El aumento de cotizaciones y del Salario Mínimo encarece el empleo más que los salarios y reduce la competitividad de los pequeños negocios
Los autónomos y las pymes son pilares esenciales del tejido productivo y económico de España, pero son cada vez menos quienes se animan a emprender o trabajar por cuenta propia debido al elevado coste de mantener su actividad. En los últimos años, los generadores de empleo han tenido que adaptarse a un incremento sostenido de las cargas laborales, fiscales y regulatorias, lo que ha hecho que crear empleo se haya vuelto más caro. Según el último informe de la Fundación Civismo, los costes laborales no salariales —principalmente cotizaciones sociales— han aumentado cerca de un 28% en la última década, superando el crecimiento de los salarios, que se sitúa en torno al 22%.. El estudio, elaborado por el Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (Casme), identifica múltiples factores detrás de este encarecimiento. Entre ellos destacan las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2018 (+61%), el aumento de las bases de cotización, la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la erosión de las deducciones familiares y reducción de beneficios fiscales ligados al empleo y el impacto de la inflación. «Los costes laborales han subido mucho y están desincentivando la creación de puestos de trabajo, especialmente entre las pymes», explica Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo; y asegura que «hay empresas que han decidido pasar de cinco trabajadores a cuatro».. El informe señala que este encarecimiento no es resultado de una única medida, sino de un proceso acumulativo. Desde 2015 hasta 2025, las bases mínimas de cotización han subido un 75% y las máximas un 34%, elevando los costes de los trabajadores con salarios más altos. Además, el MEI, un recargo permanente sobre las cotizaciones, alcanza ya el 0,8% en 2025. Esto, en términos reales, supone entre 100 y 150 euros anuales por trabajador de salario medio, cifra que se duplicará cuando alcance el 1,2% previsto.. Todos estos factores sitúan al país entre los de mayor carga directa sobre el factor trabajo dentro de la OCDE. Esto, sumado a la productividad estancada y costes administrativos crecientes produce un entorno menos competitivo y con mayor dependencia del empleo temporal o de baja cualificación en nuestro país, tal y como muestra el informe.. El impacto sobre los autónomos y pymes es especialmente relevante. El coste laboral medio por trabajador en el segundo trimestre de 2025 se situó en 3.256 euros al mes, de los cuales, 2.416 euros corresponden al salario y 840 euros a otros costes, principalmente cotizaciones sociales. Esto significa que más de una cuarta parte de lo que paga el empleador no llega al trabajador.. «El pequeño empresario soporta (estos sobrecostes) con pérdida de productividad y competitividad», señala Guivernau. En la última década, la productividad por hora trabajada apenas ha crecido un 1,7% al año, mientras que los costes laborales unitarios lo hicieron un 2,5%, lo que genera una pérdida acumulada de competitividad de más de ocho puntos frente a la media de la eurozona.. Además, las pymes y autónomos tienen una capacidad limitada para trasladar estos costes al consumidor. «Cuando los costes crecen más rápido que la productividad, se pierde competitividad, y eso se acaba notando en cierres de negocios y pérdida de autónomos», insiste Guivernau. Este escenario afecta especialmente a las pymes, que representan más del 95% del tejido productivo y concentran buena parte del empleo asalariado en España.. El informe también destaca que la cuña fiscal sobre el trabajo en España, que mide la diferencia entre lo que paga la empresa por un empleado y lo que este recibe neto, alcanza el 40,6%, muy por encima de la media de la OCDE (34,9%). Este nivel se sitúa entre los más altos de Europa, pese a que los salarios y la productividad son relativamente bajos.. La paradoja es que España registra una presión fiscal cercana al 38% del PIB, similar a la de países como Francia, Bélgica o Dinamarca, pero con una renta per cápita aproximadamente un 13% inferior a la media europea. Esto se traduce en un esfuerzo fiscal desproporcionadamente alto para empresas y trabajadores.. «El riesgo es volver cronifico, un modelo en el que el empleo formal se encarece cada año sin que mejore el retorno económico», resumió Guivernau. «En ese contexto, crear empleo se convierte más en un ejercicio de resistencia que de crecimiento». Mientras no se corrija la brecha entre costes laborales y productividad, autónomos y pymes seguirán cargando con la mayor parte del peso del mercado laboral.. Ante este escenario de elevada presión fiscal, muchas pymes deciden recurrir a vías de menor carga fiscal o contributiva, es decir, a la economía sumergida. «A la empresa le cuesta prácticamente el doble si lo hace legal que si lo hace ilegal, y para el trabajador también, porque le van a detraer una parte de IRPF que si lo hace de forma informal no se la van a detraer».
Los autónomos y las pymes son pilares esenciales del tejido productivo y económico de España, pero son cada vez menos quienes se animan a emprender o trabajar por cuenta propia debido al elevado coste de mantener su actividad. En los últimos años, los generadores de empleo han tenido que adaptarse a un incremento sostenido de las cargas laborales, fiscales y regulatorias, lo que ha hecho que crear empleo se haya vuelto más caro. Según el último informe de la Fundación Civismo, los costes laborales no salariales —principalmente cotizaciones sociales— han aumentado cerca de un 28% en la última década, superando el crecimiento de los salarios, que se sitúa en torno al 22%.. El estudio, elaborado por el Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (Casme), identifica múltiples factores detrás de este encarecimiento. Entre ellos destacan las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2018 (+61%), el aumento de las bases de cotización, la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la erosión de las deducciones familiares y reducción de beneficios fiscales ligados al empleo y el impacto de la inflación. «Los costes laborales han subido mucho y están desincentivando la creación de puestos de trabajo, especialmente entre las pymes», explica Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo; y asegura que «hay empresas que han decidido pasar de cinco trabajadores a cuatro».. El informe señala que este encarecimiento no es resultado de una única medida, sino de un proceso acumulativo. Desde 2015 hasta 2025, las bases mínimas de cotización han subido un 75% y las máximas un 34%, elevando los costes de los trabajadores con salarios más altos. Además, el MEI, un recargo permanente sobre las cotizaciones, alcanza ya el 0,8% en 2025. Esto, en términos reales, supone entre 100 y 150 euros anuales por trabajador de salario medio, cifra que se duplicará cuando alcance el 1,2% previsto.. Todos estos factores sitúan al país entre los de mayor carga directa sobre el factor trabajo dentro de la OCDE. Esto, sumado a la productividad estancada y costes administrativos crecientes produce un entorno menos competitivo y con mayor dependencia del empleo temporal o de baja cualificación en nuestro país, tal y como muestra el informe.. El impacto sobre los autónomos y pymes es especialmente relevante. El coste laboral medio por trabajador en el segundo trimestre de 2025 se situó en 3.256 euros al mes, de los cuales, 2.416 euros corresponden al salario y 840 euros a otros costes, principalmente cotizaciones sociales. Esto significa que más de una cuarta parte de lo que paga el empleador no llega al trabajador.. «El pequeño empresario soporta (estos sobrecostes) con pérdida de productividad y competitividad», señala Guivernau. En la última década, la productividad por hora trabajada apenas ha crecido un 1,7% al año, mientras que los costes laborales unitarios lo hicieron un 2,5%, lo que genera una pérdida acumulada de competitividad de más de ocho puntos frente a la media de la eurozona.. Además, las pymes y autónomos tienen una capacidad limitada para trasladar estos costes al consumidor. «Cuando los costes crecen más rápido que la productividad, se pierde competitividad, y eso se acaba notando en cierres de negocios y pérdida de autónomos», insiste Guivernau. Este escenario afecta especialmente a las pymes, que representan más del 95% del tejido productivo y concentran buena parte del empleo asalariado en España.. El informe también destaca que la cuña fiscal sobre el trabajo en España, que mide la diferencia entre lo que paga la empresa por un empleado y lo que este recibe neto, alcanza el 40,6%, muy por encima de la media de la OCDE (34,9%). Este nivel se sitúa entre los más altos de Europa, pese a que los salarios y la productividad son relativamente bajos.. La paradoja es que España registra una presión fiscal cercana al 38% del PIB, similar a la de países como Francia, Bélgica o Dinamarca, pero con una renta per cápita aproximadamente un 13% inferior a la media europea. Esto se traduce en un esfuerzo fiscal desproporcionadamente alto para empresas y trabajadores.. «El riesgo es volver cronifico, un modelo en el que el empleo formal se encarece cada año sin que mejore el retorno económico», resumió Guivernau. «En ese contexto, crear empleo se convierte más en un ejercicio de resistencia que de crecimiento». Mientras no se corrija la brecha entre costes laborales y productividad, autónomos y pymes seguirán cargando con la mayor parte del peso del mercado laboral.. Ante este escenario de elevada presión fiscal, muchas pymes deciden recurrir a vías de menor carga fiscal o contributiva, es decir, a la economía sumergida. «A la empresa le cuesta prácticamente el doble si lo hace legal que si lo hace ilegal, y para el trabajador también, porque le van a detraer una parte de IRPF que si lo hace de forma informal no se la van a detraer».
