El cinismo institucional del Gobierno de Pedro Sánchez acumula pequeñas ilegalidades que, cuando se van sumando, dibujan un retrato mucho más amplio de incoherencia política. Mientras el Gobierno presume de impulsar procesos de regularización de inmigrantes y de abanderar una política inclusiva, la realidad administrativa y normativa ofrece una imagen muy distinta: desigualdad, saturación y un doble rasero difícil de justificar. La Comisión Europea ha dado al Ejecutivo español un ultimátum para que acabe con su sistema de tributación discriminatorio con los extranjeros no residentes, que revela hasta qué punto el discurso oficial choca con la práctica. Resulta difícil sostener una narrativa de acogida cuando, al mismo tiempo, se mantiene un sistema impositivo que penaliza a quienes viven y trabajan en el país sin haber formalizado aún su residencia. La paradoja es evidente: se invita a integrarse, pero se castiga fiscalmente a quien todavía no encaja en el molde administrativo. Y es más sangrante cuando coincide con un proceso de regularización que ha desbordado a la Administración, incapaz de gestionar con eficacia el volumen enloquecido de solicitudes. Oficinas colapsadas, citas imposibles y expedientes que van a eternizarse forman parte del día a día de miles de personas que intentan cumplir con la legalidad. El problema de fondo no es únicamente técnico, sino político. Se legisla con una mano y se bloquea con la otra. Se anuncian medidas de integración mientras se mantienen estructuras que dificultan –cuando no castigan– ese mismo proceso. El resultado es un sistema que genera inseguridad jurídica y alimenta la percepción de arbitrariedad. Y, lo que es más grave, erosiona la credibilidad de las instituciones tanto dentro como fuera del país. La libre circulación de capitales, principio básico de la Unión Europea, no es una abstracción lejana. Su vulneración tiene consecuencias concretas que nos van a sacar algo más que los colores.
Se anuncian medidas de integración mientras se mantienen estructuras que dificultan –cuando no castigan– ese mismo proceso
El cinismo institucional del Gobierno de Pedro Sánchez acumula pequeñas ilegalidades que, cuando se van sumando, dibujan un retrato mucho más amplio de incoherencia política. Mientras el Gobierno presume de impulsar procesos de regularización de inmigrantes y de abanderar una política inclusiva, la realidad administrativa y normativa ofrece una imagen muy distinta: desigualdad, saturación y un doble rasero difícil de justificar. La Comisión Europea ha dado al Ejecutivo español un ultimátum para que acabe con su sistema de tributación discriminatorio con los extranjeros no residentes, que revela hasta qué punto el discurso oficial choca con la práctica. Resulta difícil sostener una narrativa de acogida cuando, al mismo tiempo, se mantiene un sistema impositivo que penaliza a quienes viven y trabajan en el país sin haber formalizado aún su residencia. La paradoja es evidente: se invita a integrarse, pero se castiga fiscalmente a quien todavía no encaja en el molde administrativo. Y es más sangrante cuando coincide con un proceso de regularización que ha desbordado a la Administración, incapaz de gestionar con eficacia el volumen enloquecido de solicitudes. Oficinas colapsadas, citas imposibles y expedientes que van a eternizarse forman parte del día a día de miles de personas que intentan cumplir con la legalidad. El problema de fondo no es únicamente técnico, sino político. Se legisla con una mano y se bloquea con la otra. Se anuncian medidas de integración mientras se mantienen estructuras que dificultan –cuando no castigan– ese mismo proceso. El resultado es un sistema que genera inseguridad jurídica y alimenta la percepción de arbitrariedad. Y, lo que es más grave, erosiona la credibilidad de las instituciones tanto dentro como fuera del país. La libre circulación de capitales, principio básico de la Unión Europea, no es una abstracción lejana. Su vulneración tiene consecuencias concretas que nos van a sacar algo más que los colores.
