La Comisión Europea advierte de que la congestión de la red está encareciendo la transición energética, mientras reclama más inversión y reformas para evitar sobrecostes millonarios en el sistema
La Comisión Europea ha situado de nuevo el funcionamiento del sistema eléctrico español en el centro de sus recomendaciones dentro del semestre europeo, con un mensaje claro: España debe abandonar cuanto antes el denominado modo de operación reforzada de su red eléctrica y avanzar hacia un modelo más eficiente apoyado en mayor capacidad de red y almacenamiento energético.. En su análisis sobre la evolución del sistema energético español, el Ejecutivo comunitario insta a España a seguir adoptando las medidas necesarias para sacar a su red de este régimen especial de operación, en el que el operador del sistema recurre de forma más intensa a centrales de ciclo combinado para garantizar la estabilidad de la tensión eléctrica.. Este mecanismo, concebido como respuesta preventiva ante posibles riesgos de seguridad en el suministro, se ha convertido en un elemento estructural del sistema en determinados momentos, con un impacto económico creciente.. Bruselas considera que España debe dar nuevos pasos para que el operador del sistema deje de depender de este mayor uso de tecnologías fósiles como respaldo de la red. En este sentido, recuerda que ya se han puesto en marcha actuaciones tras el informe elaborado por ENTSO-E sobre el apagón del 28 de abril de 2025, pero subraya que dichas medidas no son suficientes y que resulta necesario avanzar hacia la superación del actual esquema de operación reforzada aplicado por Red Eléctrica.. El diagnóstico comunitario no se limita al funcionamiento del sistema, sino que conecta este problema con una cuestión estructural: la insuficiente capacidad de red y almacenamiento para acompañar el rápido despliegue de las energías renovables. La Comisión reclama a España un aumento de las inversiones en infraestructuras eléctricas, especialmente en redes de transmisión y distribución, así como en sistemas de almacenamiento, interconexiones transfronterizas y tecnologías que permitan acelerar la electrificación de la industria y el transporte.. El Ejecutivo comunitario insiste en que estas inversiones son esenciales no solo para garantizar la seguridad del suministro, sino también para reforzar la soberanía energética y la resiliencia económica de España. Aunque reconoce algunos avances recientes, como la planificación de nuevas infraestructuras, la finalización de proyectos de interconexión con Portugal o las ayudas al almacenamiento energético, considera que el progreso sigue siendo limitado.. Uno de los principales problemas identificados por Bruselas es la congestión de la red eléctrica y los retrasos en las conexiones, que están frenando el desarrollo de nuevos proyectos industriales y energéticos. La Comisión advierte de que la expansión acelerada de la generación renovable está superando la capacidad de la red y del almacenamiento disponible, lo que coloca a España lejos de los objetivos marcados en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que fija 22,5 gigavatios de almacenamiento para 2030, frente a los 8,15 previstos a comienzos de 2026.. Impuestos. En paralelo, el informe comunitario introduce un elemento adicional de debate sobre la fiscalidad energética. Aunque no formula una recomendación explícita en este ámbito, sí constata que los menores precios de la electricidad en España respecto a la media europea no se están trasladando plenamente a los consumidores, en parte debido al aumento de impuestos y tasas en comparación con el gas. Esta distorsión, advierte la Comisión, desincentiva la electrificación y reduce la eficiencia del proceso de descarbonización.. El debate sobre el coste del sistema se ha intensificado tras las estimaciones del sector eléctrico, que alertan de un sobrecoste de 2.300 millones de euros asociado al mantenimiento del modo de operación reforzada en lo que va de 2026. Las compañías del sector han planteado varias propuestas para reducir este impacto, entre ellas una mayor transparencia en la publicación de los costes, la fijación de un calendario para el fin de este régimen operativo y la posibilidad de financiar estos gastos a través de mecanismos regulados que no penalicen a la industria.. El sector también plantea revisar la fiscalidad energética, incluyendo la eliminación permanente de tributos como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto Especial sobre la Electricidad, con el objetivo de evitar sobrecostes que encarezcan artificialmente el precio final de la energía. A ello se suma la petición de alinear las decisiones regulatorias con los objetivos de descarbonización y competitividad, al considerar que el actual esquema de operación incrementa los costes del sistema y dificulta la transición energética.. El conjunto de recomendaciones europeas y reclamaciones del sector dibuja un escenario de ajuste para el sistema eléctrico español, en el que la inversión en infraestructuras, la reforma del marco regulatorio y la reducción de los costes operativos se presentan como condiciones necesarias para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, competitivo y plenamente alineado con los objetivos climáticos de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha situado de nuevo el funcionamiento del sistema eléctrico español en el centro de sus recomendaciones dentro del semestre europeo, con un mensaje claro: España debe abandonar cuanto antes el denominado modo de operación reforzada de su red eléctrica y avanzar hacia un modelo más eficiente apoyado en mayor capacidad de red y almacenamiento energético.. En su análisis sobre la evolución del sistema energético español, el Ejecutivo comunitario insta a España a seguir adoptando las medidas necesarias para sacar a su red de este régimen especial de operación, en el que el operador del sistema recurre de forma más intensa a centrales de ciclo combinado para garantizar la estabilidad de la tensión eléctrica.. Este mecanismo, concebido como respuesta preventiva ante posibles riesgos de seguridad en el suministro, se ha convertido en un elemento estructural del sistema en determinados momentos, con un impacto económico creciente.. Bruselas considera que España debe dar nuevos pasos para que el operador del sistema deje de depender de este mayor uso de tecnologías fósiles como respaldo de la red. En este sentido, recuerda que ya se han puesto en marcha actuaciones tras el informe elaborado por ENTSO-E sobre el apagón del 28 de abril de 2025, pero subraya que dichas medidas no son suficientes y que resulta necesario avanzar hacia la superación del actual esquema de operación reforzada aplicado por Red Eléctrica.. El diagnóstico comunitario no se limita al funcionamiento del sistema, sino que conecta este problema con una cuestión estructural: la insuficiente capacidad de red y almacenamiento para acompañar el rápido despliegue de las energías renovables. La Comisión reclama a España un aumento de las inversiones en infraestructuras eléctricas, especialmente en redes de transmisión y distribución, así como en sistemas de almacenamiento, interconexiones transfronterizas y tecnologías que permitan acelerar la electrificación de la industria y el transporte.. El Ejecutivo comunitario insiste en que estas inversiones son esenciales no solo para garantizar la seguridad del suministro, sino también para reforzar la soberanía energética y la resiliencia económica de España. Aunque reconoce algunos avances recientes, como la planificación de nuevas infraestructuras, la finalización de proyectos de interconexión con Portugal o las ayudas al almacenamiento energético, considera que el progreso sigue siendo limitado.. Uno de los principales problemas identificados por Bruselas es la congestión de la red eléctrica y los retrasos en las conexiones, que están frenando el desarrollo de nuevos proyectos industriales y energéticos. La Comisión advierte de que la expansión acelerada de la generación renovable está superando la capacidad de la red y del almacenamiento disponible, lo que coloca a España lejos de los objetivos marcados en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que fija 22,5 gigavatios de almacenamiento para 2030, frente a los 8,15 previstos a comienzos de 2026.. Impuestos. En paralelo, el informe comunitario introduce un elemento adicional de debate sobre la fiscalidad energética. Aunque no formula una recomendación explícita en este ámbito, sí constata que los menores precios de la electricidad en España respecto a la media europea no se están trasladando plenamente a los consumidores, en parte debido al aumento de impuestos y tasas en comparación con el gas. Esta distorsión, advierte la Comisión, desincentiva la electrificación y reduce la eficiencia del proceso de descarbonización.. El debate sobre el coste del sistema se ha intensificado tras las estimaciones del sector eléctrico, que alertan de un sobrecoste de 2.300 millones de euros asociado al mantenimiento del modo de operación reforzada en lo que va de 2026. Las compañías del sector han planteado varias propuestas para reducir este impacto, entre ellas una mayor transparencia en la publicación de los costes, la fijación de un calendario para el fin de este régimen operativo y la posibilidad de financiar estos gastos a través de mecanismos regulados que no penalicen a la industria.. El sector también plantea revisar la fiscalidad energética, incluyendo la eliminación permanente de tributos como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto Especial sobre la Electricidad, con el objetivo de evitar sobrecostes que encarezcan artificialmente el precio final de la energía. A ello se suma la petición de alinear las decisiones regulatorias con los objetivos de descarbonización y competitividad, al considerar que el actual esquema de operación incrementa los costes del sistema y dificulta la transición energética.. El conjunto de recomendaciones europeas y reclamaciones del sector dibuja un escenario de ajuste para el sistema eléctrico español, en el que la inversión en infraestructuras, la reforma del marco regulatorio y la reducción de los costes operativos se presentan como condiciones necesarias para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, competitivo y plenamente alineado con los objetivos climáticos de la Unión Europea.
