Ayer 30 de septiembre, venció el plazo establecido en la Constitución en su artículo 134, que literalmente establece la obligación del Gobierno de presentar en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio. Que este año corresponden a los de 2027. Obligación constitucional que no exige su necesaria aprobación, pero sí la presentación de su proyecto de cuentas públicas. Y que si no son aprobadas por la Cámara, automáticamente son prorrogados los anteriores. La gravedad de lo sucedido es que este nuevo incumplimiento significa el cuarto y sucesivo en esta legislatura, provocando la insólita situación de haber incumplido en todos los ejercicios de la legislatura con dicho mandato constitucional. Ya hemos recordado lo que Sánchez le dijo en el Congreso al gobierno del PP, cuando en mayo de 2018, al no haber presentado el proyecto de Presupuestos el 30 de septiembre anterior: «Un gobierno sin Presupuestos es como un coche sin gasolina: Un objeto inútil». Y a continuación presentó su moción de censura, para «salvaguardar la calidad de nuestra democracia». Es necesario no olvidar este hecho, que muestra la gravedad de la situación provocada por quien está instalado en el Gobierno de España desde entonces. Y que hace necesario que el nuevo gobierno que salga de las urnas establezca una reforma de la Constitución que incluya el exigir responsabilidades políticas, derivadas de este flagrante y continuo incumplimiento de la misma. Y en un asunto de tal trascendencia en una democracia parlamentaria, que motiva como norma general que todo gobierno, sin poder aprobar los Presupuestos, dimita y convoque elecciones. Ello al considerar que en las Cuentas públicas se entiende que representan la cuantificación de todo programa de gobierno. Sin olvidar tampoco que para este ejercicio económico de 2027 la entonces vicepresidenta 1ª y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el mismo Pedro Sánchez se habían comprometido pública y reiteradamente a presentarlo. Ante este lamentable escenario, la coalición gubernamental progresista y frente populista lo que ha hecho es intentar distraer la atención de la opinión pública y de la publicada, con un mensaje de urgencia a Maricarmen, la anciana desahuciada. Mensaje «no ideológico, sino humanitario» para que la oposición le apoye a convalidar mañana los dos RDL aprobados ayer por el sanchismo. Que además, y por cierto, Maricarmen, a diferencia de las decenas de miles de inquilinas e inquilinos, –que desde que ellos accedieron al Gobierno han pasado por esa situación– va a poder volver a su vivienda en las mismas condiciones anteriores. Veremos qué sucede mañana en el Congreso, aunque esperamos que la ministra de Vivienda ya se haya aprendido esos RDL. Que ayer ignoraba.
La gravedad de lo sucedido es que este nuevo incumplimiento significa el cuarto y sucesivo en esta legislatura, provocando la insólita situación de haber incumplido en todos los ejercicios de la legislatura con dicho mandato constitucional
Ayer 30 de septiembre, venció el plazo establecido en la Constitución en su artículo 134, que literalmente establece la obligación del Gobierno de presentar en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio. Que este año corresponden a los de 2027. Obligación constitucional que no exige su necesaria aprobación, pero sí la presentación de su proyecto de cuentas públicas. Y que si no son aprobadas por la Cámara, automáticamente son prorrogados los anteriores. La gravedad de lo sucedido es que este nuevo incumplimiento significa el cuarto y sucesivo en esta legislatura, provocando la insólita situación de haber incumplido en todos los ejercicios de la legislatura con dicho mandato constitucional. Ya hemos recordado lo que Sánchez le dijo en el Congreso al gobierno del PP, cuando en mayo de 2018, al no haber presentado el proyecto de Presupuestos el 30 de septiembre anterior: «Un gobierno sin Presupuestos es como un coche sin gasolina: Un objeto inútil». Y a continuación presentó su moción de censura, para «salvaguardar la calidad de nuestra democracia». Es necesario no olvidar este hecho, que muestra la gravedad de la situación provocada por quien está instalado en el Gobierno de España desde entonces. Y que hace necesario que el nuevo gobierno que salga de las urnas establezca una reforma de la Constitución que incluya el exigir responsabilidades políticas, derivadas de este flagrante y continuo incumplimiento de la misma. Y en un asunto de tal trascendencia en una democracia parlamentaria, que motiva como norma general que todo gobierno, sin poder aprobar los Presupuestos, dimita y convoque elecciones. Ello al considerar que en las Cuentas públicas se entiende que representan la cuantificación de todo programa de gobierno. Sin olvidar tampoco que para este ejercicio económico de 2027 la entonces vicepresidenta 1ª y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el mismo Pedro Sánchez se habían comprometido pública y reiteradamente a presentarlo. Ante este lamentable escenario, la coalición gubernamental progresista y frente populista lo que ha hecho es intentar distraer la atención de la opinión pública y de la publicada, con un mensaje de urgencia a Maricarmen, la anciana desahuciada. Mensaje «no ideológico, sino humanitario» para que la oposición le apoye a convalidar mañana los dos RDL aprobados ayer por el sanchismo. Que además, y por cierto, Maricarmen, a diferencia de las decenas de miles de inquilinas e inquilinos, –que desde que ellos accedieron al Gobierno han pasado por esa situación– va a poder volver a su vivienda en las mismas condiciones anteriores. Veremos qué sucede mañana en el Congreso, aunque esperamos que la ministra de Vivienda ya se haya aprendido esos RDL. Que ayer ignoraba.
