El Gobierno de Pedro Sánchez ha construido su discurso político sobre la defensa del Estado del bienestar y la protección de los más vulnerables. Sin embargo, la realidad social que refleja el Consejo Económico y Social en su Memoria anual presentada ayer desmonta por completo ese relato triunfalista. Tras años de ondear la bandera de los necesitados, de propaganda populista y gasto público récord, España sigue encabezando los índices de desigualdad, pobreza infantil y dificultades de acceso a la vivienda de Europa, con unas cacareadas políticas sociales que han fracasado. Mientras el Gobierno presume de crecimiento económico y creación de empleo, uno de cada cuatro hogares está en riesgo de pobreza o exclusión social. Casi el 40% de las familias no puede afrontar gastos imprevistos y millones de ciudadanos destinan ya el 60% de sus ingresos a vivienda y alimentación. La desconexión entre los discursos oficiales y la vida cotidiana de los españoles resulta cada vez más evidente y vergonzosa. Especialmente grave es el desastre de la vivienda. Bajo el mandato de Sánchez, los precios se han disparado hasta niveles históricos, condenando a los jóvenes a una dependencia permanente de sus padres y expulsando a miles de familias del mercado inmobiliario. El acceso a una vivienda digna ha dejado de ser un derecho real para convertirse en un privilegio. A ello se suma una vivienda social prácticamente inexistente y políticas improvisadas que no han solucionado el problema de la escasez de oferta y la inseguridad jurídica. Tampoco las estrategias contra la pobreza han dado resultados. El propio Consejo reconoce que los planes del Gobierno han sido insuficientes para revertir la desigualdad estructural. La conclusión es clara: más gasto no ha significado más bienestar. España necesita reformas eficaces y responsables, no campañas de imagen ni medidas populistas incapaces de resolver los problemas reales de los ciudadanos.
Casi el 40% de las familias no puede afrontar gastos imprevistos y millones de ciudadanos destinan ya el 60% de sus ingresos a vivienda y alimentación
El Gobierno de Pedro Sánchez ha construido su discurso político sobre la defensa del Estado del bienestar y la protección de los más vulnerables. Sin embargo, la realidad social que refleja el Consejo Económico y Social en su Memoria anual presentada ayer desmonta por completo ese relato triunfalista. Tras años de ondear la bandera de los necesitados, de propaganda populista y gasto público récord, España sigue encabezando los índices de desigualdad, pobreza infantil y dificultades de acceso a la vivienda de Europa, con unas cacareadas políticas sociales que han fracasado. Mientras el Gobierno presume de crecimiento económico y creación de empleo, uno de cada cuatro hogares está en riesgo de pobreza o exclusión social. Casi el 40% de las familias no puede afrontar gastos imprevistos y millones de ciudadanos destinan ya el 60% de sus ingresos a vivienda y alimentación. La desconexión entre los discursos oficiales y la vida cotidiana de los españoles resulta cada vez más evidente y vergonzosa. Especialmente grave es el desastre de la vivienda. Bajo el mandato de Sánchez, los precios se han disparado hasta niveles históricos, condenando a los jóvenes a una dependencia permanente de sus padres y expulsando a miles de familias del mercado inmobiliario. El acceso a una vivienda digna ha dejado de ser un derecho real para convertirse en un privilegio. A ello se suma una vivienda social prácticamente inexistente y políticas improvisadas que no han solucionado el problema de la escasez de oferta y la inseguridad jurídica. Tampoco las estrategias contra la pobreza han dado resultados. El propio Consejo reconoce que los planes del Gobierno han sido insuficientes para revertir la desigualdad estructural. La conclusión es clara: más gasto no ha significado más bienestar. España necesita reformas eficaces y responsables, no campañas de imagen ni medidas populistas incapaces de resolver los problemas reales de los ciudadanos.
