El deterioro ha sido el hilo conductor de los últimos años en España: del debate público, de la confianza, de las formas y del sentido de la responsabilidad. Hemos aceptado como inevitables comportamientos que antes habrían exigido explicaciones, rectificaciones o dimisiones. Lo grave no es solo que se hayan rebajado los estándares, sino que se pretenda que nos acostumbremos a vivir por debajo de ellos. Una democracia se desgasta también cuando las palabras pierden su significado. Cuando negociar significa conceder cualquier cosa para permanecer; cuando discrepar convierte al adversario en enemigo; cuando controlar al Gobierno se presenta como deslealtad y la independencia de una institución se juzga por la utilidad de sus decisiones. La degradación empieza cuando el límite se convierte en estorbo y el abuso encuentra siempre una excusa. Sería un error, sin embargo, confundir este deterioro con una debilidad estructural. España tiene instituciones sólidas, profesionales preparados y una sociedad con recursos para corregir el rumbo. Allí donde alguien pretende obediencia, todavía aparecen funcionarios que cumplen la ley, jueces que ejercen su independencia y ciudadanos que reclaman explicaciones. Esa resistencia merece reconocimiento y protección. No hace falta una refundación nacional. Disponemos de una Constitución democrática, un marco europeo y un Estado capaz de funcionar. Lo que España necesita es aire: que sus instituciones puedan ejercer las funciones que justifican su existencia, también cuando incomodan. Dejarlas respirar significa no tratarlas como prolongaciones del partido, aceptar controles y comprender que una mayoría parlamentaria no convierte en legítima cualquier decisión. Significa nombramientos pactados y no repartidos, comparecencias que no se eluden e informes que no se ignoran. Quien gobierna administra temporalmente una responsabilidad; no adquiere la propiedad del Estado. Las instituciones pertenecen a todos, especialmente cuando dicen que no a quien manda. Responder por las decisiones propias y por sus consecuencias es la verdadera responsabilidad. No puede consistir todo en atribuir los errores al pasado, a los jueces, a los medios o a la oposición. Gobernar exige elegir y explicar, rectificar cuando corresponde y asumir consecuencias cuando se ha fallado. Una democracia pierde calidad cuando nadie responde de nada y todos reclaman reconocimiento por todo. La moderación es igualmente necesaria, y obliga a todos. Supone defender convicciones con firmeza y reconocer la legitimidad de quien sostiene otras; medir las palabras, respetar los procedimientos y preservar espacios de acuerdo. Ningún partido tiene el monopolio de la virtud ni del exceso, y quien aspire a gobernar debe demostrar que respetará mañana los límites que hoy reclama. Hay una diferencia decisiva entre combatir una propuesta y destruir a quien la formula. La firmeza necesita razones; el sectarismo se conforma con etiquetas. Esta tarea exige además una ciudadanía crítica, que contraste lo que escucha y penalice el engaño también cuando procede de los suyos. La indulgencia partidista es la mejor protección del deterioro. Cuando perdonamos a los afines lo que condenamos en los demás, entregamos nuestra libertad de juicio. Votar no es firmar un cheque en blanco: es conceder un mandato que debe revisarse cada día con la exigencia de quien lo otorga. Revertir esta situación está a nuestro alcance. Exige elevar la exigencia, recuperar la responsabilidad y practicar la moderación. Sobre todo, exige abandonar la resignación. España conserva fuerzas suficientes para mejorar, pero no lo hará sola: cada abuso tolerado facilita el siguiente, y cada límite defendido le devuelve un poco del aire que necesita.
La indulgencia partidista es la mejor protección del deterioro
El deterioro ha sido el hilo conductor de los últimos años en España: del debate público, de la confianza, de las formas y del sentido de la responsabilidad. Hemos aceptado como inevitables comportamientos que antes habrían exigido explicaciones, rectificaciones o dimisiones. Lo grave no es solo que se hayan rebajado los estándares, sino que se pretenda que nos acostumbremos a vivir por debajo de ellos. Una democracia se desgasta también cuando las palabras pierden su significado. Cuando negociar significa conceder cualquier cosa para permanecer; cuando discrepar convierte al adversario en enemigo; cuando controlar al Gobierno se presenta como deslealtad y la independencia de una institución se juzga por la utilidad de sus decisiones. La degradación empieza cuando el límite se convierte en estorbo y el abuso encuentra siempre una excusa. Sería un error, sin embargo, confundir este deterioro con una debilidad estructural. España tiene instituciones sólidas, profesionales preparados y una sociedad con recursos para corregir el rumbo. Allí donde alguien pretende obediencia, todavía aparecen funcionarios que cumplen la ley, jueces que ejercen su independencia y ciudadanos que reclaman explicaciones. Esa resistencia merece reconocimiento y protección. No hace falta una refundación nacional. Disponemos de una Constitución democrática, un marco europeo y un Estado capaz de funcionar. Lo que España necesita es aire: que sus instituciones puedan ejercer las funciones que justifican su existencia, también cuando incomodan. Dejarlas respirar significa no tratarlas como prolongaciones del partido, aceptar controles y comprender que una mayoría parlamentaria no convierte en legítima cualquier decisión. Significa nombramientos pactados y no repartidos, comparecencias que no se eluden e informes que no se ignoran. Quien gobierna administra temporalmente una responsabilidad; no adquiere la propiedad del Estado. Las instituciones pertenecen a todos, especialmente cuando dicen que no a quien manda. Responder por las decisiones propias y por sus consecuencias es la verdadera responsabilidad. No puede consistir todo en atribuir los errores al pasado, a los jueces, a los medios o a la oposición. Gobernar exige elegir y explicar, rectificar cuando corresponde y asumir consecuencias cuando se ha fallado. Una democracia pierde calidad cuando nadie responde de nada y todos reclaman reconocimiento por todo. La moderación es igualmente necesaria, y obliga a todos. Supone defender convicciones con firmeza y reconocer la legitimidad de quien sostiene otras; medir las palabras, respetar los procedimientos y preservar espacios de acuerdo. Ningún partido tiene el monopolio de la virtud ni del exceso, y quien aspire a gobernar debe demostrar que respetará mañana los límites que hoy reclama. Hay una diferencia decisiva entre combatir una propuesta y destruir a quien la formula. La firmeza necesita razones; el sectarismo se conforma con etiquetas. Esta tarea exige además una ciudadanía crítica, que contraste lo que escucha y penalice el engaño también cuando procede de los suyos. La indulgencia partidista es la mejor protección del deterioro. Cuando perdonamos a los afines lo que condenamos en los demás, entregamos nuestra libertad de juicio. Votar no es firmar un cheque en blanco: es conceder un mandato que debe revisarse cada día con la exigencia de quien lo otorga. Revertir esta situación está a nuestro alcance. Exige elevar la exigencia, recuperar la responsabilidad y practicar la moderación. Sobre todo, exige abandonar la resignación. España conserva fuerzas suficientes para mejorar, pero no lo hará sola: cada abuso tolerado facilita el siguiente, y cada límite defendido le devuelve un poco del aire que necesita.
