Reclaman una gestión ferroviaria más profesionalizada, con decisiones técnicas al margen de presiones políticas
El accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) ha vuelto a poner sobre la mesa el modelo de organización y gestión del ferrocarril en España. La Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape) ha expresado sus condolencias a las víctimas y sus allegados, y ha reclamado que se esclarezcan las circunstancias del siniestro mediante una investigación «rigurosa, objetiva e independiente».. «Es imprescindible esclarecer las circunstancias del accidente, identificar los factores que hayan podido contribuir a él y adoptar las medidas necesarias para evitar que una tragedia de estas características vuelva a producirse», señalan.. La asociación sostiene que la autoridad investigadora, AITAT, debe contar con autonomía, recursos suficientes y libertad para examinar lo ocurrido y emitir recomendaciones. A su juicio, la confianza pública en las conclusiones dependerá de que el proceso se desarrolle con transparencia y esté «exclusivamente guiado por criterios técnicos», sin presiones políticas o administrativas ni interferencias de entidades potencialmente implicadas.. Analizar el sistema, no solo posibles errores individuales. Aicape pide que la investigación examine el funcionamiento del conjunto del sistema ferroviario. Esto incluye la infraestructura, la señalización y los sistemas de protección, además de los procedimientos de circulación, las comunicaciones y la organización del control del tráfico.. La asociación recuerda que un «sistema de seguridad robusto no puede depender de que las personas actúen siempre de manera perfecta, sino que debe ser capaz de detectar situaciones anómalas, impedir que se conviertan en situaciones de peligro y garantizar condiciones de circulación seguras incluso ante fallos técnicos o errores operativos».. Por ello, Aicape reclama analizar qué barreras de seguridad estaban previstas, si llegaron a activarse y por qué pudieron resultar insuficientes. La asociación advierte de que atribuir el accidente a un error individual sin examinar el conjunto del sistema supondría «renunciar a comprender las posibles deficiencias sistémicas y organizativas que deben ser objeto de análisis».. Una dirección con mayor peso técnico. Aicape advierte de que algunas decisiones ferroviarias, pese a exigir conocimientos especializados, experiencia y continuidad, podrían estar cada vez más condicionadas por criterios políticos. La asociación considera que los puestos directivos de carácter técnico deben recaer en profesionales con formación y conocimiento acreditados del sector.. La dirección política de las administraciones, sostiene, debe distinguirse de las decisiones técnicas. Estas han de quedar en manos de profesionales cualificados, con independencia de criterio, capacidad real para decidir y responsabilidad sobre sus actuaciones. Aicape señala que la condición funcionarial puede ayudar a proteger esa independencia frente a presiones externas.. Por ello, reclama una Administración ferroviaria sólida y profesionalizada, con autoridad técnica, así como una cultura de seguridad centrada en analizar el sistema y no solo en buscar culpables individuales. También pide que las instituciones encargadas de investigar los accidentes sean verdaderamente independientes.. «La seguridad de los ciudadanos exige rigor técnico, independencia y responsabilidad. No puede ser de otra manera», concluye la asociación.
El accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) ha vuelto a poner sobre la mesa el modelo de organización y gestión del ferrocarril en España. La Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape) ha expresado sus condolencias a las víctimas y sus allegados, y ha reclamado que se esclarezcan las circunstancias del siniestro mediante una investigación «rigurosa, objetiva e independiente».. «Es imprescindible esclarecer las circunstancias del accidente, identificar los factores que hayan podido contribuir a él y adoptar las medidas necesarias para evitar que una tragedia de estas características vuelva a producirse», señalan.. La asociación sostiene que la autoridad investigadora, AITAT, debe contar con autonomía, recursos suficientes y libertad para examinar lo ocurrido y emitir recomendaciones. A su juicio, la confianza pública en las conclusiones dependerá de que el proceso se desarrolle con transparencia y esté «exclusivamente guiado por criterios técnicos», sin presiones políticas o administrativas ni interferencias de entidades potencialmente implicadas.. Analizar el sistema, no solo posibles errores individuales. Aicape pide que la investigación examine el funcionamiento del conjunto del sistema ferroviario. Esto incluye la infraestructura, la señalización y los sistemas de protección, además de los procedimientos de circulación, las comunicaciones y la organización del control del tráfico.. La asociación recuerda que un «sistema de seguridad robusto no puede depender de que las personas actúen siempre de manera perfecta, sino que debe ser capaz de detectar situaciones anómalas, impedir que se conviertan en situaciones de peligro y garantizar condiciones de circulación seguras incluso ante fallos técnicos o errores operativos».. Por ello, Aicape reclama analizar qué barreras de seguridad estaban previstas, si llegaron a activarse y por qué pudieron resultar insuficientes. La asociación advierte de que atribuir el accidente a un error individual sin examinar el conjunto del sistema supondría «renunciar a comprender las posibles deficiencias sistémicas y organizativas que deben ser objeto de análisis».. Una dirección con mayor peso técnico. Aicape advierte de que algunas decisiones ferroviarias, pese a exigir conocimientos especializados, experiencia y continuidad, podrían estar cada vez más condicionadas por criterios políticos. La asociación considera que los puestos directivos de carácter técnico deben recaer en profesionales con formación y conocimiento acreditados del sector.. La dirección política de las administraciones, sostiene, debe distinguirse de las decisiones técnicas. Estas han de quedar en manos de profesionales cualificados, con independencia de criterio, capacidad real para decidir y responsabilidad sobre sus actuaciones. Aicape señala que la condición funcionarial puede ayudar a proteger esa independencia frente a presiones externas.. Por ello, reclama una Administración ferroviaria sólida y profesionalizada, con autoridad técnica, así como una cultura de seguridad centrada en analizar el sistema y no solo en buscar culpables individuales. También pide que las instituciones encargadas de investigar los accidentes sean verdaderamente independientes.. «La seguridad de los ciudadanos exige rigor técnico, independencia y responsabilidad. No puede ser de otra manera», concluye la asociación.
