La vivienda es un problema que sobrepasa los límites admisibles para una sociedad sana. Y la izquierda, en lugar de ofrecer las soluciones estables y consensuadas que se le presuponen, vuelve a convertir este asunto en un campo de batalla política. El nuevo enfrentamiento entre Sumar y Podemos demuestra que ambas formaciones están más preocupadas por marcar perfil de cara a las próximas elecciones que por sacar adelante una legislación eficaz. La guerra desatada en torno al decreto de vivienda que Sumar asegura haber pactado con el PSOE es el mejor ejemplo. Podemos acusa a Sumar de esconder entre líneas una reforma oculta de la Ley del Suelo, que considera una «línea roja», al entender que favorece espurios intereses urbanísticos y reduce los mecanismos de control sobre futuros proyectos. Y a esta guerra ideológica se suman otros socios de Gobierno y, por supuesto, la oposición. PP, Vox y Junts mantienen igualmente su rechazo, por lo que esta ley llamada a resolver el problema del acceso a la vivienda, está destinada a convertirse en otra víctima más de la fragmentación política. Y, mientras tanto, el ciudadano de a pie, el que sufre en sus carnes y en su bolsillo la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, asiste, una vez más, a un espectáculo desolador. Mientras el precio del alquiler continúa disparado y miles de familias esperan respuestas, los partidos libran una batalla por demostrar quién la tiene más larga y quién logra atraer el ascua a su sardina. La vivienda es una prioridad social, no un instrumento de estrategia electoral. Cuando la política se reduce a una permanente precampaña, los problemas reales quedan relegados a un objetivo político o a la nada. Y el mayor perjudicado, como casi siempre, termina siendo el ciudadano, que esperaba soluciones y solo encuentra nuevas trincheras. La solución no es complicada: menos impuestos, menos burocracia, menos política, menos trabas y más viviendas.
El mayor perjudicado, como casi siempre, termina siendo el ciudadano, que esperaba soluciones y solo encuentra nuevas trincheras
La vivienda es un problema que sobrepasa los límites admisibles para una sociedad sana. Y la izquierda, en lugar de ofrecer las soluciones estables y consensuadas que se le presuponen, vuelve a convertir este asunto en un campo de batalla política. El nuevo enfrentamiento entre Sumar y Podemos demuestra que ambas formaciones están más preocupadas por marcar perfil de cara a las próximas elecciones que por sacar adelante una legislación eficaz. La guerra desatada en torno al decreto de vivienda que Sumar asegura haber pactado con el PSOE es el mejor ejemplo. Podemos acusa a Sumar de esconder entre líneas una reforma oculta de la Ley del Suelo, que considera una «línea roja», al entender que favorece espurios intereses urbanísticos y reduce los mecanismos de control sobre futuros proyectos. Y a esta guerra ideológica se suman otros socios de Gobierno y, por supuesto, la oposición. PP, Vox y Junts mantienen igualmente su rechazo, por lo que esta ley llamada a resolver el problema del acceso a la vivienda, está destinada a convertirse en otra víctima más de la fragmentación política. Y, mientras tanto, el ciudadano de a pie, el que sufre en sus carnes y en su bolsillo la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, asiste, una vez más, a un espectáculo desolador. Mientras el precio del alquiler continúa disparado y miles de familias esperan respuestas, los partidos libran una batalla por demostrar quién la tiene más larga y quién logra atraer el ascua a su sardina. La vivienda es una prioridad social, no un instrumento de estrategia electoral. Cuando la política se reduce a una permanente precampaña, los problemas reales quedan relegados a un objetivo político o a la nada. Y el mayor perjudicado, como casi siempre, termina siendo el ciudadano, que esperaba soluciones y solo encuentra nuevas trincheras. La solución no es complicada: menos impuestos, menos burocracia, menos política, menos trabas y más viviendas.
