Concha Santos, presidenta de ANCI, analiza el momento por el que pasa el sector inmobiliario y los riesgos a los que se encuentra
El conflicto en Irán ha devuelto a la construcción española a un terreno conocido, el de la presión inflacionista. Como ya ocurrió tras el COVID y la invasión de Ucrania en 2022, el sector vuelve a enfrentarse a un shock de costes que amenaza la viabilidad de los proyectos y compromete inversiones clave en vivienda e infraestructuras.. Tras la operación militar del 28 de febrero, el precio de los combustibles ha experimentado una escalada mayor y en un período de tiempo más corto que la sufrida en 2022. Hoy el barril de Brent se mueve entre los 90 y los 120 dólares, frente a los 60 y los 70 dólares previos al conflicto. Su efecto es inmediato en un sector donde los costes energéticos representan en torno al 30% del total, porcentaje que se eleva hasta el 40% en obras intensivas en maquinaria.. Además, ese aumento del coste energético supone un incremento del coste de producción industrial y el logístico. Así, los materiales de construcción básicos, como hormigones, áridos, acero, ladrillos o plásticos, ya registran subidas de entre el 10 y el 25%, destacando muy especialmente el betún, esencial para la construcción y el mantenimiento de las carreteras, que se ha encarecido un 40%.. Esta situación se produce en un momento en el que las empresas están ejecutando un gran volumen de obra, con la circunstancia de que muchas no admiten retrasos, como la finalización de los proyectos vinculados a los fondos europeos Next Generation en el plazo estipulado por la UE, o las actuaciones urgentes de reconstrucción tras los episodios climáticos de los dos últimos años en Valencia y Andalucía, sin olvidar tampoco las numerosas campañas de mejora y refuerzo de firmes que se han de ejecutar en estas fechas por los condicionantes climáticos que precisa su ejecución.. Posibilidades limitadas. El problema surge de la imposibilidad, o la posibilidad limitada por nuestra regulación de contratación pública, de trasladar este aumento de precios -sobrevenido e imprevisible- a los contratos. Esta rigidez contractual expone a los proyectos en ejecución a sobrecostes de ejecución difíciles de gestionar, generando además un clima de incertidumbre sobre proyectos futuros. Afecta por tanto a la contratación pública de dos maneras: a la viabilidad de los proyectos en curso y a la concurrencia en los procesos de licitación pública.. La realidad es que la crisis de Oriente Próximo -y en general el clima geopolítico global de los últimos años- está exponiendo vulnerabilidades estructurales del marco contractual de la obra pública. El sector lleva años reclamando una reforma que permita adaptar los contratos a la realidad del mercado, tanto en circunstancias de estabilidad como en situaciones de perturbaciones excepcionales, mediante una mejora del actual régimen de revisión de precios. Un régimen que, por razones de seguridad jurídica y eficacia, debe establecerse con carácter permanente y obligatorio, permitiendo una respuesta automática, rápida y eficaz.. No obstante lo anterior, la gestión del complicado escenario actual de shock de costes, requiere de una solución urgente de carácter excepcional, que permita disminuir los riesgos potenciales y compensar los efectos manifiestos en la ejecución de determinados contratos del sector público.. Una revisión excepcional de precios. En esa línea, las medidas que el Gobierno de España está adoptando para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio son coherentes con las emprendidas ante situaciones de consecuencias similares, como la pandemia desencadenada por el COVID o la invasión de Ucrania en el año 2022.. Hoy el desafío es similar y, como entonces, las medidas deben considerar que la ejecución de un número significativo de contratos relacionados con la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras se está viendo complicada por un incremento extraordinario de costes, imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público. Es por tanto esencial reconocer al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios, tal y como se hizo en 2022 mediante tres reales decretos-ley y una orden ministerial.. Una medida excepcional que permitió amortiguar el impacto de la inflación y asegurar la viabilidad de numerosas obras públicas. La experiencia nos mostró que, en contextos excepcionales, la flexibilidad normativa, entendida como posibilidad de adecuarse a la realidad, es clave para garantizar la continuidad de la actividad que regula.. La construcción española ha demostrado resiliencia en crisis recientes, pero ese margen no es ilimitado. La respuesta que se adopte en las próximas semanas será determinante no solo para su estabilidad, sino también para la capacidad del país de cumplir con sus objetivos de inversión, reconstrucción y crecimiento.
El conflicto en Irán ha devuelto a la construcción española a un terreno conocido, el de la presión inflacionista. Como ya ocurrió tras el COVID y la invasión de Ucrania en 2022, el sector vuelve a enfrentarse a un shock de costes que amenaza la viabilidad de los proyectos y compromete inversiones clave en vivienda e infraestructuras.. Tras la operación militar del 28 de febrero, el precio de los combustibles ha experimentado una escalada mayor y en un período de tiempo más corto que la sufrida en 2022. Hoy el barril de Brent se mueve entre los 90 y los 120 dólares, frente a los 60 y los 70 dólares previos al conflicto. Su efecto es inmediato en un sector donde los costes energéticos representan en torno al 30% del total, porcentaje que se eleva hasta el 40% en obras intensivas en maquinaria.. Además, ese aumento del coste energético supone un incremento del coste de producción industrial y el logístico. Así, los materiales de construcción básicos, como hormigones, áridos, acero, ladrillos o plásticos, ya registran subidas de entre el 10 y el 25%, destacando muy especialmente el betún, esencial para la construcción y el mantenimiento de las carreteras, que se ha encarecido un 40%.. Esta situación se produce en un momento en el que las empresas están ejecutando un gran volumen de obra, con la circunstancia de que muchas no admiten retrasos, como la finalización de los proyectos vinculados a los fondos europeos Next Generation en el plazo estipulado por la UE, o las actuaciones urgentes de reconstrucción tras los episodios climáticos de los dos últimos años en Valencia y Andalucía, sin olvidar tampoco las numerosas campañas de mejora y refuerzo de firmes que se han de ejecutar en estas fechas por los condicionantes climáticos que precisa su ejecución.. Posibilidades limitadas. El problema surge de la imposibilidad, o la posibilidad limitada por nuestra regulación de contratación pública, de trasladar este aumento de precios -sobrevenido e imprevisible- a los contratos. Esta rigidez contractual expone a los proyectos en ejecución a sobrecostes de ejecución difíciles de gestionar, generando además un clima de incertidumbre sobre proyectos futuros. Afecta por tanto a la contratación pública de dos maneras: a la viabilidad de los proyectos en curso y a la concurrencia en los procesos de licitación pública.. La realidad es que la crisis de Oriente Próximo -y en general el clima geopolítico global de los últimos años- está exponiendo vulnerabilidades estructurales del marco contractual de la obra pública. El sector lleva años reclamando una reforma que permita adaptar los contratos a la realidad del mercado, tanto en circunstancias de estabilidad como en situaciones de perturbaciones excepcionales, mediante una mejora del actual régimen de revisión de precios. Un régimen que, por razones de seguridad jurídica y eficacia, debe establecerse con carácter permanente y obligatorio, permitiendo una respuesta automática, rápida y eficaz.. No obstante lo anterior, la gestión del complicado escenario actual de shock de costes, requiere de una solución urgente de carácter excepcional, que permita disminuir los riesgos potenciales y compensar los efectos manifiestos en la ejecución de determinados contratos del sector público.. Una revisión excepcional de precios. En esa línea, las medidas que el Gobierno de España está adoptando para mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio son coherentes con las emprendidas ante situaciones de consecuencias similares, como la pandemia desencadenada por el COVID o la invasión de Ucrania en el año 2022.. Hoy el desafío es similar y, como entonces, las medidas deben considerar que la ejecución de un número significativo de contratos relacionados con la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras se está viendo complicada por un incremento extraordinario de costes, imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público. Es por tanto esencial reconocer al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios, tal y como se hizo en 2022 mediante tres reales decretos-ley y una orden ministerial.. Una medida excepcional que permitió amortiguar el impacto de la inflación y asegurar la viabilidad de numerosas obras públicas. La experiencia nos mostró que, en contextos excepcionales, la flexibilidad normativa, entendida como posibilidad de adecuarse a la realidad, es clave para garantizar la continuidad de la actividad que regula.. La construcción española ha demostrado resiliencia en crisis recientes, pero ese margen no es ilimitado. La respuesta que se adopte en las próximas semanas será determinante no solo para su estabilidad, sino también para la capacidad del país de cumplir con sus objetivos de inversión, reconstrucción y crecimiento.
