Una operación policial desmanteló en 2023 una red ilegal que traficaba con animales, sobre todo cachorros de perros y gatos, a los que mantenían en unas infaustas condiciones de vida antes de intentar venderlos y lograr así el máximo beneficio de su negocio. Concluida la instrucción judicial, la Fiscalía ha decidido solicitar para seis integrantes del grupo entre 5 y 17,5 años de prisión acusados de formar un grupo criminal, maltratar a animales, falsear documentación y acabar estafando a clientes, a quienes en múltiples ocasiones entregaron animales enfermos que en algunos casos llegaban a morir días después. Una maraña de sociedades servían para vehicular ese negocio que permitió a sus cabecillas subirse a un lujoso tren de vida: sus beneficios les permitió adquirir inmuebles (uno en Dubai), conducir un Ferrari o un Maserati o lucir relojes Rolex.. Seguir leyendo
Una operación policial desmanteló en 2023 una red ilegal que traficaba con animales, sobre todo cachorros de perros y gatos, a los que mantenían en unas infaustas condiciones de vida antes de intentar venderlos y lograr así el máximo beneficio de su negocio. Concluida la instrucción judicial, la Fiscalía ha decidido solicitar para seis integrantes del grupo entre 5 y 17,5 años de prisión acusados de formar un grupo criminal, maltratar a animales, falsear documentación y acabar estafando a clientes, a quienes en múltiples ocasiones entregaron animales enfermos que en algunos casos llegaban a morir días después. Una maraña de sociedades servían para vehicular ese negocio que permitió a sus cabecillas subirse a un lujoso tren de vida: sus beneficios les permitió adquirir inmuebles (uno en Dubai), conducir un Ferrari o un Maserati o lucir relojes Rolex.. En su escrito de acusación, la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Barcelona recoge los testimonios de 35 personas que, entre 2018 y 2023, fueron víctimas del negocio ilícito que había montado el grupo, que actuaba con diferentes tiendas de venta de mascotas, criaderos y un centro veterinario, además de importar cachorros de países del Este a una corta edad pese a que la normativa lo prohíbe. Uno de ellos relata la adquisición por parte de una mujer de un cachorro de la raza Jack Russell el 26 de enero de 2020 por el que pagó 786 euros y que acabó falleciendo tres días después aquejado de coronavirus y parvovirosis, falto de vacunación. Otra clienta se hizo con un Border Collie por 968 euros al que tuvo que sacrificar dos meses después tras invertir de forma infructuosa otros 3.979 euros en la clínica veterinaria del mismo grupo, sin haber podido recuperar ni un euro del engaño.. Dos relatos más, enlazados, rayan el esperpento: la compra de un bulldog francés color crema por 1.210 euros. La dependienta del comercio, llamado Bitxets, le explicó a su clienta que tenía tres meses de vida y no cinco como acreditaba la documentación porque se modificaba la edad para sortear la legislación que permite la entrada de los animales para comercialización en España. En todo caso, un día después el perro empezó a sufrir vómitos y tos seca, por lo que le aconsejaron que lo llevara a Vetpro, la clínica veterinaria de la trama, aunque fue finalmente la dependienta quien se hizo cargo del cachorro. A los 14 días, la dueña volvió al establecimiento para recoger al animal, pero la empleada rechazó la entrega, incluso cuando la propietaria regresó acompañada de la policía. ¿Por qué? Porque no podía. El mismo cachorro había sido vendido ya a otro hombre, que pagó por él 1.000 euros y que tuvo que llevarlo a una clínica veterinaria por su cuenta primero y luego a Vetpro para que se ocuparan del bulto sublingual y las deposiciones de sangre que sufría. Cuando regresó al centro para recuperar aquel especial especimen, la clínica ya estaba cerrada: la Guardia Urbana de Barcelona la había clausurado en el marco de una operación conjunta con Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y la Guardia Civil. Después se sabría que no se trataba de un bulldog sino de un perro mestizo.. La Fiscalía concluye que el único objetivo de la trama en su negocio de importación, cría, custodia y venta de animales tenía como objetivo “la obtención de beneficio económico mediante la reducción sistemática de costes a costa del bienestar animal”. Y toda la estructura estaba montada con ese fin: las sucesivas sociedades que se utilizaban, las personas interpuestas en los negocios, los circuitos de aprovisionamiento, la logística. Los dos cabecillas de la trama, A. E. A. P. (para quien piden 17,5 años de prisión) y C. P. B. (14,5 años), además de encargarse de todo el carajal societario se atribuían funciones veterinarias como la pautación de vacunas, la administración de medicamentos o la implantación de microchips, además de la adopción de otras decisiones clínicas. N. V. A. (9,5 años) se encargaba de la tienda Bitxets y de la venta de las mascotas que allí se producía, mientras que R. D. L. R. (pareja de A. E. A. P. y en cuyo domicilio se encontraron dos pistolas pese a no tener licencia, por lo que también le piden 17,5 años) tenía funciones de organización administrativa y control documental, incluida la regularización de la documentación de los animales. Incluso una veterinaria que consta también como acusada, M. L. F., y que se enfrenta a 9,5 años, tras firmar documentación que dejaba en blanco para que posteriormente se cumplimentara bajo los criterios que consideraran necesarios su socios. Como facultativa, la Fiscalía la responsabiliza de “la inobservancia grave de las normas de cuidado, control sanitario y bienestar animal”, después de pautar medicamentos telefónicamente sin ni tan solo explorar a los animales. E. P. D. R., primo del líder del grupo, se encargaba de las funciones más societarias y de inversiones, por lo que está acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que se arriesga a pasar 5 años en la cárcel.. Las instalaciones en las que operaba el grupo contaban con “graves deficiencias higiénico-sanitarias”. La propia veterinaria las había calificado en algún momento, recoge el escrito del ministerio fiscal, como “un desastre”, lo que alimentaba la aparición de infecciones graves en los animales. Adquirían cachorros en el extranjero para aprovechar su bajo precio y se trasladaban en condiciones “deficientes”, en viajes en vehículos no acondicionados (uno con matrícula eslovaca llevaba a 71 animales) que superaban las 20 horas de carretera. Tras la denuncia de una potencial cliente, un equipo de Protección de Animales del Ayuntamiento de Barcelona se adentró en el establecimiento y tras observar las desastrosas condiciones, vieron que todos los animales eran de importación y que tenían una edad inferior a la preceptiva (15 semanas de vida) para su comercialización. Fueron decomisados 35 (de 42) animales que contaban con problemas de salud y no habían sido diagnosticados pese a que tendían que estar en una clínica veterinaria.. En la intervención en un centro que se utilizaba como lugar de cría, llamado B Huella, los investigadores se encontraron un suelo repleto de orines y heces, no había ventilación y la iluminación era deficiente. En otro espacio intervenido se encontró una perra con una vieja fractura de tibia por lo que tuvo que ser amputada. Una veterinaria acreditó que se utilizaba como centro de cría de perros y gatos sin autorización y que “mútiples” hembras sufrían patologías vinculadas con prácticas de cría intensiva “consistentes en la realización de montas y gestaciones continuadas sin respetar los periodos de descanso fisiológico”. En otro, un perro de seis meses de edad no se levantaba de la parte posterior a causa de las condiciones de hacinamiento en las que vivió durante cuatro meses, que no le permitían apenas moverse.. Además de las penas de prisión y multas por el intrusismo profesional que cometieron algunos de los acusados al asumir funciones veterinarias, la Fiscalía reclama que los clientes que constan en la causa recuperen el dinero que pagaron por los animales y que los acusados devuelvan los más de 287.000 euros que diversos ayuntamientos y entidades animalistas tuvieron que sufragar para los gastos de manutención y atención veterinaria de los animales intervenidos en la operación.
Los seis miembros acusados de la trama, desmantelada en una operación policial conjunta en 2023, afrontan las acusaciones por pertenencia a grupo criminal, maltrato animal y estafa
