En 2012, con una escueta normativa de solo cuatro artículos, nacía la Formación Profesional privada a distancia en Cataluña, marcando el camino del resto de España (la normativa de la Comunidad de Madrid vio la luz en 2018). La región catalana vio nacer esta modalidad y también la ha visto crecer −con sus ventajas y numerosos problemas−, y actualmente aglutina casi la mitad de los estudiantes de esta modalidad de todo el Estado. En 2021, Cataluña hizo un primer intento de regular el sector, pero la normativa fue tumbada por los tribunales tras un recurso presentado por varias empresas. Hace dos años se retomó la iniciativa y la Generalitat rehízo el decreto, que ya salió a exposición pública y logró el aval del Consejo de Educación de Cataluña, pero de momento el Govern no tiene prisas para aprobarlo, esperando la regulación del Gobierno central, de rango superior, cuyos detalles se conocieron este lunes, aunque no estará aprobado previsiblemente hasta finales de año.. Seguir leyendo
Es la comunidad que concentra más alumnos y más quejas por la falta de prácticas o la baja calidad de los estudios. El Govern tiene en suspenso su nuevo decreto a la espera del estatal
En 2012, con una escueta normativa de solo cuatro artículos, nacía la Formación Profesional privada a distancia en Cataluña, marcando el camino del resto de España (la normativa de la Comunidad de Madrid vio la luz en 2018). La región catalana vio nacer esta modalidad y también la ha visto crecer −con sus ventajas y numerosos problemas−, y actualmente aglutina casi la mitad de los estudiantes de esta modalidad de todo el Estado. En 2021, Cataluña hizo un primer intento de regular el sector, pero la normativa fue tumbada por los tribunales tras un recurso presentado por varias empresas. Hace dos años se retomó la iniciativa y la Generalitat rehízo el decreto, que ya salió a exposición pública y logró el aval del Consejo de Educación de Cataluña, pero de momento el Govern no tiene prisas para aprobarlo, esperando la regulación del Gobierno central, de rango superior, cuyos detalles se conocieron este lunes, aunque no estará aprobado previsiblemente hasta finales de año.. Del nuevo decreto estatal destaca medidas como la exigencia de que entre un 15% y un 39% de las clases sean presenciales, fija un máximo de 50 alumnos por profesor y obliga a los centros a garantizar las plazas para realizar prácticas en empresas o instituciones. Asimismo, los centros deberán demostrar cada cuatro años que cumplen estos requisitos y, en caso contrario, la Administración les puede revocar la autorización.. La normativa que había preparado Cataluña, cuyo borrador se publicó en noviembre, contempla una reducción del número máximo de alumnos por profesor de los 90 actuales a los 75, medidas para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los centros, controlar la adecuación del profesorado −en cantidad y titulación adecuada-, y garantizar las prácticas. Pero también regulaba los exámenes, obligando a los centros catalanes a realizar los exámenes en Cataluña (cosa que afecta especialmente al principal centro del Estado, Ilerna, que concentra uno de cada tres alumnos).. Desde su creación, el crecimiento de la FP privada ha sido estratosférico en España. En primer lugar, por el interés que generan en este tipo de estudios, pero también por el déficit de plazas en la enseñanza pública y por los efectos de la pandemia, que catapultó la modalidad a distancia. Así, en el curso 2024-25 ya acumulaba casi 130.000 alumnos (los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación), superando los 110.000 de la privada presencial y acercándose a la mitad de los 290.000 de la pública. De este modo, la FP privada, y en especial la modalidad a distancia, se ha convertido en un caramelo para los inversores y muchos de estos centros han caído en manos de fondos de inversión.. En este tiempo, Cataluña ha sido un polo de atracción, básicamente porque es la única comunidad que permitía a los alumnos matricularse por semestres (en el resto de autonomías va por curso escolar), cosa que ofrecía más flexibilidad a estos estudiantes de perfil tan determinado: normalmente adultos, con trabajo y cargas familiares, con poco tiempo para dedicar a los estudios. Eso explica que miles de estudiantes opten por centros radicados en Cataluña, la comunidad que aglutina casi la mitad (casi 60.000) de alumnos del Estado.. El problema es que el sector creció sin una normativa que la acotara ante posibles excesos. Con el tiempo, estos acabaron apareciendo y los alumnos empezaron a organizarse a través de las redes sociales para denunciar diferentes problemáticas. La principal, la falta de empresas o lugares para realizar las prácticas, ya que el rápido crecimiento de los alumnos en algunos sectores estratégicos −especialmente el sanitario− no ha podido ser absorbido por los centros de salud. A esto se añadían las quejas por la baja calidad de formación que ofrecen estos centros, algo apuntado desde hospitales o incluso desde institutos públicos donde algunos alumnos acaban matriculándose en el módulo de prácticas para aprovechar los convenios de estos centros.. Antes estas deficiencias, los alumnos se han organizado y han presentados quejas ante la inspección educativa, pero también a los organismos de consumo autonómicos o a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En 2024, esta organización recibió 322 denuncias, principalmente por la falta de prácticas o tutorías, financiación abusiva o engañosa o material desactualizado. La OCU ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra ocho centros por malas prácticas.. Otro punto débil del sistema es la evaluación de los alumnos, tanto por los ejercicios prácticos como los exámenes. En cuanto a los primeros, en los chats de los alumnos circulan las pruebas, que cuentan en la nota final, ya corregidas. La concepción de los exámenes finales también debilita la vigilancia por parte de los profesores, ya que los centros de FP tienen una sede física, pero alumnos de todos los territorios, así que cuando deben realizar presencialmente los exámenes se alquilan espacios, incluso hoteles, para albergar a decenas y decenas de alumnos. Los docentes admiten que estas circunstancias (resolviendo dudas de materias que no son la suya, haciendo varias tareas a la vez…) allanan el camino a que los alumnos copien durante las pruebas.. Con este panorama, instituciones públicas y sindicatos se muestran preocupados por la supuesta “competencia desleal” de estos alumnos, ya que algunos acaban accediendo a la universidad con una elevada nota, obtenida con ejercicios copiados y profesores que inflan calificaciones, por delante de otros, posiblemente mejor preparados, pero de centros presenciales más rigurosos. También les preocupa el nivel formativo que acaban teniendo los futuros empleados, por ejemplo, de la sanidad; incluso algunos alumnos llegan a admitir la falta de conocimientos cuando se enfrentan al día a día de un trabajo.. Mención aparte también merecen los profesores de esta modalidad. Muchos de ellos denuncian el elevado número de alumnos que tienen a su cargo, lo que impide atenderlos bien o corregir sus trabajos adecuadamente. Pero también se quejan de algunas prácticas inadecuadas en sus contrataciones. De hecho, algunos grandes centros iniciaron el año pasado una gran regularización de sus docentes, tras la intervención de la Inspección de Trabajo. Actualmente no hay un convenio específico para la educación a distancia y muchos de estos docentes se rigen por el convenio de enseñanza privada, aunque algunas empresas los han tenido bajo el paraguas de otros convenios, como el de marketing y consultoría.. Con esta amalgama de problemas, la Generalitat catalana hace años que intentó regular el sector con una orden en 2021, que fue anulada en 2023 por defecto de forma por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras un recurso de Ilerna, la principal empresa del sector, junto con otros centros menores. El Govern decidió rehacer el camino y redactar un nuevo decreto, pero ha decidido frenar su tramitación en el momento que entró en juego la normativa estatal. De hecho, con toda probabilidad Cataluña deberá rehacer el texto para no entrar en incompatibilidades y evitar nuevos recursos por parte de las empresas.
