Por eso, todas ellas subrayaron también la necesidad de colaboración entre empresas privadas y organizaciones públicas. El reto, para todas ellas, es conseguir que el empleo que consigan estas personas refugiadas sea sostenible a largo plazo. Porque, tal y como concluyeron, la integración laboral es necesaria para la integración social.
Hasta una sexta edición
El encuentro finalizó con las palabras de agradecimiento del presidente, tanto a participantes como a asistentes y patrocinadores. Fernando Jesús Santiago Ollero confirmó no solo que habrá otro congreso sobre extranjería el año que viene, sino que hay comprometidas ya hasta la sexta edición de este formato
«Ha sido un congreso diferente a otros, Queríamos ver las visiones que tienen las autoridades en las políticas gubernamentales», señalaba el organizador para concluir unas jornadas que han puesto luz en un debate todavía oscuro.
La segunda jornada del I Congreso de Extranjería organizada por el Icogam volvió a poner de manifiesto que la relación entre los profesionales del derecho y la administración pública española está en un momento de profunda transformación. Ambos planos subrayaron los retos compartidos en materia de trata de personas, inmigración, digitalización y la necesidad de una colaboración «público-privada real, fluida y con capacidad ejecutiva» que mejore un servicio que afecta a millones de personas. El encuentro permitió conocer la labor de la unidad de Fiscalía dedicada a la persecución de delitos vinculados a la trata de seres humanos, la prostitución y la inmigración ilegal. «Nos encargamos de la persecución de delitos que tienen como colectivo principal de víctimas a personas extranjeras en situación de especial vulnerabilidad», explicó Jaime Luaces Masaveu, Fiscal adscrito a la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la FGE (Fiscalía General del Estado). En su intervención, subrayó que, aunque el trabajo es mayoritariamente penal, en ocasiones se aplican artículos de la Ley de Extranjería. El fiscal describió la estructura de fiscalías especializadas que se ha consolidado en España en la última década, coordinadas a nivel nacional por un fiscal de Sala. Al hablar de su experiencia, confesó que, tras 25 años en la carrera, «los últimos cinco han sido los más duros porque vemos cosas que pensábamos que ya no existían». El fiscal abordó con crudeza el delito de trata de seres humanos, cuya clave es «el desarraigo: víctimas que llegan sin vínculos, sin idioma, endeudadas con los tratantes por billetes y documentos, bajo amenazas de expulsión si denuncian». También clarificó el marco legal de la prostitución en España, que se mueve en una «zona alegal» y cuya persecución penal se centra en la coacción, el lucro a costa de personas vulnerables y cualquier facilitación que implique a menores. Un bloque técnico importante se dedicó al delito de inmigración ilegal del artículo 318 bis del Código Penal, destacando un gran «problema probatorio» para determinar la responsabilidad entre el extranjero y el despacho profesional que presenta documentación falsa. Tras ello, se produjo una mesa redonda, en la que profesionales del derecho y la gestoría administrativa abordaron los retos en su relación con la Administración. En ella participaron Fernando Jesús Santiago Ollero, Presidente del CGCGAE y Salvador González Martín, Presidente del CGAE, con la moderación de Carlos Mora Almudí, Director Técnico del I Congreso Nacional de Extranjería del ICOGAM. González Martín criticó la falta de un reconocimiento real del papel de los profesionales. «La relación que los colegios, los consejos, debemos tener con la administración tiene que mejorar. Creo que se nos ve como un interlocutor en momentos puntuales que pueden ser interesantes, pero no son conscientes de lo que representamos», af
El I Congreso de Extranjería reclama una colaboración público-privada efectiva para afrontar la digitalización, la integración y mejorar la atención ciudadana
La segunda jornada del I Congreso de Extranjería organizada por el Icogam volvió a poner de manifiesto que la relación entre los profesionales del derecho y la administración pública española está en un momento de profunda transformación. Ambos planos subrayaron los retos compartidos en materia de trata de personas, inmigración, digitalización y la necesidad de una colaboración «público-privada real, fluida y con capacidad ejecutiva» que mejore un servicio que afecta a millones de personas.El encuentro permitió conocer la labor de la unidad de Fiscalía dedicada a la persecución de delitos vinculados a la trata de seres humanos, la prostitución y la inmigración ilegal. «Nos encargamos de la persecución de delitos que tienen como colectivo principal de víctimas a personas extranjeras en situación de especial vulnerabilidad», explicó Jaime Luaces Masaveu, Fiscal adscrito a la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la FGE (Fiscalía General del Estado). En su intervención, subrayó que, aunque el trabajo es mayoritariamente penal, en ocasiones se aplican artículos de la Ley de Extranjería. El fiscal describió la estructura de fiscalías especializadas que se ha consolidado en España en la última década, coordinadas a nivel nacional por un fiscal de Sala. Al hablar de su experiencia, confesó que, tras 25 años en la carrera, «los últimos cinco han sido los más duros porque vemos cosas que pensábamos que ya no existían».El fiscal abordó con crudeza el delito de trata de seres humanos, cuya clave es «el desarraigo: víctimas que llegan sin vínculos, sin idioma, endeudadas con los tratantes por billetes y documentos, bajo amenazas de expulsión si denuncian». También clarificó el marco legal de la prostitución en España, que se mueve en una «zona alegal» y cuya persecución penal se centra en la coacción, el lucro a costa de personas vulnerables y cualquier facilitación que implique a menores. Un bloque técnico importante se dedicó al delito de inmigración ilegal del artículo 318 bis del Código Penal, destacando un gran «problema probatorio» para determinar la responsabilidad entre el extranjero y el despacho profesional que presenta documentación falsa. Tras ello, se produjo una mesa redonda, en la que profesionales del derecho y la gestoría administrativa abordaron los retos en su relación con la Administración. En ella participaron Fernando Jesús Santiago Ollero, Presidente del CGCGAE y Salvador González Martín, Presidente del CGAE, con la moderación de Carlos Mora Almudí, Director Técnico del I Congreso Nacional de Extranjería del ICOGAM. González Martín criticó la falta de un reconocimiento real del papel de los profesionales. «La relación que los colegios, los consejos, debemos tener con la administración tiene que mejorar. Creo que se nos ve como un interlocutor en momentos puntuales que pueden ser interesantes, pero no son conscientes de lo que represen
