Llevamos muchos años hablando de cambio climático en términos de transición energética, objetivos de descarbonización o compromisos internacionales. Sin embargo, la experiencia que estamos acumulando en nuestro propio territorio —incendios cada vez más devastadores, episodios de lluvias torrenciales con consecuencias humanas irreparables, sequías prolongadas que tensionan el sistema hídrico y productivo— nos sitúa ante una evidencia más incómoda: ya no estamos únicamente ante un desafío ambiental, sino ante un factor estructural que condiciona la estabilidad económica, territorial y social del país.. Seguir leyendo
El calentamiento global exige planificación anticipatoria, inversión sostenida y una gobernanza capaz de articular al Estado, las comunidades y los ayuntamientos en un mismo marco estratégico
Llevamos muchos años hablando de cambio climático en términos de transición energética, objetivos de descarbonización o compromisos internacionales. Sin embargo, la experiencia que estamos acumulando en nuestro propio territorio —incendios cada vez más devastadores, episodios de lluvias torrenciales con consecuencias humanas irreparables, sequías prolongadas que tensionan el sistema hídrico y productivo— nos sitúa ante una evidencia más incómoda: ya no estamos únicamente ante un desafío ambiental, sino ante un factor estructural que condiciona la estabilidad económica, territorial y social del país.. España es especialmente vulnerable en el contexto europeo. La cuenca mediterránea se calienta a un ritmo superior a la media global; nuestras precipitaciones disminuyen en términos agregados, pero aumentan en intensidad cuando se producen (la atmósfera está más húmeda debido a la mayor evaporación fruto del calentamiento global y, cuando llueve, puede llover más y en menos tiempo); el nivel del mar compromete infraestructuras y actividades estratégicas en la costa. No son proyecciones lejanas, sino tendencias consolidadas que inciden directamente sobre la agricultura, el turismo, la salud pública o la planificación urbana y territorial.. La cuestión, por tanto, no es si debemos actuar, sino cómo institucionalizamos esa respuesta para que no dependa del calendario electoral ni de mayorías coyunturales. Ahí reside la verdadera relevancia de la propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que el ejecutivo aprobó el pasado diciembre y que el Congreso debatirá en las próximas semanas.. Un pacto de esta naturaleza no es un documento más dentro del repertorio legislativo. Es, o debería ser, una arquitectura de estabilidad. Supone asumir que la adaptación y la mitigación climática deben integrarse en el núcleo de las políticas públicas —desde la ordenación del territorio hasta la política industrial, desde la gestión forestal hasta la salud laboral— y que esa integración requiere continuidad, coordinación multinivel y evaluación periódica basada en evidencia científica.. Durante demasiado tiempo hemos abordado los impactos climáticos de forma reactiva. Tras cada incendio reforzamos dispositivos; tras cada inundación revisamos protocolos; tras cada ola de calor activamos alertas sanitarias. Sin embargo, la emergencia climática no admite una lógica de respuesta episódica. Exige planificación anticipatoria, inversión sostenida y una gobernanza capaz de articular a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales bajo un mismo marco estratégico.. El pacto que ahora se plantea incorpora elementos que responden precisamente a esa necesidad estructural: la evaluación sistemática de riesgos en sectores estratégicos; la integración de la resiliencia hídrica en la planificación territorial; la profesionalización permanente de los servicios de protección civil; la restauración ecológica como herramienta de adaptación; la modernización del sector agrario y pesquero; la incorporación de la variable climática en la salud pública y en la prevención de riesgos laborales.. No se trata únicamente de reducir emisiones —tarea que, por supuesto, sigue siendo irrenunciable y urgente—, sino de preparar al país para escenarios que ya forman parte de nuestra realidad. La adaptación es, ante todo, una política de cohesión social, pues los impactos no se distribuyen de manera homogénea: afectan con mayor intensidad a los territorios rurales despoblados, a las periferias urbanas con menor calidad constructiva, a quienes trabajan al aire libre y en los cuidados, a los hogares con menor capacidad de adaptación energética.. En este sentido, el pacto introduce un elemento central: la justicia climática como principio transversal. No habrá transición viable si profundiza desigualdades existentes. La resiliencia territorial debe ir acompañada de oportunidades económicas, empleo verde en el medio rural, rehabilitación energética accesible, servicios públicos adaptados a nuevas condiciones climáticas, etc. La acción climática no puede percibirse como un sacrificio impuesto, sino como una estrategia de seguridad colectiva y de modernización económica.. Además, el contexto europeo refuerza la pertinencia de este debate. La neutralidad climática en 2050 no es solo una meta ambiental, sino un vector de competitividad y de autonomía estratégica en el marco de la Unión Europea. La transición industrial, la electrificación del transporte o el despliegue de fuentes renovables de energía forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración económica. España, por su posición geográfica y por su potencial renovable, debe desempeñar un papel relevante. Pero ese liderazgo requiere certidumbre regulatoria y estabilidad institucional.. A lo largo de la última década se ha reiterado, desde distintos ámbitos académicos, sociales y políticos, la necesidad de un acuerdo transversal que fije un horizonte común y un espacio de encuentro en materia climática. El reto que ahora afronta el Parlamento es precisamente ese: elevar la emergencia climática al rango de política de Estado.. El debate no debería reducirse a la disputa partidista sobre medidas concretas, sino centrarse en la conveniencia de dotarnos de un marco estable que permita planificar a largo plazo. Las discrepancias son legítimas y forman parte de la deliberación democrática; lo que resultaría difícil de justificar es la renuncia a construir un suelo común de responsabilidad compartida ante riesgos que ya condicionan nuestra prosperidad y nuestra seguridad.. La emergencia climática no es una hipótesis ideológica. Es una variable física que atraviesa el conjunto de nuestras políticas públicas. Convertir esa evidencia en acuerdo institucional es, probablemente, uno de los actos de mayor responsabilidad política que puede acometer una generación.. Naturalmente, el Pacto de Estado no resolverá por sí solo la magnitud del desafío, pero puede marcar un punto de inflexión: pasar de la reacción a la anticipación, de la fragmentación a la coordinación, de la retórica a la planificación. Y, sobre todo, puede ofrecer a la ciudadanía un mensaje claro de estabilidad en un contexto global crecientemente incierto. Bienvenido sea.. Luis Morales Carballo es socioecólogo y embajador del Pacto Climático Europeo.
