De los tres poderes independientes –ejecutivo, legislativo y judicial– que representan el fundamento de una democracia parlamentaria occidental, en España el legislativo está de vacaciones oficialmente desde hoy 1º de julio. Por su parte, el poder ejecutivo está virtualmente «okupado» por una coalición política autodenominada «progresista», que carece en toda la legislatura de Presupuestos y de capacidad absoluta de legislar, limitándose a que vaya pasando el tiempo. Quizás esperando a la legalización de hijos, nietos y tal vez también de bisnietos de exiliados por la guerra civil y «represaliados del franquismo por motivos políticos e ideológicos, e incluso por homosexualidad». Y en cifras que se estiman incluso en más de 2 millones de personas, suficientes para cambiar de manera significativa el CERA, el Censo de Españoles Residentes Ausentes, constituyendo un auténtico «fraude de Estado» electoral. Que, de materializarse, supondría un cambio de la sociedad española con derecho a voto durante largo tiempo. El otro poder es el judicial, que constituye en estos momentos el baluarte que garantiza el funcionamiento de un auténtico Estado de Derecho. Ante los ataques que contra su independencia, libertad, dignidad y neutralidad política reciben quienes encarnan esos valores y principios, en su actuación jurisdiccional diariamente. El único límite efectivo para impedir que España se transforme de una democracia en una virtual «autocracia» es precisamente el poder judicial. Por lo que es muy importante impedir medidas como algunas que se están promoviendo desde Moncloa por medio del «triministro» de Justicia que pretenden facilitar el acceso de centenares de personas a las carreras judicial y fiscal, sin pasar por las preceptivas oposiciones. Es preciso estar muy atentos a los pasos que en esta dirección se están implementando, y es un signo muy esperanzador en este contexto las informaciones que apuntarían a una eventual intervención del Tribunal Supremo oponiéndose a las medidas vinculadas a la manipulación del CERA. Por su colisión con la política migratoria de la UE y que convierte al espacio Schengen de libertad de circulación en su seno en un virtual espacio de acceso libre a multitud de inmigrantes ilegales. En el interregno, es obligado volver la mirada nuevamente a Venezuela, devastada en La Guaira por los dos movimientos sísmicos del pasado miércoles 24 de junio, cuyas dramáticas consecuencias se van conociendo cada día con más precisión. Las víctimas mortales reconocidas ya se acercan a las dos mil, pero con más de 5.000 heridos y muchos más desaparecidos; dado el tiempo transcurrido, lo previsible es que la cifra final sea bastante mayor. La solidaridad internacional merece ser reconocida, con España incluida, y destacando la ejemplar actuación de la UME en el rescate todavía de víctimas supervivientes.
Es un signo muy esperanzador las informaciones que apuntarían a una eventual intervención del Tribunal Supremo oponiéndose a las medidas vinculadas a la manipulación del CERA
De los tres poderes independientes –ejecutivo, legislativo y judicial– que representan el fundamento de una democracia parlamentaria occidental, en España el legislativo está de vacaciones oficialmente desde hoy 1º de julio. Por su parte, el poder ejecutivo está virtualmente «okupado» por una coalición política autodenominada «progresista», que carece en toda la legislatura de Presupuestos y de capacidad absoluta de legislar, limitándose a que vaya pasando el tiempo. Quizás esperando a la legalización de hijos, nietos y tal vez también de bisnietos de exiliados por la guerra civil y «represaliados del franquismo por motivos políticos e ideológicos, e incluso por homosexualidad». Y en cifras que se estiman incluso en más de 2 millones de personas, suficientes para cambiar de manera significativa el CERA, el Censo de Españoles Residentes Ausentes, constituyendo un auténtico «fraude de Estado» electoral. Que, de materializarse, supondría un cambio de la sociedad española con derecho a voto durante largo tiempo. El otro poder es el judicial, que constituye en estos momentos el baluarte que garantiza el funcionamiento de un auténtico Estado de Derecho. Ante los ataques que contra su independencia, libertad, dignidad y neutralidad política reciben quienes encarnan esos valores y principios, en su actuación jurisdiccional diariamente. El único límite efectivo para impedir que España se transforme de una democracia en una virtual «autocracia» es precisamente el poder judicial. Por lo que es muy importante impedir medidas como algunas que se están promoviendo desde Moncloa por medio del «triministro» de Justicia que pretenden facilitar el acceso de centenares de personas a las carreras judicial y fiscal, sin pasar por las preceptivas oposiciones. Es preciso estar muy atentos a los pasos que en esta dirección se están implementando, y es un signo muy esperanzador en este contexto las informaciones que apuntarían a una eventual intervención del Tribunal Supremo oponiéndose a las medidas vinculadas a la manipulación del CERA. Por su colisión con la política migratoria de la UE y que convierte al espacio Schengen de libertad de circulación en su seno en un virtual espacio de acceso libre a multitud de inmigrantes ilegales. En el interregno, es obligado volver la mirada nuevamente a Venezuela, devastada en La Guaira por los dos movimientos sísmicos del pasado miércoles 24 de junio, cuyas dramáticas consecuencias se van conociendo cada día con más precisión. Las víctimas mortales reconocidas ya se acercan a las dos mil, pero con más de 5.000 heridos y muchos más desaparecidos; dado el tiempo transcurrido, lo previsible es que la cifra final sea bastante mayor. La solidaridad internacional merece ser reconocida, con España incluida, y destacando la ejemplar actuación de la UME en el rescate todavía de víctimas supervivientes.
