Los empresarios madrileños advierten de que prescindir de la nuclear incrementaría la dependencia energética exterior hasta niveles cercanos al 82 %, devolviendo a España a cifras de hace quince años
Los empresarios madrileños han cargado contra el Gobierno central por «no haber asumido responsabilidades ni haber dado explicaciones técnicas claras ni completas» un año después del apagón, y que «se siga sin saber en profundidad qué fallo, qué decisiones llevaron a esa situación y quién asume responsabilidades por ello». Además, critica que se quiera seguir adelante con una política energética «obsoleta, basada en criterios ideológicos». Así lo ha manifestado el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, que ha criticado con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque ha hecho caso omiso a que «el apagón es una advertencia clara sobre los límites del modelo actual. Lo ha ignorado, al contrario de lo que está ocurriendo en la Unión Europea».. En este sentido, ha recalcado que cerrar centrales nucleares es «temerario» y «agrava el problema de garantía de suministro, como ha indicado recientemente el Parlamento Europeo». «España necesita un mix energético realista, estable y tecnológicamente neutral que esté basado en criterios técnicos y no ideológicos». Por eso los empresarios de Madrid creen que es «inviable» que el Gobierno continúe con una hoja de ruta que» debilita aún más la estabilidad del sistema», con decisiones como el cierre programado de centrales nucleares.. La primera en el calendario es la de Almaraz, en 2027, cuyo aporte al suministro energético de la Comunidad de Madrid supone el 15% del suministro de la Comunidad de Madrid, por lo que Garrido advierte de que «cerrarla después del apagón es una temeridad. Supone eliminar una de las columnas vertebrales de la red, aumentar el riesgo de nuevos cortes de suministro y encarecer la energía para empresas y hogares». Por tanto, prescindir de la nuclear incrementaría la dependencia energética exterior hasta niveles cercanos al 82 %, «devolviendo a España a cifras de hace quince años y alejándola de los estándares de seguridad energética que están adoptando los principales países europeos».. Con este contexto, CEIM defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible, pero apuesta por hacerlo de una forma responsable y planificada, sin poner en riesgo la seguridad del suministro, que repercute directamente en la inversión, el empleo y la competitividad de las empresas. «Madrid y España necesitan un mix energético realista, estable y tecnológicamente neutral, basado en criterios técnicos y no ideológicos. España no puede permitirse otro apagón».. La Confederación Empresarial ha subrayado que las consecuencias económicas del gran apagón fueron inmediatas, ya que supuso paradas de producción, pérdidas económicas directas y un gran impacto negativo en la imagen de España a nivel internacional. Solo en el sector industrial, una hora de interrupción eléctrica puede costar a una planta electrointensiva más de un millón de euros, lo que refuerza que «el debate energético no puede ser ideológico», sino «una cuestión de competitividad, empleo e inversión. Cuando falla la electricidad, se detiene la economía y, un año después, seguimos sin saber en profundidad qué fallo, qué decisiones llevaron a esa situación y quién asume responsabilidades por ello».
Los empresarios madrileños han cargado contra el Gobierno central por «no haber asumido responsabilidades ni haber dado explicaciones técnicas claras ni completas» un año después del apagón, y que «se siga sin saber en profundidad qué fallo, qué decisiones llevaron a esa situación y quién asume responsabilidades por ello». Además, critica que se quiera seguir adelante con una política energética «obsoleta, basada en criterios ideológicos». Así lo ha manifestado el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, que ha criticado con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque ha hecho caso omiso a que «el apagón es una advertencia clara sobre los límites del modelo actual. Lo ha ignorado, al contrario de lo que está ocurriendo en la Unión Europea».. En este sentido, ha recalcado que cerrar centrales nucleares es «temerario» y «agrava el problema de garantía de suministro, como ha indicado recientemente el Parlamento Europeo». «España necesita un mix energético realista, estable y tecnológicamente neutral que esté basado en criterios técnicos y no ideológicos». Por eso los empresarios de Madrid creen que es «inviable» que el Gobierno continúe con una hoja de ruta que» debilita aún más la estabilidad del sistema», con decisiones como el cierre programado de centrales nucleares.. La primera en el calendario es la de Almaraz, en 2027, cuyo aporte al suministro energético de la Comunidad de Madrid supone el 15% del suministro de la Comunidad de Madrid, por lo que Garrido advierte de que «cerrarla después del apagón es una temeridad. Supone eliminar una de las columnas vertebrales de la red, aumentar el riesgo de nuevos cortes de suministro y encarecer la energía para empresas y hogares». Por tanto, prescindir de la nuclear incrementaría la dependencia energética exterior hasta niveles cercanos al 82 %, «devolviendo a España a cifras de hace quince años y alejándola de los estándares de seguridad energética que están adoptando los principales países europeos».. Con este contexto, CEIM defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible, pero apuesta por hacerlo de una forma responsable y planificada, sin poner en riesgo la seguridad del suministro, que repercute directamente en la inversión, el empleo y la competitividad de las empresas. «Madrid y España necesitan un mix energético realista, estable y tecnológicamente neutral, basado en criterios técnicos y no ideológicos. España no puede permitirse otro apagón».. La Confederación Empresarial ha subrayado que las consecuencias económicas del gran apagón fueron inmediatas, ya que supuso paradas de producción, pérdidas económicas directas y un gran impacto negativo en la imagen de España a nivel internacional. Solo en el sector industrial, una hora de interrupción eléctrica puede costar a una planta electrointensiva más de un millón de euros, lo que refuerza que «el debate energético no puede ser ideológico», sino «una cuestión de competitividad, empleo e inversión. Cuando falla la electricidad, se detiene la economía y, un año después, seguimos sin saber en profundidad qué fallo, qué decisiones llevaron a esa situación y quién asume responsabilidades por ello».
