La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha dirigido una petición formal al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que inste a investigar la gestión sanitaria de emergencias durante la catástrofe ferroviaria por el choque de dos trenes en la localidad de Córdoba en el que perdieron la vida 46 personas el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa.. Seguir leyendo
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha dirigido una petición formal al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que inste a investigar la gestión sanitaria de emergencias durante la catástrofe ferroviaria por el choque de dos trenes en la localidad de Córdoba en el que perdieron la vida 46 personas el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa.. La asociación se hace eco de una queja del sindicato CSIF, que en febrero alertó de que gestores del servicio del 061, el teléfono de emergencias, tuvieron que atender el accidente usando solo “papel y lápiz” porque el sistema informático “estaba bloqueado”. “Los hechos ocurrieron al parecer el pasado 18 de enero, el día del accidente, cuando el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba tuvo que gestionar las llamadas ‘con teléfonos particulares de los gestores y sin contacto con el centro coordinador 112′, tras volver a fallar el sistema que se utiliza habitualmente”, especifica la asociación, en un comunicado difundido la noche de este jueves.. Las víctimas aseguran que fuentes próximas al operativo de rescate han afirmado “públicamente que la información sobre el siniestro no fluyó correctamente entre la central de la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (ASEMA) y el COS (Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia de Córdoba” y apuntan a que, de ser esto cierto, “no se habrían cumplido protocolos básicos en la comunicación de la emergencia”, como indicar cuántos “focos” tuvo el siniestro y dónde estaban ubicados.. Los afectados solicitan a Moreno Bonilla que se revise de manera inmediata el plan de actuación en la emergencia, “la corrección urgente de las deficiencias del sistema”, un “informe detallado” con “toda la documentación e información existente”, y una “exhaustiva investigación de lo sucedido”, tras la que “se depuren las correspondientes responsabilidades políticas y jurídicas”.. La asociación también ha dirigido sendos escritos a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, al Defensor del Pueblo Andaluz, y ha anunciado que dará traslado de los hechos y denuncia a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 2 de Montoro, que investiga la causa que provocó el descarrilamiento y choque de los dos trenes implicados en el trágico suceso, pero no así la gestión sanitaria de la catástrofe.. En este sentido, Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, el despacho que coordina la defensa y representa a la asociación las administraciones y los organismos públicos, ha asegurado: “De confirmarse estos hechos tras las investigación que hemos solicitado, ello puede dar lugar a una posible responsabilidad patrimonial ante los organismos públicos implicados, así como el curso de nuevas acciones judiciales”.. La asociación especifica que el protocolo de comunicación de emergencias del 112 español establece “un procedimiento de entrevista con la que el operador telefónico requiere al alertante siete detalles: ubicación, qué ha pasado, número de víctimas, síntomas que ve en los heridos, qué ha hecho ya con ellos, qué peligros hay en la zona (fuego, gas…) y nombre y teléfono por si se pierde el contacto», pero que según “fuentes próximas al dispositivo de Adamuz”, estas aseguran que los datos sobre número y estado de víctimas “se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Alvia… 43 minutos después del accidente». “Es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios, haya podido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad”, aventura la asociación de afectados.. La Guardia Civil, que está investigando el siniestro ferroviario, entregó un informe a la jueza instructora en el que los agentes instaban a hacer una petición al al Servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía 112 de las grabaciones de ese día. Además, pedían un informe del despliegue de emergencias. La togada respondió “no ha lugar” porque entendió que esa información no era de interés para el objeto de la causa que es, en realidad, esclarecer el motivo técnico del descarrilamiento, es decir, por qué se fracturó la vía y esto condujo a una salida del tren Iryo y un choque con el Alvia que se cruzaba en ese punto. El letrado de la asociación de víctimas, sin embargo, entiende que con esta petición de investigación a las autoridades, más allá del objeto de la instrucción en marcha, se pueden explorar otras sendas de responsabilidad por la gestión posterior de la emergencia.
Los afectados denuncian que los gestores del 061 no tuvieron contacto con el Centro de Coordinación, ambos dependientes de la Administración autonómica
