La imparable digitalización de la Administración Pública abre oportunidades para mejorar la eficiencia, pero también plantea interrogantes y serias amenazas si no se respetan los límites del Estado de derecho. La reciente denuncia de la Asociación Española de Asesores Fiscales sobre el uso de programas informáticos por parte de la Agencia Tributaria para rastrear la vida privada de los contribuyentes en redes sociales merece una reflexión profunda. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de vulneración de principios fundamentales como la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica si no se hace bajo mandato legal. La posibilidad de que Hacienda monitorice publicaciones en plataformas como Instagram o espacios más sensibles como OnlyFans sin la apertura previa de una inspección formal, resulta cuando menos inquietante. Convertir las redes sociales en una herramienta de vigilancia fiscal generalizada puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad recogido en la Constitución. Más aún, introduce un peligroso precedente al introducir la sospecha en un procedimiento que debe ser garantista. A este problema se suma otro no menos importante denunciado por los asesores fiscales: la falta de actualización del IRPF frente a la inflación. No deflactar los tramos implica, en la práctica, una subida encubierta de impuestos. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, mantener tarifas desfasadas contradice el principio de capacidad económica y erosiona la confianza en el sistema fiscal. Si a esto se suma el automatismo sancionador que rige en muchas actuaciones, lo que queda completamente en entredicho es la presunción de inocencia del contribuyente, obligado a demostrar su buena fe ante normas complejas y a veces contradictorias, que desvirtúa el equilibrio que debe existir entre Administración y ciudadano. La modernización fiscal no puede construirse a costa de derechos fundamentales.
La reciente denuncia de la Asociación Española de Asesores Fiscales sobre el uso de programas informáticos por parte de la Agencia Tributaria para rastrear la vida privada de los contribuyentes en redes sociales merece una reflexión profunda
La imparable digitalización de la Administración Pública abre oportunidades para mejorar la eficiencia, pero también plantea interrogantes y serias amenazas si no se respetan los límites del Estado de derecho. La reciente denuncia de la Asociación Española de Asesores Fiscales sobre el uso de programas informáticos por parte de la Agencia Tributaria para rastrear la vida privada de los contribuyentes en redes sociales merece una reflexión profunda. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de vulneración de principios fundamentales como la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica si no se hace bajo mandato legal. La posibilidad de que Hacienda monitorice publicaciones en plataformas como Instagram o espacios más sensibles como OnlyFans sin la apertura previa de una inspección formal, resulta cuando menos inquietante. Convertir las redes sociales en una herramienta de vigilancia fiscal generalizada puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad recogido en la Constitución. Más aún, introduce un peligroso precedente al introducir la sospecha en un procedimiento que debe ser garantista. A este problema se suma otro no menos importante denunciado por los asesores fiscales: la falta de actualización del IRPF frente a la inflación. No deflactar los tramos implica, en la práctica, una subida encubierta de impuestos. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, mantener tarifas desfasadas contradice el principio de capacidad económica y erosiona la confianza en el sistema fiscal. Si a esto se suma el automatismo sancionador que rige en muchas actuaciones, lo que queda completamente en entredicho es la presunción de inocencia del contribuyente, obligado a demostrar su buena fe ante normas complejas y a veces contradictorias, que desvirtúa el equilibrio que debe existir entre Administración y ciudadano. La modernización fiscal no puede construirse a costa de derechos fundamentales.
