Hay imágenes que un país decente no debería necesitar para enterarse de lo que ya sabía. Maricarmen Abascal, 87 años, discapacidad, silla de ruedas, saliendo en camilla el 23 de septiembre del portal de la calle Alcalde Sáinz de Baranda después de setenta y un años entre aquellas paredes. Quien no sienta un nudo en la garganta ante esa escena no tiene patria: tiene un argumentario.. Dicho esto —y hay que decirlo antes de que el cinismo de unos y el sentimentalismo de otros lo impidan—, Maricarmen no es un decreto. Es una mujer. Y una mujer no se gobierna con un titular, ni se rescata con una acampada, ni se explota como munición contra el adversario de la semana. Lo que hemos visto estos días no es solo un desahucio. Es la demostración de que España ha perdido la capacidad de distinguir entre compasión y política, entre un drama concreto y una doctrina general, entre proteger al vulnerable y dinamitar la seguridad jurídica de quien pone un techo en alquiler.. La propia Maricarmen, horas antes de que la Policía Nacional ejecutara una orden judicial —sí: judicial, no de Ayuso, no de Almeida, no de un fondo con nombre de villano de tebeo—, respondió en TVE a quién responsabilizaba. Dijo Pedro Sánchez. Dijo que no se entera de la cantidad de desahucios diarios, o que no quiere enterarse. Después nombró a Ayuso y a Almeida. Después, al propietario. Quien recorte esa frase para que solo sobreviva el trozo que le conviene no está defendiendo a una anciana: está fabricando un tótem.. Porque el dato incómodo, el que no cabe en la pancarta, es este: el lanzamiento se produce al cuarto intento, tras años de litigio, con sentencia firme. El edificio cambió de manos en 2018. La renta antigua, concebida en otro siglo para otro país, choca con un mercado que el propio Gobierno ha intervenido, asustado y encogido durante ocho años. Resultado: menos oferta, más tensión, más “Maricármenes”. No es un misterio. Es aritmética.. Sánchez prometió en 2019 que con un Gobierno socialista no habría desahucios sin alternativa habitacional. Han pasado ocho años, más de 1,7 billones de deuda pública y decenas de miles de lanzamientos. Desde Nueva York habló de «tragedia social» y señaló a Madrid. Sumar pidió expropiar el piso. El Sindicato de Inquilinas convirtió a la mujer en consigna y exigió un «decreto Maricarmen» para el martes. El propietario sostiene que, sin el aparato de presión, habría habido acuerdo. Usted elija qué parte de ese relato le parece piedad y cuál le parece ingeniería política.. Y, sin embargo, anoche ocurrió lo que ningún real decreto-ley suele producir: un pacto. Tras cuatro horas y media de mediación en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Urbagestión y la representación de Maricarmen acordaron un contrato de ocho años al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con una renta que no superará el 30 por ciento de sus ingresos netos —en la práctica, una cifra similar a los unos 500 euros que ya pagaba—. El Ayuntamiento había rechazado encajar el piso en el programa Reviva para no forzar la ley. Prefirió sentar a las partes. Maricarmen sigue en el Gregorio Marañón y el acuerdo espera su firma. Si lo ratifica, volverá a su casa al alta. No por expropiación. No por grito. Por contrato.. Eso no absuelve a nadie de la crudeza de la camilla. Absuelve, si acaso, a la evidencia: cuando hay mediación real, alternativa concreta y respeto al título de propiedad, el drama deja de ser dogma. El propietario no desaparece. La anciana no se convierte en consigna. El Estado no finge que un folio en el BOE construye pisos.. Hoy, martes 29, el Consejo de Ministros vuelve a la liturgia del real decreto-ley: urgencia, foto, amenaza a los socios, pulso con Junts, bronca con el PP. El texto que se negocia —prórroga de alquileres hasta 2028, suspensión de lanzamientos de vulnerables sin alternativa, créditos ICO, IVA a pisos turísticos, bonificaciones a quien baje la renta— llega con el nombre de Maricarmen bordado en la solapa. Sumar dice que el acuerdo «todavía no está cerca». Junts avisa de que el borrador se ha convertido en ómnibus y deja al pequeño propietario al mismo nivel que el fondo. En Sol, la acampada entra en su tercera noche: alegría por el pacto de anoche y exigencia de que el decreto salga «hasta el final». Como si el problema de España fuera la escasez de decretos y no la escasez de casas.. No niego la vulnerabilidad. La reconozco mucho más que quienes llevan años protegiendo la okupación, asustando al pequeño propietario y llamando «fondo buitre» a cualquiera que no acepte perder la propiedad por agotamiento. Una nación que no es capaz de alojar con dignidad a una octogenaria y, al mismo tiempo, de garantizar que un contrato significa lo que dice, no tiene un problema de vivienda. Tiene un problema de Estado.. La vivienda no se decreta. Se construye. Se alquila cuando el que alquila no teme que el inquilino —o el sindicato que lo representa— se convierta en un litigio eterno. Se protege al débil con alternativa real, no con la destrucción del derecho de quien invirtió, ahorró o heredó un inmueble.. Hay camino, y no pasa por convertir cada desahucio en altar ni cada camilla en pretexto presupuestario. Pasa por generalizar lo que anoche funcionó en Madrid: intermediación pública antes del lanzamiento, no cuando la ambulancia ya ha cerrado la puerta. Pasa por ayudas directas a la renta de quien no puede pagar, para que el contrato se sostenga en lugar de romperse. Pasa por incentivos fiscales serios —no eslóganes— al propietario que acepte un alquiler asequible y largo. Pasa por compensación automática al casero particular si la Administración decide congelar un desahucio por razón social, porque la piedad de todos no puede cargarse sobre el bolsillo de uno. Y pasa, sobre todo, por suelo, licencias y vivienda a escala: lo único que baja precios de verdad.. Lo que no hay es excusa. Un Gobierno que lleva ocho años descubriendo la vivienda cada vez que hay una cámara ha tenido tiempo —y ha tenido dinero— para casi todo lo demás: subvenciones clientelares, chiringuitos, propaganda, rescates ideológicos y un rosario de transferencias que no construyen un piso ni devuelven la confianza a quien ahorró, trabajó o heredó cuatro paredes. Mientras tanto, la propiedad se ha convertido en sospecha, el contrato en papel mojado y el esfuerzo en un detalle molesto. Se protege al que ocupa y se interroga al que alquila. Se legisla contra el que pone el techo y se dramatiza, después, la escasez que esa misma legislación produce. No es incoherencia. Es método: desproteger el trabajo, el ahorro y el título de dominio hasta que solo quede el Estado como arrendador moral, y el decreto como sucedáneo de casa.. Un juez que cumple no es crueldad. Es el único suelo sobre el que puede construirse la misericordia sin que deje de haber quien alquile mañana. Un Ejecutivo que gasta a manos llenas en lo accesorio y titubea ante lo esencial no está defendiendo a Maricarmen. Está entrenando al país para creer que el problema nunca es la falta de casas, ni la falta de rigor, ni la falta de respeto a quien produce: el problema, siempre, es el propietario. Y esa mentira sale cara. La pagan primero los que tienen un piso. La pagan después los que ya no encuentran ninguno.. Maricarmen merece techo, cuidado y respeto. Lo merecía el martes 23, antes de la camilla, y lo merece ahora, en el Gregorio Marañón, mientras decide si firma el contrato que le abre de nuevo la puerta de Sáinz de Baranda. Lo que no merece es ser el pretexto con el que un Gobierno que lleva ocho años sin resolver la vivienda pretende, de pronto, aparecer como su redentor. Ni ser el ariete con el que se pretende enseñar a España que la propiedad es sospechosa y la calle, fuente de derecho.. La piedad sin legalidad es capricho. La legalidad sin piedad es dureza. Un país adulto sostiene las dos. El nuestro, estos días, ha preferido el grito. Y el grito, ya lo sabe usted, no paga el alquiler de nadie. Solo entrena a una sociedad para creer que el problema siempre es el otro y la solución, siempre, un decreto con nombre de víctima.. España no necesita más altares mediáticos. Necesita casas, jueces que cumplan, administraciones que no se escondan y una sociedad civil que ayude de verdad —con techo, con mediación, con recursos— en lugar de convertir cada drama en combustible. Maricarmen ya ha pagado el precio de nuestra frivolidad. Que no lo paguen las personas que vienen detrás.. Ignacio Trillo Arespacochaga, es miembro de la junta directiva de la Asociación Pie en Pared, de la Fundación Foro Libertad y Alternativa y de SCE.
Necesita un país que no convierta la piedad en arma y la legalidad en sospecha
Hay imágenes que un país decente no debería necesitar para enterarse de lo que ya sabía. Maricarmen Abascal, 87 años, discapacidad, silla de ruedas, saliendo en camilla el 23 de septiembre del portal de la calle Alcalde Sáinz de Baranda después de setenta y un años entre aquellas paredes. Quien no sienta un nudo en la garganta ante esa escena no tiene patria: tiene un argumentario.. Dicho esto —y hay que decirlo antes de que el cinismo de unos y el sentimentalismo de otros lo impidan—, Maricarmen no es un decreto. Es una mujer. Y una mujer no se gobierna con un titular, ni se rescata con una acampada, ni se explota como munición contra el adversario de la semana. Lo que hemos visto estos días no es solo un desahucio. Es la demostración de que España ha perdido la capacidad de distinguir entre compasión y política, entre un drama concreto y una doctrina general, entre proteger al vulnerable y dinamitar la seguridad jurídica de quien pone un techo en alquiler.. La propia Maricarmen, horas antes de que la Policía Nacional ejecutara una orden judicial —sí: judicial, no de Ayuso, no de Almeida, no de un fondo con nombre de villano de tebeo—, respondió en TVE a quién responsabilizaba. Dijo Pedro Sánchez. Dijo que no se entera de la cantidad de desahucios diarios, o que no quiere enterarse. Después nombró a Ayuso y a Almeida. Después, al propietario. Quien recorte esa frase para que solo sobreviva el trozo que le conviene no está defendiendo a una anciana: está fabricando un tótem.. Porque el dato incómodo, el que no cabe en la pancarta, es este: el lanzamiento se produce al cuarto intento, tras años de litigio, con sentencia firme. El edificio cambió de manos en 2018. La renta antigua, concebida en otro siglo para otro país, choca con un mercado que el propio Gobierno ha intervenido, asustado y encogido durante ocho años. Resultado: menos oferta, más tensión, más “Maricármenes”. No es un misterio. Es aritmética.. Sánchez prometió en 2019 que con un Gobierno socialista no habría desahucios sin alternativa habitacional. Han pasado ocho años, más de 1,7 billones de deuda pública y decenas de miles de lanzamientos. Desde Nueva York habló de «tragedia social» y señaló a Madrid. Sumar pidió expropiar el piso. El Sindicato de Inquilinas convirtió a la mujer en consigna y exigió un «decreto Maricarmen» para el martes. El propietario sostiene que, sin el aparato de presión, habría habido acuerdo. Usted elija qué parte de ese relato le parece piedad y cuál le parece ingeniería política.. Y, sin embargo, anoche ocurrió lo que ningún real decreto-ley suele producir: un pacto. Tras cuatro horas y media de mediación en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Urbagestión y la representación de Maricarmen acordaron un contrato de ocho años al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con una renta que no superará el 30 por ciento de sus ingresos netos —en la práctica, una cifra similar a los unos 500 euros que ya pagaba—. El Ayuntamiento había rechazado encajar el piso en el programa Reviva para no forzar la ley. Prefirió sentar a las partes. Maricarmen sigue en el Gregorio Marañón y el acuerdo espera su firma. Si lo ratifica, volverá a su casa al alta. No por expropiación. No por grito. Por contrato.. Eso no absuelve a nadie de la crudeza de la camilla. Absuelve, si acaso, a la evidencia: cuando hay mediación real, alternativa concreta y respeto al título de propiedad, el drama deja de ser dogma. El propietario no desaparece. La anciana no se convierte en consigna. El Estado no finge que un folio en el BOE construye pisos.. Hoy, martes 29, el Consejo de Ministros vuelve a la liturgia del real decreto-ley: urgencia, foto, amenaza a los socios, pulso con Junts, bronca con el PP. El texto que se negocia —prórroga de alquileres hasta 2028, suspensión de lanzamientos de vulnerables sin alternativa, créditos ICO, IVA a pisos turísticos, bonificaciones a quien baje la renta— llega con el nombre de Maricarmen bordado en la solapa. Sumar dice que el acuerdo «todavía no está cerca». Junts avisa de que el borrador se ha convertido en ómnibus y deja al pequeño propietario al mismo nivel que el fondo. En Sol, la acampada entra en su tercera noche: alegría por el pacto de anoche y exigencia de que el decreto salga «hasta el final». Como si el problema de España fuera la escasez de decretos y no la escasez de casas.. No niego la vulnerabilidad. La reconozco mucho más que quienes llevan años protegiendo la okupación, asustando al pequeño propietario y llamando «fondo buitre» a cualquiera que no acepte perder la propiedad por agotamiento. Una nación que no es capaz de alojar con dignidad a una octogenaria y, al mismo tiempo, de garantizar que un contrato significa lo que dice, no tiene un problema de vivienda. Tiene un problema de Estado.. La vivienda no se decreta. Se construye. Se alquila cuando el que alquila no teme que el inquilino —o el sindicato que lo representa— se convierta en un litigio eterno. Se protege al débil con alternativa real, no con la destrucción del derecho de quien invirtió, ahorró o heredó un inmueble.. Hay camino, y no pasa por convertir cada desahucio en altar ni cada camilla en pretexto presupuestario. Pasa por generalizar lo que anoche funcionó en Madrid: intermediación pública antes del lanzamiento, no cuando la ambulancia ya ha cerrado la puerta. Pasa por ayudas directas a la renta de quien no puede pagar, para que el contrato se sostenga en lugar de romperse. Pasa por incentivos fiscales serios —no eslóganes— al propietario que acepte un alquiler asequible y largo. Pasa por compensación automática al casero particular si la Administración decide congelar un desahucio por razón social, porque la piedad de todos no puede cargarse sobre el bolsillo de uno. Y pasa, sobre todo, por suelo, licencias y vivienda a escala: lo único que baja precios de verdad.. Lo que no hay es excusa. Un Gobierno que lleva ocho años descubriendo la vivienda cada vez que hay una cámara ha tenido tiempo —y ha tenido dinero— para casi todo lo demás: subvenciones clientelares, chiringuitos, propaganda, rescates ideológicos y un rosario de transferencias que no construyen un piso ni devuelven la confianza a quien ahorró, trabajó o heredó cuatro paredes. Mientras tanto, la propiedad se ha convertido en sospecha, el contrato en papel mojado y el esfuerzo en un detalle molesto. Se protege al que ocupa y se interroga al que alquila. Se legisla contra el que pone el techo y se dramatiza, después, la escasez que esa misma legislación produce. No es incoherencia. Es método: desproteger el trabajo, el ahorro y el título de dominio hasta que solo quede el Estado como arrendador moral, y el decreto como sucedáneo de casa.. Un juez que cumple no es crueldad. Es el único suelo sobre el que puede construirse la misericordia sin que deje de haber quien alquile mañana. Un Ejecutivo que gasta a manos llenas en lo accesorio y titubea ante lo esencial no está defendiendo a Maricarmen. Está entrenando al país para creer que el problema nunca es la falta de casas, ni la falta de rigor, ni la falta de respeto a quien produce: el problema, siempre, es el propietario. Y esa mentira sale cara. La pagan primero los que tienen un piso. La pagan después los que ya no encuentran ninguno.. Maricarmen merece techo, cuidado y respeto. Lo merecía el martes 23, antes de la camilla, y lo merece ahora, en el Gregorio Marañón, mientras decide si firma el contrato que le abre de nuevo la puerta de Sáinz de Baranda. Lo que no merece es ser el pretexto con el que un Gobierno que lleva ocho años sin resolver la vivienda pretende, de pronto, aparecer como su redentor. Ni ser el ariete con el que se pretende enseñar a España que la propiedad es sospechosa y la calle, fuente de derecho.. La piedad sin legalidad es capricho. La legalidad sin piedad es dureza. Un país adulto sostiene las dos. El nuestro, estos días, ha preferido el grito. Y el grito, ya lo sabe usted, no paga el alquiler de nadie. Solo entrena a una sociedad para creer que el problema siempre es el otro y la solución, siempre, un decreto con nombre de víctima.. España no necesita más altares mediáticos. Necesita casas, jueces que cumplan, administraciones que no se escondan y una sociedad civil que ayude de verdad —con techo, con mediación, con recursos— en lugar de convertir cada drama en combustible. Maricarmen ya ha pagado el precio de nuestra frivolidad. Que no lo paguen las personas que vienen detrás.. Ignacio Trillo Arespacochaga, es miembro de la junta directiva de la Asociación Pie en Pared, de la Fundación Foro Libertad y Alternativa y de SCE.
