Alguien puede preguntarse por qué los demás países no hacen como España, cuya asistencia sanitaria es gratuita, universal y cualquiera puede beneficiarse de ella, venga de donde venga. Respuesta: no lo hacen porque es inviable. No solo económicamente. Claro que aquí han convertido la sanidad –y todo lo demás– en reclamo propagandístico, político partidista, que los contribuyentes pagan con un aumento de deuda pública descabellado, que nadie sabe qué consecuencias tendrá cuando todo explote un día. La enorme desigualdad que existe entre los beneficiarios del sistema y los trabajadores que lo sostienen está generando inflación, fuga de capitales, ilegalidad, pobreza y deuda sin freno. La justicia distributiva se «vende» políticamente como un ilusorio «cheque en blanco» en vez de ser un contrato social justo, equilibrado y prudente. Un buen gobernante promete cumplir plazos, no milagros irracionales. Los trabajadores españoles están «condenados» a una explotación inversa que viola el principio rawlsiano de que las cargas deben ser proporcionales a las capacidades de cada cual. En España los trabajadores pagan demasiados impuestos, en un mercado laboral cada vez más difícil, precario y amordazado por leyes absurdas, tontilocas… Mientras, otros viven subsidiados. Casi todos percibimos que esto es una injusticia que genera resentimiento, social e institucional, daña la confianza en el Estado y fomenta los populismos, tanto los que controlan el poder como aquellos que aspiran a tomarlo. Pero los poderosos actuales siguen agitando la propaganda de una «bienpensante» aunque perturbada e imposible «solidaridad universal», que alcance no solo a la sanidad, sino a todo lo demás: renta básica, acceso gratuito a bienes y servicios, abrir las fronteras a todos los pobres del mundo… Y no explican cuál es la factura de todo esto, cuánto cuesta, quién lo paga. Quienes «compran» este mensaje del poder, ¿están dispuestos a pagar ellos, a que sus hijos y nietos sigan costeando el desenfreno dentro de 20, 50 años…? ¿Saben cuánto supone cada familia subsidiada que no se integra ni aporta impuestos…? La compasión por los necesitados de la Tierra es maravillosamente «santa», pero si todos los países hicieran como España, los estados de bienestar reventarían. Como sucede aquí.
«No explican cuál es la factura de todo esto, cuánto cuesta, quién lo paga»
Alguien puede preguntarse por qué los demás países no hacen como España, cuya asistencia sanitaria es gratuita, universal y cualquiera puede beneficiarse de ella, venga de donde venga. Respuesta: no lo hacen porque es inviable. No solo económicamente. Claro que aquí han convertido la sanidad –y todo lo demás– en reclamo propagandístico, político partidista, que los contribuyentes pagan con un aumento de deuda pública descabellado, que nadie sabe qué consecuencias tendrá cuando todo explote un día. La enorme desigualdad que existe entre los beneficiarios del sistema y los trabajadores que lo sostienen está generando inflación, fuga de capitales, ilegalidad, pobreza y deuda sin freno. La justicia distributiva se «vende» políticamente como un ilusorio «cheque en blanco» en vez de ser un contrato social justo, equilibrado y prudente. Un buen gobernante promete cumplir plazos, no milagros irracionales. Los trabajadores españoles están «condenados» a una explotación inversa que viola el principio rawlsiano de que las cargas deben ser proporcionales a las capacidades de cada cual. En España los trabajadores pagan demasiados impuestos, en un mercado laboral cada vez más difícil, precario y amordazado por leyes absurdas, tontilocas… Mientras, otros viven subsidiados. Casi todos percibimos que esto es una injusticia que genera resentimiento, social e institucional, daña la confianza en el Estado y fomenta los populismos, tanto los que controlan el poder como aquellos que aspiran a tomarlo. Pero los poderosos actuales siguen agitando la propaganda de una «bienpensante» aunque perturbada e imposible «solidaridad universal», que alcance no solo a la sanidad, sino a todo lo demás: renta básica, acceso gratuito a bienes y servicios, abrir las fronteras a todos los pobres del mundo… Y no explican cuál es la factura de todo esto, cuánto cuesta, quién lo paga. Quienes «compran» este mensaje del poder, ¿están dispuestos a pagar ellos, a que sus hijos y nietos sigan costeando el desenfreno dentro de 20, 50 años…? ¿Saben cuánto supone cada familia subsidiada que no se integra ni aporta impuestos…? La compasión por los necesitados de la Tierra es maravillosamente «santa», pero si todos los países hicieran como España, los estados de bienestar reventarían. Como sucede aquí.
