No hay una sentencia que declare ilegal el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ni existe una resolución judicial que invalide el conjunto de los rescates aprobados durante la pandemia. Sin embargo, políticamente ya se ha producido un hecho de enorme trascendencia: la presunción de imparcialidad con la que nació el mayor programa de ayudas públicas de la historia reciente ha empezado a erosionarse. El problema ya no es Plus Ultra. Tampoco Air Europa. Ni las empresas cuyos expedientes aparecen citados en procedimientos judiciales. El verdadero problema es que cada nueva investigación proyecta una sombra sobre un mecanismo que movilizó miles de millones de euros y que fue presentado por el Gobierno como una decisión exclusivamente técnica, guiada por criterios económicos y de interés general. Las instituciones viven de la legalidad y de la confianza. Y esa confianza se sostiene sobre una idea esencial: que el dinero público se administra con independencia de cualquier influencia política o de intereses particulares. Cuando esa convicción se debilita, como ha ocurrido con la gestión socialista, el daño trasciende a los Gobiernos de turno y alcanza al propio Estado. Así ha ocurrido con los rescates de la SEPI. La sucesión de investigaciones judiciales, la aparición de responsables públicos en sumarios y las referencias cruzadas entre distintos procedimientos no significan, por sí mismas, que todas las ayudas fueran irregulares. Jurídicamente sería un salto injustificable sostener esto. Pero políticamente sí producen un efecto difícil de revertir porque han consolidado la duda sobre la neutralidad de todo el procedimiento. La consecuencia es especialmente delicada porque el FASEE nació para responder a una emergencia nacional. Durante la pandemia, el Estado asumió un papel extraordinario como salvador de empresas consideradas estratégicas y aquella excepcionalidad exigía una confianza también extraordinaria en la limpieza de las decisiones adoptadas. Si años después esos expedientes acaban bajo el foco judicial, la pregunta deja de referirse únicamente a una empresa concreta y pasa a cuestionar el sistema en su conjunto. Las investigaciones serán las que determinen las responsabilidades individuales, si las hubiera. Pero el desgaste institucional ya se ha producido. La risa de Pedro Sánchez en el Congreso quizás tenía algo que ver con el hecho de que cada nuevo sumario alimenta la percepción de que el mayor programa de rescates empresariales de la democracia española no estuvo aislado de las redes sistémicas de la corrupción que forman parte de su legado. Para el presidente debe tener su punto, ¿no?
La risa de Pedro Sánchez en el Congreso quizás tenía algo que ver con el hecho de que cada nuevo sumario alimenta la percepción de que el mayor programa de rescates empresariales de la democracia española no estuvo aislado de las redes sistémicas de la corrupción que forman parte de su legado
No hay una sentencia que declare ilegal el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ni existe una resolución judicial que invalide el conjunto de los rescates aprobados durante la pandemia. Sin embargo, políticamente ya se ha producido un hecho de enorme trascendencia: la presunción de imparcialidad con la que nació el mayor programa de ayudas públicas de la historia reciente ha empezado a erosionarse.El problema ya no es Plus Ultra. Tampoco Air Europa. Ni las empresas cuyos expedientes aparecen citados en procedimientos judiciales. El verdadero problema es que cada nueva investigación proyecta una sombra sobre un mecanismo que movilizó miles de millones de euros y que fue presentado por el Gobierno como una decisión exclusivamente técnica, guiada por criterios económicos y de interés general.Las instituciones viven de la legalidad y de la confianza. Y esa confianza se sostiene sobre una idea esencial: que el dinero público se administra con independencia de cualquier influencia política o de intereses particulares. Cuando esa convicción se debilita, como ha ocurrido con la gestión socialista, el daño trasciende a los Gobiernos de turno y alcanza al propio Estado.Así ha ocurrido con los rescates de la SEPI. La sucesión de investigaciones judiciales, la aparición de responsables públicos en sumarios y las referencias cruzadas entre distintos procedimientos no significan, por sí mismas, que todas las ayudas fueran irregulares. Jurídicamente sería un salto injustificable sostener esto. Pero políticamente sí producen un efecto difícil de revertir porque han consolidado la duda sobre la neutralidad de todo el procedimiento.La consecuencia es especialmente delicada porque el FASEE nació para responder a una emergencia nacional. Durante la pandemia, el Estado asumió un papel extraordinario como salvador de empresas consideradas estratégicas y aquella excepcionalidad exigía una confianza también extraordinaria en la limpieza de las decisiones adoptadas. Si años después esos expedientes acaban bajo el foco judicial, la pregunta deja de referirse únicamente a una empresa concreta y pasa a cuestionar el sistema en su conjunto.Las investigaciones serán las que determinen las responsabilidades individuales, si las hubiera. Pero el desgaste institucional ya se ha producido. La risa de Pedro Sánchez en el Congreso quizás tenía algo que ver con el hecho de que cada nuevo sumario alimenta la percepción de que el mayor programa de rescates empresariales de la democracia española no estuvo aislado de las redes sistémicas de la corrupción que forman parte de su legado. Para el presidente debe tener su punto, ¿no?
