Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia han declarado este derecho laboral como legítimo a la hora de reclamar los pluses salariales que se cobran de manera habitual
El verano se convierte cada año en uno de los momentos más esperados por millones de trabajadores españoles, pero también en una etapa que obliga a las empresas a reorganizar su actividad para adaptarse al periodo vacacional. Los meses de julio y agosto suelen concentrar buena parte de los descansos anuales, aunque julio, por norma general, suele ser un periodo con menor carga laboral en determinados sectores y profesiones, una circunstancia que permite ajustar plantillas, distribuir turnos y planificar sustituciones para mantener la actividad empresarial.En este contexto, según el IV Estudio de los hábitos de consumo de los españoles sobre las vacaciones de verano, elaborado por Oney, casi el 95% de los ciudadanos tiene previsto viajar durante este verano. Para ello, los españoles destinarán un presupuesto medio de 1.389 euros, una cantidad que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior. Además, la estancia media alcanzará los 11 días, dos más que en 2025, y el 97% de los encuestados reconoce que realizará algún gasto extra durante el viaje. Un escenario que refleja que el periodo estival supone un importante desembolso económico para los hogares y que hace especialmente relevante mantener la estabilidad de los ingresos durante las vacaciones.La gestión de las vacaciones dentro de las empresas implica una planificación previa para garantizar que el descanso de los trabajadores sea compatible con las necesidades organizativas. Los empleados tienen derecho a disfrutar de un periodo anual de descanso retribuido, mientras las compañías deben coordinar calendarios, sustituciones y cargas de trabajo. En este contexto, cobra especial importancia una cuestión económica que afecta directamente a las nóminas de miles de trabajadores. La normativa establece que una empresa no puede retirar durante las vacaciones aquellos complementos salariales que el empleado percibe de manera habitual, ya que el descanso no puede convertirse en una reducción de ingresos.La legislación que interviene sobre esta materiaLa legislación laboral española determina que las vacaciones deben disfrutarse con la misma protección económica que el periodo de actividad ordinaria. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a unas vacaciones anuales retribuidas y establece que este descanso no puede sustituirse por una compensación económica, salvo cuando finaliza la relación laboral y existen días pendientes. A esta regulación se suma el Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España, que fija que durante las vacaciones el trabajador debe percibir, al menos, su remuneración normal o media.Además, tanto el TJUE como el Supremo y el TSJ de Andalucía han consolidado el criterio de que el trabajador no puede sufrir una pérdida económica por ejercer su derecho al descanso. En la práctica, esta doctrina implica que las empresas deben mantener durante las vacaciones aquellos comp
El verano se convierte cada año en uno de los momentos más esperados por millones de trabajadores españoles, pero también en una etapa que obliga a las empresas a reorganizar su actividad para adaptarse al periodo vacacional. Los meses de julio y agosto suelen concentrar buena parte de los descansos anuales, aunque julio, por norma general, suele ser un periodo con menor carga laboral en determinados sectores y profesiones, una circunstancia que permite ajustar plantillas, distribuir turnos y planificar sustituciones para mantener la actividad empresarial. En este contexto, según el IV Estudio de los hábitos de consumo de los españoles sobre las vacaciones de verano, elaborado por Oney, casi el 95% de los ciudadanos tiene previsto viajar durante este verano. Para ello, los españoles destinarán un presupuesto medio de 1.389 euros, una cantidad que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior. Además, la estancia media alcanzará los 11 días, dos más que en 2025, y el 97% de los encuestados reconoce que realizará algún gasto extra durante el viaje. Un escenario que refleja que el periodo estival supone un importante desembolso económico para los hogares y que hace especialmente relevante mantener la estabilidad de los ingresos durante las vacaciones. La gestión de las vacaciones dentro de las empresas implica una planificación previa para garantizar que el descanso de los trabajadores sea compatible con las necesidades organizativas. Los empleados tienen derecho a disfrutar de un periodo anual de descanso retribuido, mientras las compañías deben coordinar calendarios, sustituciones y cargas de trabajo. En este contexto, cobra especial importancia una cuestión económica que afecta directamente a las nóminas de miles de trabajadores. La normativa establece que una empresa no puede retirar durante las vacaciones aquellos complementos salariales que el empleado percibe de manera habitual, ya que el descanso no puede convertirse en una reducción de ingresos. La legislación que interviene sobre esta materia La legislación laboral española determina que las vacaciones deben disfrutarse con la misma protección económica que el periodo de actividad ordinaria. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a unas vacaciones anuales retribuidas y establece que este descanso no puede sustituirse por una compensación económica, salvo cuando finaliza la relación laboral y existen días pendientes. A esta regulación se suma el Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España, que fija que durante las vacaciones el trabajador debe percibir, al menos, su remuneración normal o media. Además, tanto el TJUE como el Supremo y el TSJ de Andalucía han consolidado el criterio de que el trabajador no puede sufrir una pérdida económica por ejercer su derecho al descanso. En la práctica, esta doctrina implica que las empresas deben mantener durante las vacaciones aquellos
