El CES afea al Gobierno que sus intentos de reducción de la pobreza no son «suficientes para revertir el problema estructural de la desigualdad». La pobreza energética afecta ya al 16% de la población y los hogares destinan el 60% de sus ingresos a pagar comida y vivienda
En un momento de incertidumbre geopolítica creciente, el empeoramiento de las condiciones de vida, las desigualdades en la distribución de la renta, la persistencia de las diferencias económicas entre hombres y mujeres, el aumento de los precios de la vivienda y la escasez de oferta -que ha disparado la imposibilidad de afrontar la compra-, las desigualdades en el gasto y el impacto del crecimiento de coste de la vida ha llevado a una situación límite a casi el 40% de los hogares, que «es incapaz de afrontar gastos imprevistos, reflejo de situaciones de inseguridad económica que ponen a prueba la resiliencia de los hogares ante futuras crisis».. Así lo confirma el Consejo Económico y Social en su «Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025», en la que se constata que pese al «favorable ciclo económico y de empleo», el crecimiento económico «no está siendo suficientemente inclusivo», ya que la desigualdad estructural ha llevado a que «uno de cada hogares esté en riesgo de pobreza y exclusión social», agravado con las altas tasas de pobreza infantil, que afecta a más de un tercio de los menores de 16 años. Más grave aún es que casi cuatro de cada 10 hogares españoles apenas llega a fin de mes, con el agravante de que la desigualdad patrimonial es muy «acusada y refleja un modelo altamente dependiente de la propiedad de la vivienda».. La Memoria apunta que «España mantiene un diferencial negativo significativo con la media de la UE en protección social, especialmente en funciones como la vivienda, las políticas de apoyo a las familias y la inclusión social», que amenaza la «reorientación de las prioridades de gasto». Por ello, el CES afea al Gobierno que sus intentos de reducción de la pobreza, a través de la «Estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social» o el «Plan nacional de implementación de garantía infantil», no ha resultado «suficiente para revertir el problema estructural de la desigualdad», por lo que reclama «mejorar la eficiencia, la calidad y la equidad de todos los componentes distributivos del Estados social».. Uno de los principales componentes de esta exclusión social es la dificultad de acceso de una vivienda, que ya es el problema principal para el 40% de los hogares, un porcentaje que se dispara en el caso de la población joven, cuya imposibilidad de emanciparse «se ha convertido en un vector de desigualdad creciente», un fenómeno que se ha producido «a pesar de la mejora del empleo, los ingresos medios y las favorables condiciones crediticias», con el volumen de los hogares superando los 19,7 millones, en pleno cambio de distribución geográfica, y con una evolución poblacional caracterizada por el «envejecimiento demográfico, el crecimiento descontrolado de la inmigración y la transformación social».. Destaca el informe que los precios alcanzaron en 2025 una media de 2.230 euros el metro cuadrado para la vivienda libre, con un aumento interanual de más del 13%, y de 1.208 euros en el caso de la vivienda protegida, en un contexto de «escasez de oferta de vivienda nueva», lo que derivado en que las viviendas de segunda mano representan ya el 78% de las operaciones de compraventa.. En el caso del alquiler la situación no es mejor en absoluto. Uno de cada cinco hogares se ha visto forzado a alquilar indefinidamente por su incapacidad de comprar una vivienda y apenas un 3,3% ha podido hacerlo en el parque de vivienda social asequible, un porcentaje «muy por debajo de la UE», apunta el CES, que espera que el nuevo Plan de Vivienda sirva para «proporcionar un verdadero parque publico asequible».. La Memoria también trata la creciente pobreza energética, que alcanza ya al 16% de la población. El CES critica que la aplicación de la «Estrategia nacional de pobreza infantil 2019-2024» ha tenido unos «insuficientes resultados para la población en situación de vulnerabilidad residencial y energética», y espera que la nueva Estrategia 2026-2030 tenga unos mejores resultados».. Por otro lado, el informe destaca que el impacto de la inflación ha disparado el gasto de los hogares desde 2021, sobre todo en el caso de los gastos esenciales que «ha reducido el margen de bienestar» de los hogares españoles. Así, el gasto de los hogares vulnerables está cada vez más cerca del de los hogares de mayor nivel adquisitivo, que ha llevado a que las familias destinan ya el 60% de su presupuesto a vivienda y alimentación, la tasa más alta desde el siglo pasado.
En un momento de incertidumbre geopolítica creciente, el empeoramiento de las condiciones de vida, las desigualdades en la distribución de la renta, la persistencia de las diferencias económicas entre hombres y mujeres, el aumento de los precios de la vivienda y la escasez de oferta -que ha disparado la imposibilidad de afrontar la compra-, las desigualdades en el gasto y el impacto del crecimiento de coste de la vida ha llevado a una situación límite a casi el 40% de los hogares, que «es incapaz de afrontar gastos imprevistos, reflejo de situaciones de inseguridad económica que ponen a prueba la resiliencia de los hogares ante futuras crisis».. Así lo confirma el Consejo Económico y Social en su «Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2025», en la que se constata que pese al «favorable ciclo económico y de empleo», el crecimiento económico «no está siendo suficientemente inclusivo», ya que la desigualdad estructural ha llevado a que «uno de cada cuatro hogares esté en riesgo de pobreza y exclusión social», agravado con las altas tasas de pobreza infantil, que afecta a más de un tercio de los menores de 16 años. Más grave aún es que casi cuatro de cada 10 hogares españoles apenas llega a fin de mes, con el agravante de que la desigualdad patrimonial es muy «acusada y refleja un modelo altamente dependiente de la propiedad de la vivienda».. La Memoria apunta que «España mantiene un diferencial negativo significativo con la media de la UE en protección social, especialmente en funciones como la vivienda, las políticas de apoyo a las familias y la inclusión social», que amenaza la «reorientación de las prioridades de gasto». Por ello, el CES afea al Gobierno que sus intentos de reducción de la pobreza, a través de la «Estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social» o el «Plan nacional de implementación de garantía infantil», no ha resultado «suficiente para revertir el problema estructural de la desigualdad», por lo que reclama «mejorar la eficiencia, la calidad y la equidad de todos los componentes distributivos del Estado social».. Uno de los principales componentes de esta exclusión social es la dificultad de acceso de una vivienda, que ya es el problema principal para el 40% de los hogares, un porcentaje que se dispara en el caso de la población joven, cuya imposibilidad de emanciparse «se ha convertido en un vector de desigualdad creciente», un fenómeno que se ha producido «a pesar de la mejora del empleo, los ingresos medios y las favorables condiciones crediticias», con el volumen de los hogares superando los 19,7 millones, en pleno cambio de distribución geográfica, y con una evolución poblacional caracterizada por el «envejecimiento demográfico, el crecimiento descontrolado de la inmigración y la transformación social».. Destaca el informe que los precios alcanzaron en 2025 una media de 2.230 euros el metro cuadrado para la vivienda libre, con un aumento interanual de más del 13%, y de 1.208 euros en el caso de la vivienda protegida, en un contexto de «escasez de oferta de vivienda nueva», lo que ha derivado en que las viviendas de segunda mano representan ya el 78% de las operaciones de compraventa.. En el caso del alquiler la situación no es mejor en absoluto. Uno de cada cinco hogares se ha visto forzado a alquilar indefinidamente por su incapacidad de comprar una vivienda y apenas un 3,3% ha podido hacerlo en el parque de vivienda social asequible, un porcentaje «muy por debajo de la UE», apunta el CES, que espera que el nuevo Plan de Vivienda sirva para «proporcionar un verdadero parque público asequible».. La Memoria también trata la creciente pobreza energética, que alcanza ya al 16% de la población. El CES critica que la aplicación de la «Estrategia nacional de pobreza infantil 2019-2024» ha tenido unos «insuficientes resultados para la población en situación de vulnerabilidad residencial y energética», y espera que la nueva Estrategia 2026-2030 tenga unos mejores resultados».. Por otro lado, el informe destaca que el impacto de la inflación ha disparado el gasto de los hogares desde 2021, sobre todo en el caso de los gastos esenciales que «ha reducido el margen de bienestar» de los hogares españoles. Así, el gasto de los hogares vulnerables está cada vez más cerca del de los hogares de mayor nivel adquisitivo, que ha llevado a que las familias destinen ya el 60% de su presupuesto a vivienda y alimentación, la tasa más alta desde el siglo pasado.
