España sigue conmocionada por la tragedia ferroviaria ocurrida en Urda, provincia de Toledo, este miércoles 28 de octubre. Que evoca a otra tragedia desencadenada a partir de esa fecha de hace dos años: la DANA valenciana. Pero con una diferencia esencial entre ambas: que esta última fue una catástrofe natural, mientras la actual es técnica y humana. Que por supuesto exige una investigación técnica rigurosa e independiente, como sin duda lo será la judicial. Que no es lo mismo que lo realizado por el Gobierno, que ha colocado como un virtual «chivo expiatorio» a un empleado del centro de control de Adif en Atocha. Filtrando desde el primer momento una conversación mantenida con la cabina de los maquinistas del AVE, donde informaba erróneamente que reanudaran la marcha y a velocidad normal. Ocasionando un impacto terrible a una velocidad de entre 160 y 200 km/h, con la parte trasera de un Iryo estacionado en la misma vía. En una indigna operación política efectuada con la finalidad de autoexculpar al Gobierno de cualquier responsabilidad política. Resultando incomprensible que el convoy circulara a esa velocidad durante casi 17 minutos, con otro tren parado delante de él. Y sin que un mecanismo de frenado automático actuara o le informara de ello. Ello acredita sobradamente que la causa esencial de lo sucedido ha sido un fallo sistémico de los mecanismos de seguridad, y que ese sistema debía haberse cambiado desde hacía tiempo. Como el ministro Puente había afirmado, se realizaría tiempo atrás, y que no se ha producido todavía. Ese fallo sistémico del mecanismo de seguridad y frenado remite a Adif, que es la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, encargada de gestionar las infraestructuras y el tráfico ferroviario. Ahora está situada en el foco informativo ante su responsabilidad en la seguridad del sistema. Demostrándose que con Óscar Puente se politizó totalmente esa importante entidad, desplazando a numerosos responsables muy cualificados técnicamente para ser sustituidos por personas de directa vinculación sanchista. Y sin competencia en la materia. Ante esta tragedia humana, conviene además no olvidar que el AVE no es solo un tren. Ha sido un auténtico «proyecto de país» desde su inicio con el trayecto Madrid-Sevilla para conmemorar la Expo de 1992. Y que desde entonces ha significado un referente de prestigio para España, situándonos a un espléndido nivel de reputación internacional. Y, por cierto, hoy es el día en que una parte de la actual sociedad celebra Halloween, ignorando su vínculo satánico. Y en la que diversos grupos convocados por las redes tenían previstos altercados callejeros. Con España de luto oficial por esta tragedia, es una radical exigencia que se anule.
Acredita sobradamente que la causa esencial de lo sucedido ha sido un fallo sistémico de los mecanismos de seguridad, y que ese sistema debía haberse cambiado desde hacía tiempo
España sigue conmocionada por la tragedia ferroviaria ocurrida en Urda, provincia de Toledo, este miércoles 28 de octubre. Que evoca a otra tragedia desencadenada a partir de esa fecha de hace dos años: la DANA valenciana. Pero con una diferencia esencial entre ambas: que esta última fue una catástrofe natural, mientras la actual es técnica y humana. Que por supuesto exige una investigación técnica rigurosa e independiente, como sin duda lo será la judicial. Que no es lo mismo que lo realizado por el Gobierno, que ha colocado como un virtual «chivo expiatorio» a un empleado del centro de control de Adif en Atocha. Filtrando desde el primer momento una conversación mantenida con la cabina de los maquinistas del AVE, donde informaba erróneamente que reanudaran la marcha y a velocidad normal. Ocasionando un impacto terrible a una velocidad de entre 160 y 200 km/h, con la parte trasera de un Iryo estacionado en la misma vía. En una indigna operación política efectuada con la finalidad de autoexculpar al Gobierno de cualquier responsabilidad política. Resultando incomprensible que el convoy circulara a esa velocidad durante casi 17 minutos, con otro tren parado delante de él. Y sin que un mecanismo de frenado automático actuara o le informara de ello. Ello acredita sobradamente que la causa esencial de lo sucedido ha sido un fallo sistémico de los mecanismos de seguridad, y que ese sistema debía haberse cambiado desde hacía tiempo. Como el ministro Puente había afirmado, se realizaría tiempo atrás, y que no se ha producido todavía. Ese fallo sistémico del mecanismo de seguridad y frenado remite a Adif, que es la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, encargada de gestionar las infraestructuras y el tráfico ferroviario. Ahora está situada en el foco informativo ante su responsabilidad en la seguridad del sistema. Demostrándose que con Óscar Puente se politizó totalmente esa importante entidad, desplazando a numerosos responsables muy cualificados técnicamente para ser sustituidos por personas de directa vinculación sanchista. Y sin competencia en la materia. Ante esta tragedia humana, conviene además no olvidar que el AVE no es solo un tren. Ha sido un auténtico «proyecto de país» desde su inicio con el trayecto Madrid-Sevilla para conmemorar la Expo de 1992. Y que desde entonces ha significado un referente de prestigio para España, situándonos a un espléndido nivel de reputación internacional. Y, por cierto, hoy es el día en que una parte de la actual sociedad celebra Halloween, ignorando su vínculo satánico. Y en la que diversos grupos convocados por las redes tenían previstos altercados callejeros. Con España de luto oficial por esta tragedia, es una radical exigencia que se anule.
